La libertad de expresión es un derecho humano fundamental para el desarrollo de toda sociedad verdaderamente democrática; en él deben existir pluralidad y disenso como elementos fundamentales, necesarios para que una democracia sea sana y robusta, y por esto mismo se debe contar con sistemas efectivos de protección y fomento a la libre emisión y circulación de información, ideas y expresiones.
Sin embargo, a pesar de que dicho derecho se encuentra consagrado en el artículo 6º constitucional, el que establece que es inviolable la libertad de expresión y que el derecho a ella no estará sujeto a previa censura sino a responsabilidades posteriores, y comprende la libertad de buscar y difundir información por cualquier medio, en México existen serios obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente en el contexto del ejercicio del periodismo.
De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), para el año 2019 México se ubicaba en el lugar 144 de 180 países en términos de libertad para ejercer el periodismo, en 2020 y 2021 en el lugar 143 y a mayo de 2022 en el lugar 127, pero en todos los años citados, calificado dentro de los países con “situación difícil para la libertad de prensa”.
La libertad de expresión en la época actual es considerada parte de la llamada Cuarta Revolución Industrial, pues su horizonte se amplía ahora que la sociedad mexicana evoluciona de lo analógico a lo digital, de lo local a lo global, de lo mecánico a lo virtual, de lo lento a lo instantáneo, de lo masivo a lo personalizado y se perfecciona ágilmente toda la infraestructura tecnológica de emisión de mensajes, lo que genera alta velocidad a la comunicación masiva, por lo que ésta llega en menor tiempo a mayor número de personas.
Esto último genera sólida opinión pública plural y veraz que permite conocer y discutir todo género de conflictos de la sociedad, algo imposible de hacer si se carece de libertad de expresión o ésta es coartada, se viviría en Estado carente de democracia o que mina sus cimientos democráticos y condena a la ignorancia social, retrasando o violentando la evolución lógica y necesaria de su pueblo, conducta discordante de la observada en la mayoría de los países del mundo.
Así, el Estado es el encargado de garantizar todo lo relacionado en materia de comunicación, democracia y derechos humanos con el fin de proteger los intereses de los ciudadanos, y a los periodistas en el caso concreto de los emisores de la información, de los grandes grupos de poder económico, políticos y delincuenciales, pues lo contrario contraviene profundamente los avances de la transición hacia la democracia que ahora se da en México, profundiza la pobreza, la marginación, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad y obstaculiza el crecimiento social apoyado en el respeto a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales en materia de libertad de expresión y comunicación, se pasma o retrocede nuestra evolución social y democrática.
Así es el Derecho.
