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En el magisterio, ¿libertad sindical?

El Día del Maestro se celebra, por decreto, el 15 de mayo porque en 1917, cuando era presidente Venustiano Carranza, dos diputados enviaron al Congreso una iniciativa para instituir esa fecha para celebrar y reconocer la labor docente en México.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es la organización que representa alrededor de un millón 700 mil trabajadores adscritos a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a los sistemas educativos de las 32 entidades federativas del país.

Comparte la representación de docentes y administrativos de las escuelas públicas del nivel básico con otras organizaciones que se asumen como democráticas, pero que gozan de un carácter marginal en su alcance territorial y número de agremiados.

El SNTE fue creado en 1944 por auspicio del gobierno mexicano, el cual convocó a la unificación de las organizaciones magisteriales entonces existentes para que conformaran una organización de carácter “nacional” que agrupara a los trabajadores de educación básica y secundaria de cada uno de los estados y municipios.

Así, el SNTE es la única organización gremial que representa a los trabajadores de la educación pública en los ámbitos nacional y estatal (SNTE, 1989). Este sindicato se define a sí mismo como:

La organización de estructura nacional y unitaria de los trabajadores de la educación, que promueve la defensa y continuo mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, laborales y profesionales de sus agremiados.

Se integra por los trabajadores al servicio de la educación, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, de los gobiernos de los estados, de los municipios, de empresas del sector privado, de los organismos descentralizados, jubilados y pensionados del servicio educativo de las entidades citadas (SNTE, Declaración de Principios, 2004, artículo 5).

Ese poderío sindical creció inmerso en vicios que dieron paso a cacicazgos de los que se derivaron corrupción, nepotismo, opacidad en el manejo de cuotas, venta de plazas, discursos demagógicos y un corporativismo para conseguir cargos políticos y premios legislativos.

La lucha por el poder en uno de los sindicatos con mayor fuerza gremial, generó impunidad.

El SNTE es parte de la constelación corporativa de las organizaciones de los empleados públicos, de forma que fue integrante del Congreso del Trabajo, organismo cúpula de los trabajadores organizados y miembro, hasta 1989, del sector popular del PRI.

Como representante de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta 2004 formó parte de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) pero, a partir del 27 de febrero de 2004, se incorporó a la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos.

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FUERZA POLÍTICA Y SOCIAL

Figuró, además, como promotor de una lucha interna por el poder que se convirtió en instrumento de control para el gobierno porque el SNTE se integró desde su fundación por algunos grupos que, por razones ideológicas o laborales, generalmente han asumido una actitud de beligerancia o confrontación con los dirigentes nacionales y seccionales.

Las corrientes opositoras asimilaron el papel de democráticas para la obtención de prebendas y privilegios.

La principal demanda de los grupos disidentes enarboló banderas de mejoras en el salario y las prestaciones, por lo que buscaron en las regiones geográficas y económicas de alta marginación.

Entre las principales destacan la sección 22 de Oaxaca, la 7 y 40 de Chiapas, la 14 de Guerrero y la 18 de Michoacán. En el Distrito Federal los miembros de las secciones 9 y 10 adoptaron mecanismos de presión que hicieron valer su combatividad.

No puede ignorarse que hayan buscado mejoras salariales y prestaciones que generalmente se presentan como un aumento directo al salario, incremento en el pago de los días de aguinaldo y rezonificación.

Además de las solicitudes de apoyos para que los maestros rurales tengan mejores condiciones de residencia en las regiones y comunidades aisladas. En materia de seguridad social, generalmente presionan por una mayor calidad en los servicios de atención médica y hospitalaria, incremento en el monto y número de créditos para vivienda.

Incluyen demandas relacionadas con su labor profesional; principalmente, mayores facilidades para acceder a los cursos de capitación y actualización que ofrecen los gobiernos federales y estatales; becas para estudiantes normalistas, así como mayor número de plazas en las zonas donde se ubican los maestros rurales; más recursos para infraestructura inmobiliaria y mobiliaria en los centros escolares; becas a estudiantes de educación básica de escasos recursos, además de uniformes y útiles escolares gratuitos.

Pero en el aspecto político el movimiento magisterial adoptó una fuerza para lograr presidencias municipales, diputaciones locales y federales, senadurías y gubernaturas.

Todo eso además de los enormes privilegios que permitieron a sus dirigentes un enriquecimiento económico de dimensiones estratosféricas.

Pero en otro plano destaca la magnitud del rezago educativo y la marginación social y económica de las regiones donde se ubican los grupos disidentes, generalmente ha rebasado la capacidad de negociación de los dirigentes nacionales.

Los grupos beligerantes fueron rebasados porque en las negociaciones entre la SEP y el SNTE impera la lógica corporativa, donde los líderes sindicales no cuentan con plena autonomía para representar a los trabajadores.

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   ¿NUEVA REALIDAD?

En todo el entorno sindical del ramo magisterial, sorpresivamente aparecieron nuevos elementos que pudieran modificar el corporativismo y la concentración de poder.

La Cámara de Diputados aprobó con 356 votos a favor, 115 en contra y 20 abstenciones, un dictamen para garantizar el derecho a la libre sindicación de las maestras y los maestros.

El documento adiciona un artículo vigésimo quinto Transitorio al Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, en materia de libertad sindical.

El artículo en referencia precisa que, para la implementación de lo dispuesto en la ley, las autoridades competentes garantizarán el derecho a la libre sindicación de las maestras y los maestros.

Ello, reconociendo para sus efectos, la titularidad de las relaciones laborales colectivas de su organización sindical en los términos de su registro vigente y toma de nota, así como el conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales que les corresponden de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política.

Está establecido que los instrumentos internacionales en la materia de los que México son parte de la Ley Federal del Trabajo, y la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

En la Cámara de Diputados los legisladores aceptaron una reserva a fin de precisar que los derechos señalados anteriormente también serán aplicables para las organizaciones sindicales que no tengan registro vigente ni toma de nota. El dictamen fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena) señaló la importancia de impulsar la libertad sindical de las y los trabajadores, y más aún cuando se trata de un gremio tan relevante para el desarrollo de nuestro país y la formación de la sociedad, como lo es el magisterio.

Expresó que el dictamen representa un avance profundo para la situación de las y los maestros, y es un antecedente sobre el derecho que tenemos todas y todos a la libertad de asociación.

Durante su intervención la diputada Victoria Eugenia Méndez Márquez (PRI) resaltó que con la aprobación del dictamen se fomenta la libertad sindical como condición esencial para la defensa de los derechos humanos de las y los docentes.

Argumentó que a partir de estas acciones se reconoce el derecho de los trabajadores y empleadores a constituir libremente las organizaciones que estimen pertinentes entendiendo como el elemento integral de una sociedad libre y abierta.

Dijo que se busca garantizar el libre derecho a la libertad sindical y el reconocimiento de la titularidad de las relaciones laborales colectivas de su organización sindical. Con esta adición se atienden los requerimientos establecidos en el Convenio 87 de la OIT relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas, del partido verde ecologista, expresó que se está frente a una propuesta de adición a la ley que no sólo pretende actualizarla, sino que busca su fortalecimiento en favor de quienes forman parte del magisterio, por lo que anunció que su bancada votaría a favor del dictamen porque se modifica la ley para robustecer el objetivo de la misma en materia de la protección de los derechos de las y los maestros.

El dictamen, explicó, busca adicionar el régimen transitorio con la finalidad de insistir en garantizar el derecho a la libre sindicalización de las y los maestros reconociendo en todo momento la titularidad de las relaciones laborales colectivas de su organización sindical, así como el conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales que les corresponden de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y también los instrumentos internacionales de los que México es parte.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, sostuvo estar a favor para permitir que el sindicato participe en todas las promociones de los derechos laborales de los trabajadores, los cambios, los ascensos y las contrataciones.

Porque, dijo, Nunca ha sido bueno que una sola de las partes decida lo que debe hacerse; la participación del sindicato en esto es la razón de ser del propio sindicato.

Destacó que el dictamen no beneficia a ninguna corriente ni a nadie; es a favor del sindicato, de que los derechos laborales de los trabajadores sean respetados. “Nuestro voto será a favor; debe ser aprobada en lo general y esperamos que redunde en beneficio de todos los trabajadores de la educación y que todas las corrientes del sindicato entendamos que los tiempos ya cambiaron y que estamos obligados a hacer las cosas eliminando la corrupción”.

María Leticia Chávez Pérez, diputada de MC, expresó que si bien, la organización sindical ha sido usada como instrumento político, es innegable que es un derecho de las y los trabajadores que se debería impulsar para garantizar buenas condiciones laborales, y las y los maestros de México “formamos parte fundamental en el presente y en el futuro del país; tenemos que legislar en favor de todas ellas y todos ellos”.

El dictamen, manifestó, ayuda a consolidar los derechos laborales y sindicales de las y los maestros, y se reconoce la titularidad de las relaciones laborales colectivas de las organizaciones sindicales, así como el derecho a la libre sindicalización de las y los integrantes del magisterio, respetando en todo momento los derechos humanos.

Al presentar una reserva al dictamen de la Comisión de Educación y aceptada por el Pleno, la diputada Celestina Castillo (Morena) afirmó que el objetivo del dictamen es garantizar los derechos por los que las y los maestros de México han luchado por mucho tiempo y que, como trabajadores del Estado a cargo de la educación, se vuelve fundamental.

Consideró indispensable que esos derechos sean reconocidos para las y los trabajadores de la educación que pertenezcan a organizaciones que no tengan registro ni toma de nota.

Agregó que “No podemos dejar afuera a nadie; es necesario que todas y todos los maestros del país puedan disfrutar de los derechos que se establecen en el dictamen, independientemente de la situación sindical en la que se encuentren”.

Precisó que el goce de los derechos no puede estar sujeto a trámites, en lo que se resuelve la situación sindical de cientos de profesoras y profesores en el país.

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ENFRENTAMIENTOS CUPULARES

Esa posibilidad de transparentar y dejar libremente la asociación sindical en el ramo magisterial vendría a modificar toda la estructura burocrática.

En las secciones y delegaciones, los secretarios generales tienen más autonomía que los líderes nacionales, sin embargo, desde 1944 a la fecha, los dirigentes nacionales son impulsados o autorizados por el titular del poder Ejecutivo.

En virtud de ello, cuando los grupos disidentes establecen un canal informal de negociación de condiciones laborales, terminan enfrentados con la cúpula sindical.

En esta medida sus protestas han ido acompañadas de las banderas de “democracia sindical” y “autonomía” frente al gobierno, es decir, rechazo a la subordinación hacia el gobierno (práctica conocida como charrismo sindical) y, en ocasiones, también se exige la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos financieros del sindicato.

Sus acciones generalmente se centran en la organización de marchas, mítines, plantones, bloqueo de calles o carreteras y toma de escuelas y otras oficinas de gobierno.

Posiblemente debido a la mecánica corporativa de las relaciones laborales, estas corrientes nunca han planteado una ruptura con la dirigencia nacional o su desprendimiento, ¿por qué? La primera razón está relacionada con la inviabilidad de su reconocimiento oficial, ya que un sindicato existe si es avalado por la Secretaría del Trabajo, en el caso de las organizaciones del sector privado, y de la Secretaría de Gobernación, en el caso de los trabajadores de dependencias del Gobierno Federal.

En las 32 entidades federativas, el reconocimiento ante un eventual desprendimiento de una sección “disidente” dependería de las secretarías del Trabajo y de Gobernación De hecho, la separación de algunos grupos de maestros del SNTE en Puebla, Estado de México, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco y Baja California, entre otros, fue inducida por los gobernadores para resolver problemas de liderazgo entre grupos o bien para debilitar a las secciones estatales.

De este modo, los gobiernos federal o estatales, difícilmente les darían el registro sindical a los “disidentes” y menos aún si tienen un carácter independiente.

Debe tenerse presente que la corriente “disidente” más importante es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que, en 1979, vino a sustituir en su papel aglutinador de los contrarios al grupo hegemónico, al Movimiento Revolucionario Magisterial (MRM).

La CNTE a lo largo de su historia ha conseguido hacerse presente en diversas entidades del país, tales como Tabasco, Estado de México, Oaxaca, Campeche, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y Chihuahua.

Sin embargo, su presencia nacional se ha desdibujado y, desde finales de la década de los noventa, apenas ha podido asentarse en la sección 22 de Oaxaca, como principal bastión enarbolando las banderas de “democracia sindical” y mejoras laborales.

Como corriente mayoritaria, también controla las secciones 18 de Michoacán y 14 de Guerrero. Asimismo, tiene una presencia fundamental en las secciones 9, 10 y 11 del Distrito Federal así como 7 y 40 de Chiapas.

Además del carácter prácticamente monopólico de la representación y del número de agremiados, el SNTE -a diferencia del resto de las organizaciones sindicales de carácter “nacional” que dependen del gobierno federal o incluso del sector privado- está involucrado en la administración y control de recursos del espacio político-administrativo donde se ubica.

Como un “sindicato corporativo”, que prácticamente tiene el monopolio de la representación de sus agremiados porque, de acuerdo con la ley correspondiente, no pueden salirse ni cambiar de sindicato el SNTE vivirá nuevos tiempos y formas en caso de progresar la Iniciativa de Ley que fue turnada al Senado de la República.

La búsqueda de romper con las hegemonías laborales en el ramo magisterial tienen como principal objetivo aniquilar a una organización de carácter oligárquico, donde los dirigentes nacionales lograron construir liderazgos que ostentaron mecanismos para mantenerse en el poder.

La pregunta obligada es:

¿Habrá libertad sindical en el magisterio?

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