La función que desempeñan los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduría Agraria “Felipe Carrillo Puerto” en el ámbito rural del país es básica para resolver problemas agrarios y evitar conflictos sociales. Aunque ya no hay tierras que repartir los desacuerdos por la tenencia persisten a todo lo largo y ancho de la República Mexicana.
En este aspecto, el personal de base apoya a los visitadores agrarios en el deslinde de parcelas o tierras. La Procuraduría Agraria hace la función de ombudsman para defender a los ejidatarios de los pequeños propietarios.
Otra de las tareas de los sindicalizados es la valoración de los problemas que hay con los ejidos. En las oficinas centrales de la dependencia existe un área adscrita a la Coordinación de Delegaciones donde un equipo de trabajadores de base hace labores topográficas.
Hay conflictos en las parcelas y ejidos donde los miembros del sindicato coadyuvan a la solución de problemas sociales sobre todo cuando los campesinos emigran a los Estados Unidos y dejan de beneficiarios a sus esposas, pues hay ocasiones en que los hermanos de los ausentes reclaman la propiedad y es donde la procuraduría entra como ombudsman a conciliar para que no haya un conflicto mayor para no llegar a los tribunales.
El actual procurador tuvo la visión de abrir una oficina en Los Ángeles, California, en apoyo a los connacionales que están por esos lugares y que deben ser orientados, pues se dan casos de ejidatarios que se fueron a Estados Unidos, allá se casaron o se consiguieron otra mujer y luego al regresar a México con su nueva pareja pretenden expulsar a la legítima esposa de la parcela.
En este sentido, es de vital importancia el papel que desempeñan los trabajadores de base de la Procuraduría Agraria para apoyar y asesorar a las mujeres que se quedan en México, con el fin de que sus maridos hagan bien el registro de sus sucesores, que en el caso de los asuntos agrarios es como el testamento, para que hereden sus tierras en vida y no surjan ese tipo de problemas.
Y si bien la actual estructura administrativa del gobierno federal establece que es la SEDATU la encargada de entregar los títulos de propiedad, dicho trámite es posible después de toda la labor que ya realizó la Procuraduría Agraria, encargada de realizar las asambleas y conciliar con los campesinos y ejidatarios. Esta información se hace llegar al Registro Agrario Nacional a través de la SEDATU y el Registro emite ya los títulos de propiedad.
Podría decirse que los sindicalizados de la Procuraduría Agraria hacen la talacha y los que se llevan los aplausos son los funcionarios de la SEDATU. Y a pesar de ello, desempeñan su función con un alto profesionalismo.
