Lo que son las cosas. Ricardo Mejía Berdeja, actual subsecretario de Seguridad Pública, anda por la vida con el sueño de convertirse en candidato a la gubernatura del estado de Coahuila. Prácticamente lo da como un hecho.
Mientras por otros lares el senador Santana Armando Guadiana Tijerina, prominente empresario de minas de carbón, transita con la idea de que no podrá cumplir su sueño de convertirse en sucesor de Miguel Riquelme, quien gobierna la tierra natal de Venustiano Carranza y Francisco I. Madero.
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Grandes sorpresas saldrán a la luz pública cuando el gobierno federal se decida a investigar a las empresas privadas que participan en la explotación del agua en el estado de Nuevo León. A ver si no reculan y le dan carpetazo a los expedientes.
Triste que mientras los habitantes de la industrializada entidad sufren las consecuencias de restringir el vital líquido, haya personajes de la política mexicana que ni sufren, ni se acongojan.
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Curioso por demás que el conflicto de los trabajadores de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, haya sido utilizado sólo para demostrar fuerza del senador Napoleón Gómez Urrutia.
El dirigente del sindicato minero usó el pretexto de reparto de utilidades para hacer ver que tiene el control absoluto de ese feudo que le heredó su papá, Napoleón Gómez Sada.
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Ahora que ya no hay corrupción ¿aparecerá algún funcionario probo que esté dispuesto a ventilar públicamente el tenebroso caso de Ignacio Ovalle, quien fue sacado por la puerta trasera de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde era director general y 950 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles?
Porque no se puede uno imaginar, menos pensar, que fue protegido para gozar de impunidad. Esos tiempos, en los que también participó como director de Consupo, ya quedaron atrás.
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Continúan las marchas y protestas del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS) que insisten en que se respete el derecho a huelga y se cumpla el pliego petitorio que presentaron.
El conflicto laboral en los 26 planteles sigue latente y no hay visos de que surja un leve guiño de solución. El problema podría escalar peldaños que impacten el círculo político.
