Sufren para llevar la conciliación a todo el país

A casi un año de entrar en operación los Centros de Conciliación y Registro Laboral creados a raíz de la reforma laboral en el país, son apenas ocho los estados que ya trabajan bajo este modelo y 13 más se sumarán en noviembre próximo, quedando aún pendientes 11 entidades entre ellas la Ciudad de México.

Las fases establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) así como la carga presupuestal que a nivel local y federal han postergado el arranque simultáneo, lo que visto desde un punto de vista constructivo, ha servido como ejercicios de prueba para mejorar tanto procedimientos como instalaciones en cada una de las sedes que se suman.

Los Centros de Conciliación y Registro Laboral encarnan uno de los ejes de la reforma laboral que pretende agilizar y garantizar la justicia para trabajadores y patrones a través de la negociación directa e inmediata entre las partes.

Su práctica está considerada en la Ley Federal del Trabajo, es obligatoria para las partes en conflicto y con las adecuaciones al marco legal el gobierno quiere priorizarla y convertirla en una instancia inicial y tan efectiva que permita la solución de asunto en un corto plazo evitando largos procesos que encarecen y dificultan la protección de los derechos de los trabajadores en el país.

La STPS estima que al darle mayor peso a las actividades de conciliación el 80 por ciento de los asuntos que se presenten se podrían resolver de inmediato.

Por ello, los centros buscan ser de manera física y con todo el respaldo legal, los espacios para el diálogo inicial y de ser posible, de manera definitiva se llegue a un acuerdo

“Una apuesta de este modelo es que antes de llegar a los tribunales laborales, se llegue a los centros de conciliación, con gente especializada, que sabe del oficio de y pueda, a partir de contraponer las dos posiciones, de escuchar a las dos partes, intentar que se resuelvan a través del diálogo; y solo aquellos asuntos en los que no se pueda, pasen al poder judicial”, explicó Luisa María Alcalde, titular de la dependencia.

La intención es que sean el primer filtro, y de ser posible el único, donde se resuelvan los conflictos laborales lo cual en el papel resulta un ideal pero en la práctica no en todos los casos es efectiva.

“El porcentaje que yo he visto es más bajo (que el anunciado por el gobierno del 80 por ciento), es del 50 por ciento de asuntos que sí se han arreglado, uno de cada dos, al menos en nuestra experiencia en los centros del Estado de México”, dio a conocer Diego García, socio director de García Velázquez Abogados.

Pese a que la ley establece los tiempos ideales de conciliación, las partes involucradas son quienes determinan si aceleran la negociación o la llevan a plazos más largos, terminando en el tribunal.

“Si el trabajador no se quiere arreglar, no va a haber arreglo. La autoridad sí ha facilitado las formas de conciliación, lo que hay que atacar es el origen de los conflictos porque siempre van a existir, pero la voluntad de conciliación no siempre.”, advirtió en entrevista para RS Sindical.

Sobre las instalaciones que tanto los centros como los tribunales han adaptado, el especialista en derecho laboral reconoció que han sido más cómodas para las tareas de negociación, lo cual abona a un mejor ambiente.

Dichos espacios dependen de partidas presupuestales locales y federales, por lo que no todas son homogéneas, en algunas se hicieron ampliaciones a las instalaciones ya existentes, en otras se construyeron otras específicas, además de la adecuación a los espacios para actividades como los juicios orales.

Diego García consideró que será hasta dentro de dos o tres años cuando se reflejará si privilegiar la conciliación incidió en la reducción de la saturación de casos en los tribunales.

Hace un año arrancó todo

Fue en noviembre del año pasado cuando iniciaron operaciones los primeros centros de conciliación en ocho entidades de la República.

La titular de la STPS, Luisa María Alcalde, aseguró que el tiempo promedio de solución de los conflictos sería de 45 días privilegiando siempre el diálogo.

“La apuesta es por la conciliación y en un periodo de 45 días se pueden lograr acuerdos y solo aquellos que no puedan resolver sus diferencias, a través del diálogo, pasarán a los tribunales laborales con juicios de no más de seis meses”, expuso.

Aseguró que este modelo de conciliación pretende romper con paradigmas y vicios del pasado hacia la democracia y el acceso a la justicia en el mundo del trabajo.

Tribunales, un reto para el poder judicial

Aquellos casos que no se resuelvan en la conciliación escalarán a los Tribunales Especializados que dependerán del Poder Judicial de la Federación, en sustitución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

La secretaria Alcalde afirmó que en éstos se implementarán los procedimientos orales lo que permitirá desahogar los asuntos rezagados y hará más rápida la atención de los que vayan surgiendo.

“Con esto se deja atrás el tradicional sistema de juicios laborales eternos que duraban de seis a ocho años en promedio, opacos y que no garantizan el acceso a la justicia para los trabajadores y empleadores. Ahora serán de un máximo de 45 días en los centros de conciliación y máximo 4 meses en tribunales”, sostuvo la funcionaria durante una gira de trabajo por Guanajuato para conocer el avance de la adecuación de instalaciones para dicha labor.

Destacó también que el modelo de operación de los tribunales eliminará vicios como los llamados “coyotes” que ofrecen sus servicios para agilizar trámites de manera ilegal y corrupta, que en realidad lo que hacían era alargarlos más de lo debido.

“Hoy, el hecho de que las partes estén presentes frente al funcionario conciliador genera transparencia y que hablen los interesados y no los intermediarios, ayuda a encontrar soluciones inmediatas”, aseguró.

Al respecto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que depende el Consejo de la Judicatura, se comprometió a que los juicios sean ágiles, modernos y expeditos.

Sin embargo, el reto para los jueces del poder judicial será tratar de impartir justicia en un terreno nuevo, como es el laboral, sin un código que establezca los tiempos, señaló el abogado García.

¿Y las Juntas de Conciliación?

Conforme a las reformas al marco legal laboral en el país, al entrar en operación los tribunales, las juntas de conciliación, tanto la federal como las locales dejarán de recibir nuevos casos y serán derivados al nuevo organismo.

Mientras tanto, se dedicarán a terminar asuntos pendientes hasta concluir con todos y que de lleno el tribunal se haga cargo de los juicios laborales.

Diego García, quien también es Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, dijo que las Juntas, de por sí, ya estaban saturadas de asuntos a tratar y con el confinamiento por Covid19 se retrasaron las actividades y se le fueron juntando casos nuevos.

“Sí ví un retraso importante en la impartición de justicia y va a ser algo que nos va a generar un problema no ahorita sino en dos años, que de por sí ya estaban saturadas las juntas, vamos a ver en dos años con todo lo atrasado más todo el maremoto de demandas que se vino con la pandemia porque evidentemente hubo despidos ante la pérdida de fuentes de empleo, va a ser algo que debemos seguir de cerca”, comentó.

Aunque no hay plazo para que esto ocurra, se prevé que en un acto de supervivencia del personal se extiendan lo más posible aquellos últimos asuntos, pues no todo el personal de las juntas será absorbido por los tribunales, lo que podría afectar a los involucrados.

¿En dónde sí y en dónde no?

La meta de la reforma laboral es que en todo el país operen los centros y tribunales bajo el nuevo modelo de justicia en la materia. En cada entidad habrá dos tipos de sedes según la jurisdicción de las empresas, las de tipo local donde se dirimirán asuntos relacionados con trabajadores y patrones registrados en la localidad; y las federales, que se encargarán de aquellas empresas con tinte nacional.

En una primera fase que inició en noviembre del año pasado, ocho entidades arrancaron actividades: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo (solo lo hizo a nivel federal), San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.

La segunda fase estaba prevista para el mes de octubre, pero el Consejo de Coordinación para la Implementación de la reforma Laboral, determinó su postergación hasta el 3 de noviembre próximo.

En esta nueva incorporación se encuentran los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur (solo a nivel federal), Colima, Guanajuato, Guerrero (solo a nivel federal), Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.

De esta forma, quedan pendientes el resto de las entidades destacando la Ciudad de México donde se concentran la mayor parte de los corporativos a nivel nacional, Tamaulipas con una carga significativa en cuanto a las maquiladoras, Nuevo León y Jalisco, con una fuerte carga en temas laborales.

Listado

Estados con Centros de Conciliación y Registro Laboral en operación: