Más de 1 millón 200 mil burócratas agremiados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), tendrán que presentarse a laboral a partir del 2 de agosto, de acuerdo a las disposiciones dictadas desde Palacio Nacional, por lo que todas las dependencias tendrán actividades en una etapa en la que la pandemia del COVID-19 sigue repuntando con más de 237 mil muerto, sin una clara política de sanidad y sin plan para realizar pruebas de coronavirus a los trabajadores.
Sin importar que hayan fallecido trabajadores por COVID-19, en aquellas dependencias donde se programaron guardias o días alternados para atender diferentes funciones, la decisión es considerada como una imposición autoritaria desde el poder gubernamental, siendo uno de los sectores más golpeados el de trabajadores de la salud, donde se han contagiado y fallecido doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, camilleros, administrativos y de empresas de mantenimiento y limpieza, cuya muertes es la más alta a nivel mundial.
Esta decisión gubernamental generó la respuesta del líder de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, quien expresó condicionantes para que los trabajadores retornen a sus labores con las medidas de sanidad prioritarias, por lo que presentó al Jefe del Ejecutivo, una demanda de un Seguro de Protección porque ha repuntado el contagio del coronavirus con la variante Delta y que la incorporación de los trabajadores al Servicio del Estado sea un forma gradual.
Para ello planteó la necesidad de que los trabajadores tengan las pruebas para dar seguridad en el empleo, por lo que en una carta enviada al Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, el líder sindical exigió ante los contagios las condiciones de seguridad e higiene que demandan los trabajadores como lo marca la Ley.
Cabe señalar que desde el año pasado cuando estaba el pico de la pandemia, el líder de los burócratas demandó contar con todos los trabajadores vacunados, insumos como cubrebocas, caretas, guantes, batas, boots y todo el equipo de protección, ante lo cual el gobierno federal no cumplió y tanto en el ISSSTE, IMSS y Salud, los trabajadores tenían que comprar sus propios insumos, porque los que les entregaban eran de donaciones que no reunían las características para atender a los pacientes por Covid-19, lo que propicio el contagio y fallecimientos entre el personal de salud.
En este contexto de repunte de la pandemia en este mes de julio, Joel Ayala planteó la prioridad de contar con un Seguro de Protección Sanitaria, que incluya que los espacios físicos de los trabajadores sean sanitizados periódicamente y previo a su incorporación los trabajadores deberán contar con una prueba Covid-19, esto porque personal que ya ha sido vacunado se ha contagiado nuevamente. Por lo que confió en que estas demandas se cumplan para seguridad de los trabajadores y sus familias.
Por lo pronto, el anunció que hizo el Presidente desde su mañanera del pasado 3 de junio, de que se preparaba el retorno de burócratas de manera presencial y que estaban laborando en “home office”, lo sostenía cuando todavía no se presentaba al repunte del Covid-19 variante Delta, que arroja más de 237 mil muertos oficialmente.
El tiempo que la Secretaria de la Función Pública marcó como fecha límite el 30 de julio para que los trabajadores de la administración pública federal retornaran de manera presencial.
Así llegó el plazo y el gobierno ya no dio prórroga, sin anunciar un plan de seguridad y protección para los trabajadores, ni el consejo de Salud Federal, ni el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, ni el vocero de salud, Hugo López Gatell, delinearon el retorno de los más de 1 millón 200 mil trabajadores de los 82 sindicatos federados, por lo que algunos dirigentes sindicales señalan la medida como una “imposición”.
Si bien se dio a conocer esta medida de retorno presencial de los trabajadores a las oficinas, resulta que durante más de un año y medio de pandemia, muchos trabajadores estaban trabajando en forma alterna en dependencias y el contagio y la muerte se hizo presente ante el silencio de funcionarios públicos, jefes y directores que actuaron de manera autoritaria e indolente, en cientos de casos obligando a los trabajadores bajo amenaza de despedirlos si faltaban a sus labores.
En el Gobierno de la Ciudad de México se desconoce hasta el momento el número de trabajadores fallecidos, pero se cuentan por cientos, y pese a que la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a que esas plazas serían entregadas a los deudos, no ha sido así.
Lo anterior ante la complacencia de los Secretarios Seccionales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), que lejos de ayudar y asesorar a los familiares de los trabajadores fallecidos, ya que son plazas de base sindicalizadas, los Secretarios se encuentran distraídos viendo como imponen una nueva dirigencia que les permita seguir reeligiéndose, gozar de los altos salarios que perciben resultado de las negociaciones que hicieron con las autoridades a cambio de las prestaciones de los trabajadores y disfrutar de las cuotas sindicales que son de 19 millones 80 mil pesos mensuales, por lo tan solo en estos 18 meses de pandemia les ha dejado ingresos de 343 millones 440 mil pesos.
También en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaria de Seguridad Ciudadana del GCDMX y el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, se han presentado contagios y decesos con motivo del COVID-19, casos que han sido guardados con total hermetismo por parte de los titulares de esas dependencias.
