Un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa. Frase que viene a cuento por lo sucedido en la Cámara de Diputados, donde la insurrección marcó una profunda división entre Morena y los partidos satélite que los acompaña.
Luego de agrias discusiones y confrontaciones que llegaron a los ataques personales, los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México rompieron de facto su alianza electoral con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La evidencia no tiene desperdicio, ya que sus votos contra el dictamen enviado por AMLO impidieron la disminución al presupuesto de los partidos a partir de 2020.
Al levantamiento de los partidos comparsa, se agregaron los Partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano.
Formaron un bloque y unieron fuerzas durante la votación electrónica, al considerar que el presidente y su partido pretendían eliminar la competencia electoral para quedar como único competidor y perpetuarse en el poder.
Por tanto, queda firme el financiamiento público a partidos políticos para el ejercicio 2020.
Queda firme el financiamiento público a partidos políticos para el ejercicio 2020.
Por tanto la distribución del presupuesto que realizó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) cuando aprobó un monto total de 5,239 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos para 2020, distribuidos de la siguiente manera:
4,988 millones para actividades ordinarias permanentes
149 millones para actividades específicas
99 millones de franquicia postal y
693 mil pesos de franquicia telegráfica.
Por supuesto que sería bueno reducir financiamiento público a los partidos, pero de forma gradual y dentro de paquete integral que incluya:
Topes al financiamiento privado
Topes gastos campaña
Combate financiero ilegal de campañas
Tras el desacuerdo y el álgido debate, vino el berrinche del pastor de la mayoría morenista que ya daba por hecho satisfacer la instrucción (algunos le llaman imposición) que habían recibido de muy arriba.
Por tanto el Artículo 41 constitucional, que quedó sin modificaciones dado que Morena y el Partido Encuentro Social (PES) no alcanzaron la mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados, establece que el 30% de los 5,239 millones de pesos sea repartido de manera equitativa entre todos los partidos políticos nacionales y el 70% restante se reparte conforme al porcentaje de votos obtenidos en la elección federal de 2018.
Por cierto que en la discusión del dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, los legisladores intercambiaron críticas y ataques relacionados con los temas de austeridad presupuestal, calidad moral, y desprestigio de la actividad política.
Ya sé que usted, lector, no lo va a creer pero por vez primera Gerardo Fernández Noroña se manifestó en contra de las posiciones políticas del presidente López Obrador y de su partido Morena.
A nombre del Partido del Trabajo, calificó de irresponsable disminuir las prerrogativas de los partidos políticos nacionales.
En el desgarramiento de vestidura se consideró que hasta para realizar visitas casa por casa y realizar brigadas, se requiere de recursos económicos, no se hace sólo de saliva.
Fundamentaron los aliados del partido dominante que es absolutamente irresponsable decir que podemos renunciar al financiamiento público.
Y para ilustrar, recurrieron hermanos de dolor. Sólo en Venezuela no hay financiamiento público y se equivocan los compañeros.
De ahí a suicidarnos políticamente, de sostener estas posiciones absurdas de retirar el financiamiento, es un acto de cobardía.
Claro está que todo eso provocó enorme irritación en el habitante de Palacio Nacional, quien anunció que en el próximo período de sesiones insistirá en el tema.
Por lo pronto, el diputado Mario Delgado Carrillo seguro que recibió un jalón de orejas de ya saben quién.
P.D. Que el año 2020 traiga bienestar, salud, amor y noticia que alegren el corazón.
