En 2019 se concreta la reforma la legislación laboral que inició en 2017 con las modificaciones constitucionales y acuerdos internacionales recientemente ratificados. Estos cambios implican una transformación en las relaciones laborales que sin duda permitirán un diálogo más abierto y participativo, por lo que el reto de las organizaciones es delinear el cambio.
Fueron varios sucesos que han impulsado la actual modificación, primero los tribunales laborales se incorporan al poder judicial y desaparecen la juntas, posteriormente vino el T-MEC (USM- CA) y el TPP que establecen ciertos estándares y obligaciones que deben cumplirse en materia laboral y finalmente esto se traduce en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se ratifica en 2018, a fin de que sean más claros los derechos de libre sindicalización y negociación colectiva.
Libertad sindical y negociación colectiva: Se le da libertad a los trabajadores de afiliarse al sindicato al que quieran pertenecer, permitiendo una multiplicidad de sindicatos dentro del mismo centro de trabajo, entre otros aspectos.
A partir de esto vemos una transformación de las reformas laborales mucho más abierta y participativa, con variedad de procedimientos de elección donde ya nada es permanente.
Con base en estas modificaciones, hay retos que las organizaciones pueden enfrentar, lo más importante es, atender los requerimientos tanto formales como sustantivos, como la fuerza laboral para que sean más productivos y por tanto empresas competitivas.
Entre los retos en materia laboral para el 2020, esta combatir la precariedad del trabajo, que se expresa de diferentes maneras. Una de ellas es la informalidad laboral que aqueja al 60 por ciento de los a del país, y qué significa la ausencia de prestaciones de seguridad social; y peor aún, que implica la carencia de protección de las normas de los derechos laborales.
Para hacer frente a estos retos el gobierno debe plantearse una política alrededor de cuatro ejes: 1). Impulsar la creación de empleos formales de calidad; 2). Democratizar la productividad, 3). Salvaguardar los derechos de los trabajadores y 4). Conservar la paz laboral.
El acceso a la justicia laboral pronta y eficaz constituye un elemento indispensable para forjar una cultura la legalidad y fortalecer el Estado desde el sector laboral.
La inserción laboral de los mexicanos y la vigilancia y protección de sus derechos debe reflejarse en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores.
La paz laboral debe significar estabilidad, es un elemento clave para la preservación de fuentes de trabajo y para la atracción de inversión productiva con miras a la generación de nuevos empleos formales.
Con el apoyo de los sectores productivos, el gobierno deberá propiciar que más trabajadores tengan mejores oportunidades de empleo e ingresos, para alcanzar un México más incluyente, más prospero y de realización plena para los ciudadanos, especialmente los jóvenes, a través del trabajo digno y bien remunerado.
