El escenario, está lleno de contradicciones. Colmado de argucias y razonamientos torcidos. Transita por acciones legales y de hechos ilegales, ilegítimos. Un desorden en el que lo único claro, es la guerra por el control de los sindicatos.
Recurren a trillados argumentos jurídicos, administrativos, populistas y demagógicos. Pero también hay reclamos y acciones legítimas, que son una demostración de luchas auténticas y justificadas.
Sobra decir que en el marco de la nueva era política que vive el país, abundan los oportunistas y los sujetos carentes de legitimidad, pero que se acogen al viejo refrán de que a río revuelto, ganancia de pescadores.
Esos actores han convertido a los sindicatos en un botín.
Todo el procedimiento está respaldado en la premisa de un concepto formal: la toma de nota.
El vocablo está de moda como argumento para tratar de validar o impedir el ejercicio y el funcionamiento de grupos antagónicos que se disputan presupuestos, propiedades, derechos y representaciones sindicales.
El trabajador, en diversas ocasiones, figura solamente como moneda de cambio o artículo de trueque para afianzarse en el poder.
En el marco jurídico-administrativo-político, la confrontación es el principal elemento para dirimir las diferencias.
Pero de inicio habría que partir con un esquema simple: ¿Qué es la toma de nota?
Este término ha cobrado relevancia en los últimos tiempos, prácticamente está convertido en una expresión de moda que muchos no entienden o comprenden.
Hay quienes lo toman como argumento o pretexto, sin entender la dimensión legal que encierra para efectos prácticos.
También está relacionado con el desplazamiento o sustitución de dirigencias cuestionadas, anquilosadas, rebasadas y controvertidas principalmente por el manejo de recursos económicos.
Conforme a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la Toma de Nota de un Comité Directivo de un Sindicato, es el documento que expide una Autoridad Laboral, por el que da fe de la elección de los directivos de una organización sindical (sindicato, federación o confederación).
En ella se indica que derivado del cumplimiento del proceso de elección establecido en sus estatutos, diversos miembros fueron elegidos para integrar al comité directivo de dichas organizaciones, los cuales van a representarlos ante autoridades y empresas, entre muchos otros.
Los antecedentes y hechos sucedidos, resumen que el procedimiento de toma de nota de una nueva dirigencia sindical debe ser el mismo que siguen los sindicatos para registrarse ante las autoridades laborales.
Ese razonamiento fue avalado por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados.
Los ministros consideraron que si la designación de una nueva dirigencia de un sindicato se asemeja a la constitución de éste en que debe registrarse ante la autoridad competente, entonces deben seguirse las mismas reglas para ambos procedimientos.
La segunda sala de la Corte determinó que la Ley Federal del Trabajo no contiene una norma expresa que determine los pasos para la toma de nota de las dirigencia sindicales. Por ello, lo procedente es aplicar las disposiciones que regulen casos semejantes.
Es más, los juzgadores sintetizaron que en virtud de que el registro y la toma de nota de un sindicato son semejantes, porque tienen que ver con el reconocimiento de la personalidad de un sindicato, debe aplicarse el artículo 366, último párrafo, de la citada ley que prevé procedimiento, plazos y consecuencias legales a seguir para el registro de un sindicato.
Tanto el registro como la toma de nota, resumieron, implican la actualización de situaciones de hecho como de derecho que la autoridad debe verificar para salvaguardar la garantía jurídica de la acción.
Por tanto, el registro y la toma de nota tienen el propósito común de garantizar mejor el derecho y la libertad sindical.
Pero no todo es igual. La diferencia estriba en que el registro tiene que ver con el reconocimiento oficial de una coalición de personas constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses.
En cambio, la toma de nota muestra la modificación de la estructura organizacional o cambios en los estatutos de un sindicato previamente reconocido.
Por tanto, el registro de un sindicato es la causa, y la toma de nota es la consecuencia necesaria de dicho registro.
En la práctica, quienes promueven la Toma de Nota tienen como uno de los principales objetivos exterminar a las viejas centrales o dirigencias obreras.
Es ahí, donde los argumentos políticos cobran vigencia y tratan de validar los movimientos sindicales para justificar la esencia. Diversos ejemplos ligan ese aniquilamiento de dirigencias sindicales por su militancia o cercanía con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A manera de ejemplo, es recurrente la referencia de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y varias otras centrales de viejo cuño.
Incluso, hay analistas, investigadores y académicos que dan por hecho el surgimiento de nuevas centrales obreras que tengan la capacidad de ajustarse al modelo que empate con la Cuarta Transformación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Néstor de Buen, abogado laboral y asesor del Sindicato Mexicano de Electricistas, argumenta que la toma de nota es un acto administrativo que recoge el acuerdo de una asamblea para nombrar una dirigencia.
Agrega:
“Este acto jurídico es necesario para que las personas con representación legal del sindicato reclamen los bienes de su organización, tengan acceso a los recursos financieros o para ir a los tribunales, emplazar a huelga y firmar contratos colectivos de trabajo”.
Hechos recientes involucran otro tipo de acciones, en los que la presión va más allá.
Luchas frontales
Ramón Ramírez, quien presume representar la disidencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y sus seguidores, “secuestraron” a 30 empleados de gobernación el 14 de agosto para exigir la firma de un convenio millonario y que se les regresen sus empleos.
El 2 de agosto de 2019 en el marco de la Asamblea General extraordinaria, el SME presentó la Toma de Nota de su dirección legítimamente electa que le da legalidad y personalidad jurídica al Comité Central.
A su vez los adversarios de Martín Esparza, sostienen que ha sido un negocio que el dirigente cimienta en la traición a la base trabajadora y en la utilización de un discurso de izquierda para saquear y beneficiarse de los ingresos y bienes la nuestra organización.
Una y otra parte, ha participado en la recolección de firmas y dar seguimiento al proceso de impugnación. Como argumento para validar sus acciones, ambos manifiestan que es responsabilidad de todos expulsar a los traidores y corruptos para recuperar la organización sindical.
A la vista puede darse cuenta de que con la Cuarta Transformación, hay eventos relevantes que van a cambiar la vida sindical de México.
Lo más claro, es que se avecina una cruenta lucha de organizaciones obreras en pos del control político, las millonarias cuotas de los trabajadores y las tomas de nota de los sindicatos en las empresas.
Como actores principales de esa disputa pueden ubicarse gremios vinculados al PRI, los afines a la UNT (Unión Nacional de Trabajadores), al FAT (Frente Único del Trabajo), otros independientes y los afines a Morena: CATEM y de la industria minera.
Pero, además, deben considerarse los compromisos laborales de México con Estados Unidos y Canadá en el T-MEC y las reformas a la Ley Federal del Trabajo que habrán de discutirse en el Poder Legislativo en el próximo período de sesiones.
En meses pasados se escenificó una escaramuza en Matamoros, Tamaulipas, donde empresas maquiladoras estallaron la huelga y algunas regresaron a laborar tras recibir un aumento del 20 por ciento al salario y un bono anual de 32 mil pesos.
En el epicentro de ese movimiento estuvo Juan Luis Zúñiga, un operador sindical del senador Napoleón Gómez Urrutia.
Como si estuviera previamente programado, el senador suplente de Germán Martínez Cázares, Pedro Haces, echo a caminar la maquinaria de la llamada CATEM (Confederación Autónoma de los Trabajadores y Empleados de México), de la cual es secretario general.
Desde que Haces ocupó la titularidad senatorial mientras Martínez Cázares fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó la advertencia de que “los días de la CTM están contados; se acabó la era de los cacicazgos, nunca más la imposición y el dedazo en los sindicatos”.
Más pronto que rápido, Haces se entrevistó con exdirigentes y dirigentes de las centrales afiliadas al Congreso del Trabajo.
Entre quienes dialogaron con el entonces Senador en funciones, estuvieron Reyes Soberanis, Abel Domínguez, Miguel Angel Bastida, Pedro Chino, Nicolás Plascencia Alvíter, Víctor Flores y Jesús Llamas, la mayoría de ellos identificados con el sindicalismo oficial del PRI.
Quedó establecido que esos representantes del viejo sindicalismo coquetean con la política de MORENA y su adhesión a la CATEM.
Es evidente que uno de los objetivos principales es aniquilar a las viejas centrales priistas.
Sin embargo, la vieja estructura de las centrales priistas como la CTM que lidera Carlos Aceves del Olmo, y la CROC, que dirige Isaías González, están dispuestos a dar la lucha.
Es conocida la confrontación y enemistad de Tereso Medina Ramírez, quien disputa con el senador Napoleón Gómez Urrutia cada uno los contratos de la industria minera y maquiladora del país.
Una revuelta también de enormes dimensiones, tiene lugar en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la república Mexicana donde un nuevo sindicato disidente pregona que su principal objetivo es acabar con el reinado de Carlos Romero Deschamps.
Lo han denunciado formalmente en la Fiscalía General de la Nación, por presuntos actos de corrupción.
La reafirmar lo expuesto anteriormente, Petromex es el primer sindicato petrolero en 80 años que no puede ni debe identificarse con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Óscar Solórzano, Luis Zárate y Yolanda Morales Izquierdo, quien se asume como Secretaria Nacional de Petromex celebran haber puesto fin al “monopolio petrolero de ochenta años”, y “terminado con la venta de plazas o fichas, el acoso sexual, el cobro de piso, la represión y el robo de las cuotas”.
Pablo Franco Hernández, abogado de ese grupo sindical, sostiene que cuentan con el registro legal y buscarán quitarle la titularidad del Contrato Colectivo del Trabajo al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), cuyo secretario general (desde 1993) es Carlos Romero Deschamps.
En estas confrontaciones y conflictos de carácter laboral, la Toma de Nota ha sido el principal mecanismo para tratar de validar la representación sindical.
Son diversos y variados los sindicatos que han recurrido a ese argumento jurídico para instalar Comités alternativos, en donde las partes involucradas se asumen como titulares del Contrato Colectivo de Trabajo y ostentarse como representantes oficiales de los trabajadores.
Existen muchos otros conflictos que deambulan en esa tesitura, caso por demás sonado el que se vive en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, en donde Juan Ayala enfrenta una severa crisis que ha llevado a su desconocimiento como dirigente.
Ayala Rivero, quien ha permanecido dos sexenios al frente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), fue derrocado.
Durante el LX Congreso General Ordinario 47 concejales, le dieron su apoyo pero fue superado por 120 concejales de las 40 secciones que se pronunciaron por una nueva representación del Comité Ejecutivo General. Fue un golpe mortal para Ayala, quien busca perpetuarse hasta el año 2023 en la dirigencia.
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