Si el fuego cruzado contra Manuel Bartlett no hace mella en el ánimo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y mantiene firme su decisión de ubicarlo como Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), más de 8 mil jubilados del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), esperarán a que asuma el cargo para recordarle un asunto que desde el sexenio de Felipe Calderón fue peloteado por sus funcionarios y que tiene que ver con la desaparición del Fondo Mutualista al que aportaron sus ahorros por más de 40 años y que hasta agosto del 2012 alcanzaba la cifra de 638 mil millones de pesos, de los que nadie daba cuenta.
A finales de la LXI Legislatura, tocó a las puertas del Congreso de la Unión la desaparición de este fondo que tras largos juicios en los tribunales colegiados en materia laboral, ganaron como su derecho ocho mil 600 jubilados, quienes en 2007 obtuvieron un laudo a su favor emitido por la Junta Especial 5 de la JFCA.
El asunto no es menor ni podrá ser ignorado por el futuro titular de la CFE, pues constituye uno de los más grandes robos y atropellos a los derechos jubilatorios, que fue sencillamente ignorado por los entonces funcionarios calderonistas Jaime González Aguadé, director de la CFE, Jordi Herrera, secretario de Energía, y Rosalinda Vélez, secretaria del Trabajo, quienes desacataron el punto de acuerdo para presentar ante el Congreso un informe detallado, “en un plazo no mayor a 10 días”, sobre el destino de los multimillonarios recursos.
Era agosto del 2012 cuando la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado indicó entonces que tanto la dirigencia del SUTERM como la CFE “mantienen una importante deuda con los 96 mil trabajadores electricistas que aportaron al Fondo Mutualista 638 mil millones de pesos durante su vida laboral en el periodo comprendido de 1950 a 1990”.
En tribuna diversos legisladores denunciaron en su análisis el papel que jugó en su momento el entonces líder del SUTERM y dirigente cetemista, Leonardo Rodríguez Alcaine, la Güera, para consumar el gigantesco fraude. “El 25 de abril de 1990, la CFE y el SUTERM pactaron la sustitución de este Fondo Mutualista por un seguro colectivo obrero en la cláusula 26 del Convenio que celebraron por la firma del contrato colectivo, correspondiente al bienio 1990-1992. Las cantidades aportadas por los cefeístas, durante 40 años, se actualizaron a través del histórico de las tasas de interés, emitidas por el Banco de México tal y como lo dispusieron los tribunales colegiados que instruyeron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que condenara al SUTERM y a la CFE al pago y cumplimiento de las prestaciones ejercidas por 8 mil 600 reclamantes ante la Junta Especial 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”.
Por supuesto que lo expuesto en la tribuna legislativa no le quitó el sueño a Víctor Fuentes del Villar, heredero del emporio sindical de excesos y corrupción forjado por Leonardo Rodríguez Alcaine, su tío. Rosalinda Vélez, impuesta en el cargo por su jefe, amigo y antecesor en la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, recibió la línea de no hacer olas a un asunto en extremo delicado. De hecho, Fuentes del Villar comentaba entonces su estrecha amistad con el entonces presidente Felipe Calderón.
En síntesis, los funcionarios del poder Ejecutivo se pasaron por el arco del triunfo las disposiciones del poder Legislativo, situación que no varió con la llegada, meses después del gobierno de Enrique Peña Nieto. En octubre del 2013 los abogados de los demandantes acudieron incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a solicitar su intervención ante la descarada complicidad de las autoridades federales para no atender su asunto, hacerles justicia y aplicar la ley.
Le recordaron a la ONG nacional que el problema derivaba del acuerdo tomado a espaldas de los trabajadores y los jubilados por el entonces líder, Leonardo Rodríguez Alcaine, que sustituyó el fondo por un seguro de vida. Los inconformes denunciaron entonces que la propia JFCA, por indicaciones superiores, buscó la forma de deslindar a la CFE y al SUTERM del gigantesco problema a zanjar, al emitir el inverosímil acuerdo:
“El fondo mutualista fue creado como una prestación extralegal para ayudar a los deudos de los trabajadores de CFE en caso de fallecimiento, el cual se constituía con aportaciones periódicas de los mismos trabajadores, derivadas de los descuentos que se hacían a sus salarios, de ahí que su naturaleza sea laboral y contraactual sujeta a prescripción”. O sea que robarse los ahorros de los electricistas no es delito. De ése tamaño el atraco.
En las circunstancias por venir sabremos si la zona de confort e impunidad en que Fuentes del Villar , los líderes del SUTERM y funcionarios de la CFE se mantuvieron al margen del cumplimiento de este asunto, se viene a pique tras la derrota electoral del PRI y del PAN, el pasado primero de julio , pues es de esperarse con toda seguridad que el inconcluso tema del multimillonario robo a sus jubilados retornará con más fuerza, claro está, si Manuel Bartlett asume realmente su función como defensor de los intereses nacionales y de los trabajadores.
El problema es con qué dinero se podría pagar a quienes ya demostraron en los tribunales tener la razón jurídica de su parte porque la cifra pone los pelos de punta a cualquier funcionario sea del partido que se trate. Y quizá lo más delicado consista en averiguar quiénes, dónde y en qué momento desaparecieron una cantidad de esta magnitud. Que se sepa, Víctor Fuentes del Villar se abstiene de comentar a sus agremiados y al país del fabuloso atraco cometido por su tío a miles de jubilados del SUTERM. La primera prueba de fuego para Bartlett, le estará esperando una vez que asuma el cargo.
ESOS CETEMISTAS