Muchos recordamos que en manos del gobierno Telmex era una empresa deficiente, la oferta de líneas crecía inadecuadamente, la calidad del servicio prestado era muy mala y los tiempos para reparar las fallas eran largos. Las tarifas también estaban totalmente distorsionadas: la larga distancia era carísima, mientras que la tarifa de servicio local estaba por debajo del costo de proveer servicio.
En 1991, con la privatización de Telmex, Carlos Slim pactó con el gobierno y el sindicato no despedir a uno solo trabajador con una condición: que se dejaran manos libres para eliminar puestos de trabajo obsoletos y transferir a más de 40% del personal a nuevos cargos. En cinco años se entrenó a todos los empleados en proyectos de nueva tecnología, cambios de procesos y sistemas de información. En resumen, se cambió el chip al personal y se compactó de 585 a 134 las categorías laborales.
Al tercer trimestre de 2015 Telmex informó a la Bolsa Mexicana de Valores que su nómina tiene 80 mil 303 personas. De éstos, 49 mil 634 son sindicalizados y 30 mil 669, empleados de confianza.
A principios de los años 90 en México comenzaron a surgir muchas compañías que ofrecían servicios de telefonía móvil, Telmex no tenía inversiones en este negocio, así que decidieron entrar al mercado con la empresa Radio Móvil Dipsa, subsidiaria de DIPSA.
El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones constitucionales en materia de telecomunicaciones y competencia económica.
La reforma tuvo como propósito principal beneficiar a todos los mexicanos, por eso consideró dentro de sus principales objetivos, el permitir el acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha, así como establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Para que de esta forma, un mayor número de usuarios accediera a dichos servicios en mejores términos de calidad y precio.
Cabe resaltar que con esta Ley se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo, cuyos actos u omisiones sólo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo directo y no serán objeto de suspensión, lo que supuestamente protegería a los usuarios cuando una determinada resolución se traduzca en beneficios para ellos. Sólo qué…
La decisión de cuatro de los siete consejeros del organismo para ordenar la partición en dos de Telmex alegando motivos de preponderancia no precisamente busca proteger los intereses de los usuarios y alentar el crecimiento de la fibra óptica y la banda ancha, sino proteger y alentar intereses de empresas como Televisa y ATT.
El Sindicato de Telefonista de la República Mexicana (STRM) entregó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), sus argumentos donde asegura que la regulación mencionada afecta directamente a los trabajadores, pues queda indefinido qué empresa deberá hacerse de los derechos de los empleados, a los que no tomó en cuenta el Ifetel. Según el Instituto la resolución emitida sobre la separación funcional de Telmex, no regula, afecta o limita los derechos laborales de los trabajadores. Por su parte Francisco Hernández Juárez, secretario general del STRM, aseguro que preservar la unidad de Telmex es en beneficio de la clase trabajadora y de México.
El 5 de marzo de 2018 el Ifetel aprobó el plan final de separación funcional de Telmex y Telnor en su carácter de agente económico preponderante en el que deberá crear dos empresas que darán servicio de acceso a la red local.
Entre los resolutivos señala que las nuevas empresas deberán de contar con un Consejo de Administración diferente al de Telmex y Telnor, que estará conformado por un mínimo de siete miembros, de los cuales la mayoría deberá ser independiente. Incluido su presidente, quien tendrá voto de calidad. Además deberán contar con personal independiente, por lo que los empleados no podrán laborar al mismo tiempo en otra de las empresas integrantes de Telmex y Telnor.
Por ello el STRM alista acciones para inconformarse, de acuerdo con los telefonistas, el área jurídica del sindicato realizará un análisis detallado de la resolución del Ifetel y una vez agotados los recursos en el ámbito nacional, también presentarán una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Responsabilizan jurídicamente al gobierno y al Ifetel por las posibles afectaciones laborales, y de carácter patrimonial, que se deriven de dicha resolución. Una lucha que se antoja interesante por el contexto de sucesión presidencial en que habrá de darse.
