Mucho escándalo se ha hecho en los últimos días por el inicio del juicio -después de año y medio- de los presuntos responsables por el derrumbe en la Línea 12 del Metro, que el 3 de mayo de 2021 dejó un saldo de 26 muertos y más de cien heridos.
El asunto se había querido congelar, pues entre los culpables de este asunto estarían las corcholatas de Morena, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, quienes mantienen una sorda lucha por la candidatura presidencial para 2024.
Un peritaje internacional, pagado con recursos de los contribuyentes de la Ciudad de México, concluyó que hubo defectos en el diseño y ejecución de la obra, pero que también un descuido grave en el mantenimiento de la misma.
En ambos casos la presunta responsabilidad política caería tanto en Ebrard, cuyo gobierno fue el constructor, como en Sheinbaun, cuya administración es la encargada de operar el Sistema de Transporte Colectivo desde diciembre de 2018.
En un principio se intentó responsabilizar de la tragedia al ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, quien estuvo precisamente en medio de los dos gobiernos de las hoy corcholatas presidenciales, y que se desempeña como senador de la República por el PRD.
El problema es que ningún peritaje que lo pudiera implicar dejaba libre de culpas ni a Marcelo ni a Claudia, por lo cual la idea fue desechada.
Este asunto creció en la medida en que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó el juego sucesorio de su propio gobierno, y entre sus favoritos mencionó a la jefa de Gobierno y al canciller de México.
La guerra ha llegado a tales niveles, que desde el Antiguo Ayuntamiento han utilizado a la fiscal Ernestina Godoy -quien lleva las investigaciones del caso-, para que culpe de la tragedia a los que diseñaron y ejecutaron la obra.
O sea, que señale a la administración de Ebrard -quien por cierto ha sido el único gobernante de izquierda que ha construido una línea del Metro-, como la responsable de la tragedia, a fin de que sus aspiraciones presidenciales sean descarriladas.
Para concretar esto, la jefa de Gobierno ha protegido con todo a quien fuera la directora general del Metro al momento de la tragedia, Florencia Serranía, que incluso antes del accidente se había autonombrado como responsable del mantenimiento del STC.
Aunque parezca increíble, Serranía no ha sido siquiera llamada por el Ministerio Público o el Congreso de la Ciudad de México, aunque sea para emitir su opinión sobre las causas que originaron una de las peores tragedias del Metro.
Como Claudia tiene controlada a la mayoría de los diputados locales y al Poder Judicial, pues trata como empleado a Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, estaba confiada en que Florencia jamás sería llamada a cuentas.
Pero un descuido de la Consejería Jurídica, que dejó correr un amparo gestionado por el abogado de las víctimas, Teófilo Cedillo, ocasionó que un juez ordenara llamar a comparecer a la ex directora del Metro.
Ante ese desaguisado judicial de su equipo, de la noche a la mañana el juzgado donde está radicado el asunto se sacó de la manga un citatorio para realizar la audiencia inicial del caso, que había mantenido congelado por meses.
Eso ocurrió el martes 19 de julio y la audiencia concluyó hasta el día siguiente, con la vinculación a proceso de ocho presuntos responsables, todos de la época en que Ebrard fue jefe de Gobierno.
La fecha para la audiencia fue elegida con toda intención, pues esa misma semana los juzgados cerrarían sus puertas por las vacaciones de verano, y nada podría hacer la defensa para insistir en la presencia de Serranía.
Y es que si la ex funcionaria es relacionada jurídicamente con la tragedia, la que también quedaría manchada políticamente sería Sheinbaum, y su candidatura presidencial se vendría al suelo.
Es por eso la descarada protección a Serranía, que llegó incluso a la entrega de una posición en el Conacyt, como si mereciera un premio en lugar de un castigo.
Esa defensa a ultranza de su ex directora del Metro ha mostrado a una Claudia sin empatía con las víctimas, pues lo que más le interesa es proteger sus intereses políticos, aunque los de los deudos queden en el olvido.
El juicio por la tragedia en la Línea 12 del Metro se ha convertido en un show; en una pelea entre dos corcholatas, a fin de que una de las dos quede desactivada. El tema es político, pues evidentemente nadie va a terminar en la cárcel.
Para efectos legales, las constructoras están reconstruyendo la obra, con lo que queda saldado la reparación del daño al erario, y la mayoría de las víctimas ya fue indemnizada, con lo que también “se reparó” ese daño.
Sólo faltan unos cuantos que no aceptaron el monto ofrecido, y es por eso que el show continua en la 4-T.
