Con un poderío que raya en la arbitrariedad, Jaime Bonilla se dejó acariciar por las mieles del poder de manera excesiva. Porque arropado y protegido por quien entonces era candidato presidencial, pensó que la luna de miel iba a ser eterna.
Envuelto y abrigado por la popularidad de su amigo que llegó a ser presidente de todos los mexicanos, se convirtió en Senador de la República, cargo que se le hizo menor y buscó, hasta conseguirlo, ser gobernador del estado de Baja California.
Soñaba que a pesar de cubrir una administración reducida, posteriormente podría extender sus tentáculos para continuar gobernando, pero le fallaron los cálculos y tuvo que enfrentarse a una nueva y dura realidad.
Desplazado del gobierno estatal, donde le fueron cerradas las puertas para prolongar su estadía, pensó que primeramente sería integrado al gabinete. Incluso se dejó convencer de que podría incrustarse en la buena voluntad de Palacio Nacional para colocarse en el ánimo y buscar el escalón mayor de la política.
No fue llamado al círculo de los privilegios y en cambio tuvo que descubrir una frialdad que le entumió todos sus proyectos futuros que se había construido con el auxilio de serviles colaboradores.
Triste fue la realidad que se encontró al dejar la mini gubernatura cuando terminó, porque no pudo hacer valer sus influencias para prolongar su presencia.
Al ver que no era tomando en cuenta para incrustarse en el primer círculo con el nivel de secretario de Estado, arguyó nuevos esquemas para mantenerse vigente y recuperar la confianza perdida. Tampoco fue posible.
Como opción alternativa le hicieron ver que había un camino paralelo, reintegrarse al Poder Legislativo al que había dejado atrás mediante una licencia que pidió y le fue concedida para irse a despachar al palacio instalado en Mexicali, Baja California.
Pero vino otro resbalón, una equivocación de tiempos y procedimientos legales que le impiden reincorporarse al Senado de la República, donde por cierto inexplicablemente sigue cobrando.
Acudió a la llamada Cámara Alta para tratar de conservar el fuero y todas las prebendas que derivan del cargo para el cual fue electo por seis años, pero no pudo.
Jaime Bonilla Valdez llegó al Senado con la arrogancia que le es característica y tuvo que bajarle de volumen, porque ya no tiene la investidura de legislador.
Hay una resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que declarara ilegal su reincorporación al Senado, ya que al tomar protesta como gobernador del estado de Baja California canceló esa opción.
Buscó que la presidenta de la Mesa Directiva, la exministra de la corte y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero le auxiliara presentando una controversia constitucional contra la sentencia del Tribunal.
Bonilla ha recurrido a la Sala Superior del Tribunal a impugnar la sentencia que se dictó y está a la espera de una resolución que le sea favorable, pero no hay seguridad de que la consiga.
La sentencia fue notificada por la presidenta Olga Sánchez Cordero a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y al área administrativa del Senado para que procedieran como corresponde.
Como si fuera Senador con todos los derechos, Jaime Bonilla pretendió sorprender y acudió a una reunión previa de Morena antes de que iniciara la Comisión Permanente, pero Sánchez Cordero le pidió a Bonilla que no se presentara ni pasara lista. Como se dice coloquialmente, recibió un descontón del que no ha podido reponerse.
Dicen los enterados que las percepciones económicas no le preocupan, sabido es que goza de una inmensa fortuna por su exitosa carrera como empresario y que los desvelos de han apoderado de sus noches por conseguir el fuero como Senador para librar las acciones legales que se mueven en su tierra natal.
Cuentan que hay investigaciones sobre el manejo de recursos durante el tiempo que fue gobernador y que hay la intención de proceder judicialmente para que enfrente uno o varios procesos penales por cargos que le son imputados.
Lo más sonado es el contrato que suscribió y obliga a la ahora gobernadora Marina del Pilar Ávila a pagar una indemnización de seis mil millones de pesos a la empresa regiomontana Next Energy, como multa por no asegurar la construcción de un parque fotovoltaico en Mexicali.
Ese es, en entre otros, uno de los motivos por los cuales Bonilla Valdez no se resigna a perder la inmunidad que le otorga el pertenecer al Poder Legislativo.
