Tras el escándalo desatado por la publicación de los bienes que en Estados Unidos tiene José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la 4-T ha entrado en una crisis de la cual no sabe cómo salir.
A más de un mes de que el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a través de la agencia Latinus, fue el propio presidente quien mantuvo el tema en los medios.
En sus conferencias mañaneras difundió datos personales del periodista, acusando falsamente a empresas como Televisa de estarlo financiando. También lloró por el acoso que dice han sufrido sus hijos, y exigió al INAI investigar los bienes de todos los periodistas críticos del gobierno.
El mandatario está fuera de sus cabales, pues ya no disimula para violar flagrantemente todas las leyes y reglamentos establecidos en el país, con tal de desviar la atención sobre el tema del enriquecimiento inexplicable de su hijo y su familia.
No le importa haber friccionado las relaciones diplomáticas con Panamá, España, Austria o Estados Unidos, con el consiguiente daño para el país, con tal de que ya no se hable del comportamiento de sus vástagos.
El golpe contra su hijo José Ramón dio en la línea de flotación del discurso que durante décadas ha defendido el tabasqueño, al que siempre le ha ofendido la riqueza, pues considera que los ricos son corruptos.
Una de las frases más populares de López Obrador para ganar el voto de los necesitados, Fue: “Por el bien de México, primero los pobres”, aunque ahorita la que más le critican es la de: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. ¿No?
Su hijo demolió el discurso de austeridad republicana que cada mañana pregona su papá desde Palacio Nacional. José Ramón se negó a renunciar a los bienes materiales, y a no ser aspiracionista, pues eso de que la riqueza no da la felicidad, no va con él.
Raro, pero el control mediático se le fue de las manos a López Obrador. Tan fácil que hubiera sido ordenar al director de Pemex investigar el tema y, en caso de que hallara conflicto de intereses, tomar cartas en el asunto y ya.
El asunto hubiera muerto al tercer día y estaría enterrado.
Pero el presidente no está acostumbrado a dale la razón a nadie, y se aferró a defender a su hijo de lo indefendible. En esa tarea se enredó tanto, que al querer justificar que Joserra tiene ingresos propios, abrió un boquete a Grupo Vidanta, empresa de la familia de su colaborador Daniel Chávez.
Los Chávez afirman que el hijo es empleado de ellos desde 2020 en Houston, en el ramo de los bienes raíces, y asegura que presta sus servicios como abogado. Sólo que para litigar en los Estados Unidos se tiene que pertenecer a la Barra de Abogados, que por cierto no es nada fácil.
Para que la Barra apruebe a un abogado, lo hacen sufrir antes mucho tiempo. Además de ser un examen durísimo sobre Derecho, a los postulantes les exigen una amplia experiencia como litigantes auxiliares en ese país.
Obvio que ninguna de esas dos condiciones reúne el hijo mayor del presidente, por la sencilla razón de que nunca ha trabajado.
Andrés Manuel López Obrador
Quisieron justificar la renta de sus lujosas propiedades y la compra de vehículos de alta gama con el dinero de la esposa. Pero surgió el problema que, además de catalogarlo como mantenido, la casa que habitaron es propiedad de un contratista de Pemex, y obvio hay conflicto de interés.
Ahora las autoridades de EU investigan a la esposa y a la compañía donde laboraba como consultora, pues a raíz de que el padre de su esposo llegó a la Presidencia de México, los contratos para sus patrones estadounidense aumentaron considerablemente.
Por otra parte, ahora Vidanta, la empresa que utilizaron como fachada para que declarara que Joserra trabaja con ellos como abogado y que de ahí son sus ingresos, se enfrenta a un problemón, que será explicar cómo es que obtuvo la concesión para explotar por 15 años una isla en México.
El presidente sabe que lo de su hijo mayor es sólo las punta de iceberg, pues está claro que hay más temas de corrupción de su familia y colaboradores cercanos, y que no tardaran mucho en salir.
Por eso la urgencia de desacreditar a Loret de Mola, aunque nadie haya podido desacreditar ninguno de los datos que ha publicado en sus reportajes. López Obrador cree que golpeando al periodista, sus futuras investigaciones no tendrán credibilidad.
Nada más lejos de la realidad, pues en el tema ya se metió la prensa internacional y una buena parte de medios nacionales, a quienes no le va a ser tan fácil controlar. Y menos exigiendo que se les investigue, en lugar de ofrecerles protección ante tantos asesinatos en ese gremio.
Lo que el pueblo necesitaría saber es cuánto ganan,
de qué viven y cuánto pagan de impuestos los hijos y hermanos del presidente, que por ser funcionario público puede ser auditado.
No cabe duda que este es el golpe más fuerte que López Obrador ha recibido después de los videoescándalos de 2004, en los cuales sus colaboradores más cercanos fueron exhibidos tomando millones de pesos producto de la corrupción.
