El proceso para que los empleados contratados por outsourcing se integren a las empresas ha resultado peor de lo esperado ya que las condiciones laborales se precarizaron y no todo el personal alcanzó espacio formal en las empresas.

Octavio “B” trabajaba en el área de sistemas en Citibanamex desde hace tres años, entró a esta empresa bancaria por medio de una outsourcing y en ese tiempo, lo trataron como a cualquier otro empleado, no había distinciones más que en los montos del aguinaldo y prima vacacional, de ahí en fuera tenía los mismos derechos y obligaciones que el resto de sus compañeros durante la jornada laboral.

Desde que empezó a tomar fuerza el tema de la regulación outsourcing el año pasado empezaron a cambiar las cosas para ellos y en abril cuando se materializó “al que no le fue mal, le fue peor”, dijo.

“En diciembre vino el anuncio del recorte de personal subcontratado, no se fueron todos, algunos nos quedamos. A los compañeros que se fueron la empresa que los había traído quiso evadir la liquidación diciendo que Citibanamex era la responsable del despido y no ellos. Algunos demandaron y siguen en el litigio. El último día que trabajaron fue el 31 de diciembre”, añadió.

Para quienes sobrevivieron ya en este 2021 la situación no mejoró. La empresa les ofreció un contrato para continuar con su posición pero tras los despidos la carga de trabajo era mayor y al sueldo le aplicarían ahora una serie de descuentos por supuestas prestaciones.

“No hubo oportunidad de negociar nada, la oferta de la empresa fue solo una, la tomábamos o la dejábamos. Yo lo valoré mucho y decidí quedarme, tengo familia y necesito ingreso seguro, las prestaciones que prometen son buenas”, apuntó.

Aunque Octavio reconoce que no les fue mejor en la nueva modalidad de trabajo con la empresa bancaria, el único beneficio que le veían eran continuar con un empleo seguro en medio de la pandemia y la crisis económica a nivel mundial.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, señala a México como uno de los países miembros con un alto impacto en el desempleo derivado de la pandemia y prevé un panorama de empleo para lo que resta del año en números negativos.

En su informe más reciente identifica que aquí se tuvo una de las caídas de empleo más importantes de los países miembros, los ingresos promedio cayeron en un 11 por ciento, la tasa de desempleo pasó de 3.6 a 5.5 por ciento y sigue sin recuperarse.

En tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que en el segundo trimestre del año, el último reportado a la dependencia, alrededor del último trimestre reveló que a 575 mil trabajadores les redujeron el salario reportado.

Hubo también modificaciones a las primas de riesgo de trabajo en el momento de integrarse de manera formal a las empresas, lo cual es alarmante ya que el momento de crisis sanitaria en el país requiere que los trabajadores cuenten con toda la protección si es que se contagian de Covid19 en el centro laboral o camino a éste.

El detrimento en las condiciones laborales de los mexicanos encendió las alertas del IMSS quien anunció que buscará que las empresas compitan en el mercado con productos diferenciados y no abusando de los esquemas fiscales.

En un comunicado, el IMSS expuso que el universo de mexicanos subcontratados es de 5 millones de personas, de las cuales la mitad ya migró a esquemas formales con las empresas donde trabajaban.

Quienes lograron incorporarse a las empresas, el 50 por ciento tuvo mejoras salariales de entre 10 y 12 por ciento, pero aún así no igualan los salarios de quienes contratados antes por la empresa habían asignado, lo que refleja que bajo el outsourcing percibían menos.

El universo de los trabajadores a quienes les ha ido peor se calcula en un 23 por ciento del total y las empresas responsables van a ser revisadas por la autoridad con el objetivo de identificar las causas y en caso de que representen un abuso sancionarlo y buscar resarcirlo.

Normal López, directora de Incorporación y Recaudación, dio a conocer, en el 27° Foro Nacional de Especialistas en Seguridad Social, dijo que el gobierno trata de apoyar a las empresas para que la migración de los empleados sea agil y conforme a la ley y para  facilitar al sector empresarial el cumplimento de las obligaciones en materia de sustitución patronal redujeron a más de la mitad los requisitos para realizar las contrataciones.

“Con ello, el mecanismo habilitado por el IMSS permite cumplir con las disposiciones de la reforma de manera digital, a través del escritorio virtual del Instituto o de manera presencial en sus Subdelegaciones”, expuso.

El IMSS aseguró que la reforma laboral busca también acabar con los abusos en temas fiscales por parte de los patrones por lo que están a la caza de las empresas que están reportando reducciones en el salario, las cuales también pueden deberse a la práctica en la que “reducen ilegalmente los pagos de cuotas obrero patronales, ya sea declarando un salario base de cotización inferior al real o reduciendo la prima del seguro de riesgos de trabajo que en realidad les corresponde. Este tipo de prácticas, que atentan contra los derechos de los trabajadores y las empresas cumplidas, no se van a permitir”.

En estos casos, la empresa ofrece “por fuera” bonos y compensaciones que en su conjunto elevan el ingreso del trabajador, incluso por encima de lo que recibía cuando estaba subcontratado, pero el la pandemia por Covid19 puso sobre la mesa el riesgo de aceptar este esquema de contratación, pues quienes enfermaron y requirieron incapacidad ya sea la regular como la de riesgo de trabajo, el monto recibido, correspondiente al reportado por la empresa ante el IMSS fue ínfimo.

Prorrogan entrada en vigor de la prohibición

Un mes más fue el plazo que extendió el Congreso (previa venia del presidente Andrés Manuel López Obrador) para que las empresas cumplan con las nuevas disposiciones legales en torno a la subcontratación dado lo complejo que resultó que absorbieran al personal de outsourcing, el reconocimiento formal de la necesidad de personal bajo esta modalidad y el riesgo de despidos que implicaba apresurar la medida.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de la Unidad de Trabajo Digno, indicó que las empresas deben realizar la sustitución patronal para recuperar las plantillas de trabajadores que se encuentran en outsourcing o insourcing y reportó que al corte del 24 de junio apenas 8 mil centros de trabajo habían solicitado su inscripción en el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE).

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los plazos establecidos en Reforma Laboral aprobada el pasado 21 de abril eran inviables por el momento y accedió a gestionar la prórroga correspondiente.

“Los empresarios nos pidieron una prórroga de un mes porque les lleva tiempo el que se ajusten a la nueva circunstancia, es muy probable que en el Congreso se resuelva esta ampliación. Nosotros lo vemos bien porque si es para que se puedan preparar, ajustar a la nueva ley, y que no haya la subcontratación”, señaló en la conferencia mañanera del pasado 21 de julio.

A la par, los senadores Ricardo Monreal del partido Morena y Kenia López Rabadán, del PAN, por separado, anunciaron propuestas al respecto.

Monreal sugiere una prórroga al 1 de septiembre para que entren en vigor de manera oficial las reformas al Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la ley del impuesto al Valor Agregado y el resto de los ajustes legales que se aprobaron en abril.

Con ello, se amplía el plazo para que las empresas se den de alta en el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de personas físicas y morales que proporcionan servicios de subcontratación, contratar a los empleados que tenían en esta modalidad y dar de baja los registros patronales anteriores.

El argumento del senador era que las empresas no han podido concluir los trámites en su totalidad lo que significa que al entrar en vigor solo los registrados continuarán y el resto deberá prescindir del servicio de los demás empleados

“En tal virtud, después de haber escuchado a varios de los principales actores participantes, con los que me he reunido en los últimos días he considerado conveniente la necesidad de proponer una iniciativa que amplíe el plazo del 1 de agosto a septiembre y con ello permitir una mejor ejecución de las medidas que contiene la reforma aprobada. Presentaré una iniciativa que proponga modificar este artículo Transitorio, el Primero del decreto referido y con ello aumentar 30 días más el plazo para su entrada en vigor, el cual quedaría para el primero de septiembre de 2021″, señaló el legislador.

Según el analista en Seguridad Social, Emilio Solis, la extensión del plazo propuesta por Monreal tendría implicaciones para la  deducción para ISR y acreditamiento para IVA.

“No da tiempo, desde el primer momento el sector privado reconoció que no le daría tiempo de realizar todos los trámites para hacer los ajustes. El tema es más complejo de lo que parece y de no darle el tiempo suficiente a las empresas podrían haber miles de trabajadores desempleados”, expuso en entrevista para RS.

Por su parte, la senadora panista, López Rabadán planteó ampliar el plazo hasta el 1 de enero del 2022 ya que las empresas han tenido problemas técnicos para el registro y la autoridad competente no les ha resuelto los inconvenientes y de mantenerse como fecha límite el 1 de agosto se corre el riesgo de que desaparezcan junto con los empleos que generan.

“Esta iniciativa busca un trato justo para las empresas de modo que estas tengan el tiempo suficiente para realizar todos los ajustes que esta reforma conlleva y así afectar lo menos posible sus operaciones; ayudarles a no caer en la incertidumbre jurídica, o peor aún, que desaparezcan junto con los puestos de trabajo que de ella dependen”, expuso en la iniciativa que no prosperó.

La panista detalló que el objetivo inicial de las reformas al marco legislativo laboral pretendían combatir el outsourcing y los abusos y permisividades que algunas empresas realizan, pero una realidad es que son pocas quienes lo cometen y la mayoría que ofrece estos servicios lo hace de manera regular y legal, y están dispuestos a regularse pero el proceso cada vez es más complicado.

Como ejemplo, citó a empresas que han presentado problemas técnicos durante el registro en la plataforma de la STPS, otras han padecido con la firma electrónica ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT, que dada la pandemia no otorga citas para atención individual y en línea no tienen la capacidad para resolver los inconvenientes.

Ambas propuestas fueron puestas a consideración del Congreso de la Unión y dependerá de la que apoyen alguna o las fusiones para determinar la nueva fecha límite, así como los apoyos logísticos o legales que tendrán las empresas para concluir el trámite.

Al respecto, José Medina Mora, presidente de Coparmex Nacional dio la bienvenida al mes de prórroga, que aunque consideran insuficiente, les permitirá avanzar lo posible en los trámites.

El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que acatará y apoyará el aplazamiento dictaminado por el Congreso para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de sus familias, así como apoyar a patrones o sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.