Los registros son instituciones dotadas de fe pública que brindan seguridad jurídica a los otorgantes de los actos, sus causahabientes y terceros, mediante la publicidad y la oponibilidad de los actos jurídicos que reconocen, los cuales son hechos con relevancia jurídica.
Según su competencia territorial, en nuestro país existen dos tipos de registros: los locales, creados por la potestad de las legislaturas de los estados, cuya autoridad se encuentra restringida al ámbito de los mismos, como el Registro Civil, y los federales, que se encargan de dar publicidad a los actos o hechos de competencia federal. De ellos son ejemplos el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) y el Registro Agrario Nacional (RAN).
El Registro Público de la Propiedad es la institución mediante la cual los gobiernos locales, como el de la Ciudad de México, dan publicidad a los actos jurídicos que, conforme a la ley, precisan ser anotados en el mismo para surtir sus efectos ante terceros, con la finalidad de dar mayor estabilidad y amplia garantía al derecho de propiedad sobre bienes inmuebles.
Es importante señalar que en nuestro sistema jurídico el registro es obligatorio sólo para surtir efecto frente a terceros, no para los contratantes, pues para ellos el acto jurídico ya existe desde el momento de su perfeccionamiento, por lo que en estos casos la anotación sólo se efectúa de manera voluntaria cuando el titular del derecho de propiedad solicita la inscripción correspondiente.
La función del Registro Público de la Propiedad es dar a conocer cuál es la verdadera situación jurídica de un inmueble, tanto en relación a su propietario como respecto a las cargas y derechos reales que pueda reportar. Sus servicios son de gran utilidad y se realizan por medio un sistema informático integral, de captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación y transmisión de la información contenida en su acervo.
La finalidad del RPPC es esencialmente dar publicidad a los actos jurídicos, ya sean efectuados por particulares o por autoridades, y además está obligado a expedir copias certificadas de las inscripciones o constancias que figuran en sus folios, y certificaciones de existir o no asientos relativos a los bienes, por lo que es posible verificar la titularidad de cualquier bien antes de comprarlo, lo que genera seguridad jurídica para hacer transacciones inmobiliarias o crediticias, pues a través de dicha institución se conocerán las características del inmueble, sus limitaciones, gravámenes, afectaciones, etcétera.
Así las cosas, las implicaciones jurídicas y económicas del Registro Público de la Propiedad son tan importantes que si éste no funciona eficaz y adecuadamente, se pone en riesgo la seguridad jurídica de los usuarios y junto con ella nuestro orden normativo, pues una de las finalidades principales del Derecho es garantizar la seguridad jurídica.
Esta institución se encuentra a tu servicio, úsala y no dudes en realizar tus preguntas en el portal de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (www.consejeria.cdmx.gob.mx ), en el apartado especial del Registro Público de la Propiedad y de Comercio CDMX, o bien puedes acudir a sus oficinas ubicadas en Calle Villalongín 15, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, D.F.
Así es el Derecho.
