Investigaciones especiales

Hasta 2022 nuevo reparto de utilidades

Nuevos lineamientos para reparto de utilidades tienen intenciones recaudatorias, asegura sindicato minero

El nuevo cálculo para el reparto de utilidades aprobado por el Congreso será aplicable hasta el siguiente año y en este mes (a más tardar el día 30), cuando se entrega a los trabajadores parte de las ganancias obtenidas por la empresa, se basarán en la fórmula del 10 por ciento establecida por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) aclaró que las reformas a la ley del trabajo no son retroactivas por lo que aplicarán hasta el siguiente año bajo el criterio de tres meses de salario como límite o el promedio de participación recibida en los últimos tres años.

Luisa María Alcalde, titular de la dependencia, informó que los cambios hechos a la ley entrarán en vigor hasta el mes de agosto.

“Ningún sector y ningún trabajador se verá afectado, pues aquellos sectores que recibían por encima del promedio seguirán recibiendo lo mismo este año”, señaló.

Aunque la medida fue anunciada como un gran avance para los ingresos de los trabajadores, hay muchos sectores laborales para los que resultará contraproducente el nuevo cálculo previsto en la ley por lo que algunos sindicatos ya preparan demandas legalmente para evitar verse afectados con la medida, mientras que otros recurrirán a las llamadas garantías de utilidades, para pagar lo mínimo, bajo el argumento de que durante la pandemia no hubo ventas y menos ganancias.

Tal es el caso de los trabajadores mineros en cuyas empresas las utilidades generadas están por encima de los nuevos topes establecidos por el legislativo de máximo tres meses de salario y no el proporcional a los días trabajados y el salario recibido.

Carlos Pavón, Secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, FRENTE, explicó que su sector es uno de los más afectados.

“Somos uno de los sectores que nos va a afectar bastante, este año íbamos a recibir entre 70 y 120 mil pesos que es mucho mayor que es lo que establece el tope de la reforma”, indicó Pavón.

Advirtió que la reforma realizada en el Congreso de la Unión es anticonstitucional y criticó que haya sido el legislativo quién se haya inmiscuido en temas que atañen al entorno laboral, por lo que advirtió que emprenderán acciones legales para revertirlo o al menos evitar que en su sector impacte de manera negativa a los trabajadores.

“Vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad porque en este apartado de las utilidades (la Constitución) mandata una comisión tripartita entre gobierno, trabajadores y patrones para determinar el monto, a partir del 10 por ciento de las utilidades ganadas por la empresa, lo cual ya no va a ocurrir”, expuso a RS Sindical.

Otro punto delicado en los nuevos lineamientos para el reparto de utilidades son los impuestos gravables que se elevan a impactan de manera negativa al trabajador.

Aunque las reformas a los diferentes ordenamientos legales relacionados con los trabajadores presuntamente contaron con el aval de patrones, sindicatos y el gobierno, Pavón, quien también es diputado federal por el PRI, dijo que no fue así y al igual que con otras iniciativas que manda el gobierno federal, a ésta no se le movió nada pese a ser inoperante, contraproducente o violatorio de la Constitución.

“Las reformas que manda la Presidencia jamás se le quitan un punto o una coma si no se le autoriza, esté como esté, ya ven lo de la pasada reforma que hubo (a la ley de Hidrocarburos) la tumbaron, yo siento que ésta tiene muchos elementos para también tumbarla”, señaló.

“Se legisló al vapor porque el presidente (Andrés Manuel López Obrador quería tener algo para anunciar el 1 de mayo, esa fue la urgencia, no sentarse a discutir o a ver cómo le hacían. Solo quería presentarlo como un gran logro, pero en verdad es un gran deterioro”, apuntó.

Reconoció que hay años que no les va bien a las empresas y los trabajadores reciben menos utilidades, pero otros donde a todos les va mejor.

“Hace años se entregaron 450 mil pesos de utilidades, tuvimos que hacer declaración todos los trabajadores porque sobrepasamos los límites que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto va de acuerdo al negocio de las empresas, de lo que gane el 10 por ciento es para los trabajadores y ahora no”, dijo Pavón.

La Constitución establece que si los trabajadores no están conformes con el reparto de utilidades pueden impugnar ante la SHCP que se convertía en el abogado de los trabajadores contra la empresa, lo cual ya no ocurrirá.

Aseguró que la afectación de las nuevas disposiciones para el reparto de utilidades será para al menos el 35 por ciento de quienes laboran formalmente y reciben este beneficio, mientras que a todos les impactará en términos fiscales.

“Ésta fue una reforma recaudatoria porque habrá más dinero para el Seguro Social, más dinero para el Infonavit y más dinero para Hacienda. La expectativa general es que se repartan 56 mil millones de pesos, pero ahora con el nuevo esquema se van a repartir 152 mil millones, calculen el 30 por ciento de impuestos”, reclamó.

Garantía de utilidades

Una práctica común en muchas empresas es que reportan cero ganancias o cambian de razón social para beneficiarse de la condonación de utilidades que le permite la ley en el primer año. La transnacional Volkswagen está haciendo uso de una de éstas.

Según reportes del Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen de México, en el Contrato Colectivo de Trabajo está contemplada la llamada garantía de utilidades, que aplica cuando la empresa no haya tenido ganancias en el ejercicio del año anterior y a los trabajadores se les entrega solo un monto mínimo.

A su vez, el sindicato reportó que está por lograr el pago de utilidades adicionales que en el año 2015 debieron pagar a los trabajadores de ese momento y que no hicieron.

Tras un acuerdo con la empresa los trabajadores que estuvieron en activo en ese año e incluso ya hayan salido de la empresa pueden solicitar el pago correspondiente, según señala un comunicado del sindicato.

La deuda que tenía la empresa con los trabajadores se debió al fallo que emitió el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tras la denuncia del sindicato a la revisión de cuentas del ejercicio 2015, en la que determinó que había un faltante de pago, por concepto de utilidades a los empleados por un monto de 293 millones de pesos, por lo que debía pagarse adicionalmente a lo ya repartido, a todo el personal.

Volkswagen intentó impugnar la medida mientras que el sindicato emplazó a huelga en dos ocasiones por el hecho, logrando al fin el acuerdo para el pago excedente de las utilidades.

¿Qué son las utilidades?

Para quienes trabajan en empresas formales el término de “utilidades” es común y a veces ansiado en el mes de mayo de cada año.

El término se refiere a las ganancias que obtiene la empresa a lo largo del año y que por derecho constitucional tienen que repartirse entre los empleados con al menos 60 días de antigüedad.

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 117 establece que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

La proporción que hasta el año pasado se establecía era del 10 por ciento del total de utilidades se repartía entre los trabajadores, ponderando la cantidad de días trabajados y antigüedad, sin embargo, tras las reformas hechas al marco legal laboral en México el porcentaje se traduce ahora en mínimos y máximos de asignación.

Los trabajadores que no tienen derecho a recibir utilidades son los directores, administradores, gerentes generales, socios o accionistas, trabajadores eventuales, profesionistas y técnicos que hayan recibido el pago mediante honorarios, así como quienes trabajen en el hogar.

En tanto, las empresas que no están obligadas a dar utilidades a sus trabajadores son las de nueva creación durante su primer año de operaciones, pero si se dedican a la elaboración de un producto nuevo quedan exceptuadas hasta los dos primeros años de funcionamiento.

Tampoco participan en las utilidades las instituciones de asistencia privada que no tengan fines de lucro, el IMSS o las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencias, así como las empresas cuyo ingreso anual declarado al ISR sea menor a 300 mil según información de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Dicha institución informó que la fecha límite de entrega para que las empresas paguen es el 30 de mayo, mientras que para las personas físicas con actividad empresarial se extiende hasta el 29 de junio e invita a los trabajadores a denunciar si no lo reciben al correo inspeccionfederal@stps.gob.mx.

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