Tempestad que no cesa
La conjugación de diversos factores, entre ellos la pandemia de COVID-19 en los últimos quince meses y el entorno político, presentan un panorama patético para la clase trabajadora mexicana. Es como una embarcación que navega a la deriva.
En medio de la plaga se interrumpe el desfile del Día del Trabajo, pero en la República Mexicana siguen en la brega trabajadores del sector salud, corporaciones de seguridad pública, bomberos, recolectores de basura, personal que labora en panteones, sistemas de suministro de agua potable, drenaje, parques y jardines, transporte colectivo y muchos otros servicios.
Además del confinamiento, el trabajo desde casa, cierre de empresas, despidos colectivos, quiebra de comercios, desempleo, reducciones salariales, disminución de horarios de trabajo, impacto negativo en el sector turístico, incremento del comercio informal, parálisis del sistema productivo, actividades educativas suspendidas y más, mucho más.
De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa anual de desocupación subió un punto porcentual en marzo a 3.9%, desde el 2.9% de un año atrás. El mayor desempleo lo registraron los estados de Quintana Roo con 7.8%; seguido de Ciudad de México con 3.8%; Tlaxcala y Nuevo León con 3.7%.
Según el INEGI el número de la Población Económicamente Activa (PEA) para marzo de este año fue de 57.2%, una caída de 2.6% contra el 59.8% de hace 12 meses, es decir, que hubo personas que dejaron de buscar empleo, por lo que la tasa de desocupación real es más alta.
De acuerdo con la encuesta del INEGI el estado con mayor ocupación o menor desempleo, lo tuvo en marzo, Oaxaca con una taza del 1.2%; le siguieron Veracruz y Colima con el 1.9%; Morelos y Nayarit con 2%.
Entre los datos que se destacan, es la tasa de subocupación, la que mide a las personas que tienen trabajo pero que cuentan con menos horas que las que se consideran para una jornada completa y por consecuencia una menor paga, que aumentó a 13.2%, desde el 9.1% de marzo de 2020, lo que significa un aumento de 4.1%, aunque es la menor cifra en términos mensuales desde abril del año pasado.
El sector con el mayor número de PEA fue el terciario con el 61.1%, siendo el comercio el que más personas empleó con el 18.9%.
Con 25.1% de la PEA el sector secundario, donde la industria manufacturera participa con el 16.6%, seguido de la construcción con 7.8%.
Y el sector primario, que es la agricultura, ganadería, caza y pesca, registró una participación de 13.3% del total de la ocupación.
El mes de marzo la población ocupada incrementó en más de 700,000 personas, pero la recuperación se presentó únicamente en el empleo informal.
El mercado laboral reflejó por segundo mes consecutivo las mejores condiciones de la economía tras un año de pandemia y registró un nuevo aumento entre la población ocupada. Sin embargo, el avance se dio a costa de la calidad del empleo y todos los trabajos generados en marzo se dieron en la economía informal.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada tuvo un incremento de 761,866 personas en el tercer mes del año, para alcanzar un total de 53.8 millones. Este incremento redujo la tasa de desocupación a 3.89%, después de haberse ubicado en 4.37% en febrero, el nivel más bajo en lo que va del año, pero un punto más de lo reportado hace un año.
INFORMALIDAD ROBUSTECIDA
INEGI también estableció que de los 12.5 millones personas que salieron de la fuerza laboral hace un año por el cierre de actividades económicas no esenciales ante la pandemia, 10.6 millones ya han retornado a una ocupación. Los datos de la ocupación en marzo reflejan un avance, pero también en la precariedad laboral.
El empleo informal fue el único renglón que tuvo un aumento. En el mes pasado, 1.2 millones de personas se sumaron a esta condición, mientras que el empleo formal vio la salida de 354,498 trabajadores. Esta combinación llevó la tasa de informalidad a 56.8%, el nivel más alto desde febrero de 2019.
El contraste entre ambas tasas, muestra que la informalidad no sólo fue el destino de los empleos que se crearon en marzo, también algunas personas que laboraban en la formalidad pasaron a este rubro de la ocupación.
Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en marzo se crearon 88,771 plazas, por lo que el déficit del empleo formal en el tercer mes del año podría ser un indicador de una reducción de la planta laboral en las dependencias gubernamentales.
La tasa de subocupación, otro indicador de precariedad, tuvo una reducción de 13.9 a 13.2%, aunque representa un avance en comparación con los meses críticos de pandemia, cuando llegó a abarcar al 25.4% de la población ocupada, se encuentra aún lejos a los niveles previos a la crisis, con 9.1 por ciento.
El aumento de la población ocupada no fue generalizado si se observa el comportamiento por actividad económica. El sector que más ganó, fue el primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) con un aumento de 758,000 trabajadores, casi la misma proporción del incremento de las personas ocupadas. El sector terciario o también conocido como sector de servicios, reportó un aumento de 526,000 empleos, la mitad de estos en las actividades restauranteras y de alojamiento. Esta dinámica compensó la pérdida de 552,911 puestos de trabajo en el sector industrial (secundario).
Con ese entorno, este año, como el pasado, las centrales obreras y sindicatos se han visto impedidas de manifestarse para celebrar el tradicional Día del Trabajo en las 32 entidades del país.
El Congreso del Trabajo, cuya imagen podría proyectarse desde sus instalaciones que se encuentran semi abandonadas está en la celebración de 55 años de haber sido fundado.
Considerado como el organismo representativo del movimiento obrero organizado de México, fue constituido por la asamblea nacional revolucionaria del proletariado mexicano el 18 de febrero de 1966, siendo su primer presidente el licenciado Antonio Bernal Tenorio, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.
DETERIORADO
Devastado físicamente, invadidos sus alrededores por comerciantes ambulantes y tiraderos de basura, el edificio que ocupa es un signo revelador del abandono que sufre la clase obrera mexicana.
En la actualidad es solamente un símbolo que recientemente acaba de renovar su dirigencia, y en la funcionalidad dista mucho de lo que significó hace un par de décadas.
El Congreso del Trabajo aglutinaba a las más poderosas centrales obreras encabezadas por la Confederación de Trabajadores de México, central que está dominada por un anquilosamiento evidente.
Podría decirse que el deterioro de su edificio proyecta una imagen del agotamiento de los sindicatos de trabajadores en nuestro país. Cuando tuvo lugar fundación, los sindicatos que lo integraban exhibían en un enorme poderío que se ha ido desgastando.
Ahora con el cierre empresas y la quiebra que afecta a pequeños y medianos inversionistas, el número de trabajadores sindicalizados ha disminuido notablemente.
Al igual que algunas de las organizaciones sindicales que lo integran, el Congreso del Trabajo dejó de ser combativo y perdió la fortaleza que le caracterizaba.
Incluso la mayor parte de la clase trabajadora desconoce las funciones y derechos que los obreros y trabajadores gozaban cuando el organismo se encontraba en plenitud.
El Congreso del Trabajo fue creado durante el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Largos son sus antecedentes.
Una vez que fue superado el movimiento ferrocarrilero, durante la administración de Adolfo López Mateos en 1960, surgió la Central Nacional de Trabajadores (CNT), con el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM), la Federación de Obreros Revolucionarios (FOR), la Unión Linotipográfica de la República Mexicana y otras más.
También existía el Bloque de Unidad Obrera (BUO) que encabezaba la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Bajo la tesis de que hubiera unidad en los trabajadores crearon el Congreso del Trabajo (CT), donde obreros sindicalizados fueron agrupados con los sindicatos de burócratas de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
El CT no nació con una dirección o presidencia, sino con una comisión coordinadora formada por 10 subcomisiones, con posibilidades de aumentar, la primera de ellas significativamente llamada encargada del despacho, y que en realidad cumplía las funciones de presidencia del CT.
Con esta extraña estructura se garantizaba, según sus fundadores, que no habría una dirección propiamente dicha y que todas las subcomisiones tenían el mismo nivel, igual fueran de asuntos femeniles o juveniles que de organización o de finanzas.
Cada seis meses serían elegidas las cabezas de las subcomisiones, incluyendo la encargada del despacho, y se repartían el cargo los mismos, que eran por principio heterogéneos ya que unos eran dirigentes de grandes centrales de trabajadores y otros de sindicatos nacionales de industria y hasta de alianzas de trabajadores específicos como la de tranviarios.
Varios de los sindicatos, federaciones y demás eran parte de la poderosa CTM, pero tenían representación separada en el Congreso del Trabajo. Éste fue, por lo tanto, una organización techo que, dicho sea de paso, nunca hizo nada más allá de ejercer un relativo control de unos, los más fuertes, sobre los demás.
A 55 años de haberse fundado, con un edificio poco menos que abandonado y un movimiento obrero casi inexistente como tal, el Congreso del Trabajo es una especie de elefante Blanco, reumático y sin avances en favor de la clase trabajadora.
Desde 1915 los trabajadores de México se encontraban agrupados en la “Casa del Obrero Mundial” (por cierto hoy abandonada, en la inmundicia, invadida y prácticamente inexistente), eso facilitó que en ese año se firmara un pacto de solidaridad y apoyo mutuo; creándose los denominados batallones rojos que contribuyeron a concretar un movimiento social que se comprometía a integrar en la constitución el artículo 123 que reivindica los derechos fundamentales de los trabajadores.
Fue en 1918 cuando nace la primera organización sindical nacional denominada C.R.O.M (Confederación Regional Obrera de México) que en ese momento agrupó a la mayoría de los sindicatos que se habían conformado a lo largo y ancho del país.
En los años 20’s surge la C.G.T. (Confederación General de Trabajadores) y una década después se genera la idea de unificar a los trabajadores en un gran agrupamiento, dando lugar al surgimiento de la CTM (Confederación de Trabajadores de México), que se forma para los grandes sindicatos de la industria y diversas federaciones regionales.
Paralelamente nace la F.S.T.S.E. (Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado).
En los años 50’s aparece en el medio sindical la C.R.O.C. (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos).
En el inicio de los años 50’s y hasta finales de los 60’s, se conformaron dos grandes bloques donde se concentraban la mayoría de las organizaciones sindicales.
El primero denominado B.U.O. (Bloque de Unidad Obrera), cuyos inicios datan de 1953 aunque su constitución se formalizó en marzo de 1955, conformado por las organizaciones: CTM, CGT, FSTSE, STFRM, SNTSS, telefonistas, mineros, CROM, petroleros, FTDF, ANDA, ATM y STPCRM.
El segundo denominado C.N.T. (Central Nacional de Trabajadores), se constituyó a finales de 1960, conformada por las organizaciones: CROC, STERM, FOR, FROT, SME, FNC, ULRM.
En ambos bloques y ante el entorno político social y sobre todo el laboral, concluyeron en que debería realizarse un esfuerzo de unidad.
Estos grandes grupos sindicales hacen un llamado a la primera asamblea nacional revolucionaria del proletariado mexicano. La función de estos dos organismos (B.U.O. y C.N.T.) dieron paso al nacimiento del Congreso del Trabajo, siendo así el organismo más sólido y duradero de la unidad sindical.
Este organismo obrero estableció su lucha por reivindicar los derechos de los trabajadores como la prioridad y razón de ser de su gestión.
Para cubrir este principio, el congreso del trabajo apoyó en su oportunidad la creación de diversas instituciones llamadas del sector laboral, tales como: el Infonavit, el Fovissste, el Fonacot, la Profeco, el Conampros, el Banco Obrero, el Ceduct y el Indet.
En lo jurídico, el Congreso del Trabajo hizo posible la expedición de nuevas leyes y modificaciones constitucionales en materia de vivienda, salud, economía, igualdad política de la mujer, el derecho al trabajo, protección de los derechos de los trabajadores bancarios.
La creación del Congreso del Trabajo destacaba realizar un proyecto de unidad existente, cristalizar un proyecto político del Estado, siempre interesado en integrar a los núcleos fundamentales de la clase obrera mexicana en un sólo organismo, fortalecer las bases sociales del propio Estado y del sistema político mexicano, ampliar el poder de negociación del movimiento obrero ante los patrones y el Estado y una sólida cohesión de las estructuras corporativas del sindicalismo.
En la actualidad el Congreso del Trabajo agrupa a 54 organizaciones sindicales, que aglutinan poco más de 10 millones de trabajadores en todo el país. Entre ellas destacan: la Confederación de Trabajadores de México, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la Confederación Regional Obrera Mexicana, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, la Confederación Obrera Revolucionaria, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit y la Confederación de Trabajadores y Campesinos, entre otras.
La directiva del Congreso del Trabajo está integrada por 18 comisiones permanentes y la comisión autónoma de honor y justicia.
La filosofía del organismo contempla cuidar, defender y hacer crecer el legado de los mártires de Chicago, de Cananea, de Río Blanco, y de todos aquellos que han luchado por mejorar la calidad de vida del trabajador.
La trayectoria política y laboral del Congreso del Trabajo (CT) ha tenido incidencia en sus relaciones con el Estado y el conjunto de los asalariados mexicanos. Por lo que en la actualidad el funcionamiento y su operatividad están distantes del sector gubernamental.
Los principios rectores, que se ven rezagados ante un organismo que prácticamente se encuentra en desuso, requieren de actualizaciones que le den vigencia y dinamismo.