Gómez Urrutia se aferra a los amparos para no pagar mineros de Cananea

Sin salida, al menos así parece que estará Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMSRM), ante el fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que lo obliga a pagar 55 millones de dólares a los mineros de Cananea a quienes no entregó la indemnización que pagó Grupo México cuando adquirió la mina.

El robo del dinero que era para alrededor de 10 mil mineros ocurrió hace 15 años y el evidente manejo irregular de éste lo llevó a exiliarse en Canadá y aunque pudo regresar a México en el 2018 bajo el manto protector del fuero que otorgó el partido Morena, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el último laudo, calificado como megalaudo, lo señala por primera vez como obligado solidario del hecho y de no pagar, sus bienes serán embargados hasta que cumpla con la sentencia.

“Los compañeros mineros, por parte de los abogados, empezarán a reclamar un embargo precautorio para cubrir los 54 millones de dólares que son poco más de mil millones de pesos mexicanos”, indicó en entrevista con RS, Carlos Pavón, Secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, FRENTE, lo que presionará a Gomez Urrutia para pagar.

La Junta Especial no.10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió el pasado la sentencia que ya no puede ser impugnada, aunque los abogados de Gómez insistan en encontrar la vía de hacerlo.

El documento de 250 páginas que forma parte del expediente 498/2007 sentencia que el SNTMSRM y “el licenciado Napoleón Gómez Urrutia, ambos como responsables solidarios, para hacer efectivo a favor de cada uno de los actores, el derecho a beneficiarse de la distribución proporcional de la cantidad de 54 millones 84 mil 470.90 dólares.

Dado que el sindicato argumentó en su momento que sí entregó 23 millones de dólares a los trabajadores, que representan el 42 por ciento del total, este nuevo laudo en la cláusula séptima los obliga a presentar la lista de quienes fueron, con el objetivo de identificar a quienes faltan, lo que puede exhibir al sindicato y su líder a la mentira que sostienen para encubrir el desfalco o en caso de ser cierto, descartar a quienes en su momento sí recibieron el dinero para que no se les entregue por segunda ocasión.

En el caso de los mineros que ya fallecieron, la ley establece que son sus familiares quienes recibirán el beneficio de indemnizaciones u otros pagos que hayan estado en disputa.

“Las familias tienen el derecho que creó el compañero que ya falleció, es como las empresas, si fallece el trabajador la familia se lo queda y para quienes alega Napoleón que ya pagó, pero no se sabe a quién y cómo se dice ‘si pagó mal, paga dos veces’ porque dispuso de un dinero que no le correspondía”, precisó Pavón.

Establece el inicio de un “incidente liquidación” que permita identificar a los trabajadores que serán beneficiados y el cálculo proporcional correspondiente a cada uno.

“Vendrá un proceso de comprobar quienes son los que tienen el derecho y la JFCA vigilar que se cumpla con el laudo que emitieron, por tercera ocasión. Los beneficiarios serían quienes comprueben que trabajaron en Cananea desde 1989, más o menos”, señaló y consideró que la empresa Grupo México podría apoyar con la información porque fueron sus trabajadores y sería un gran apoyo para que la Junta tenga la lista clara de quienes tienen derecho.

Toda esta historia de lucha por la defensa de los derechos, desfalco descarado, robo e impunidad empezó en 2004, cuando se privatizó la mina de Cananea, al noreste de Sonora, y los trabajadores, representados por el SNTMSRM presionaron a la empresa Grupo México, la nueva dueña, a pagar lo correspondiente al 5 por ciento de las acciones, que por contrato y la ley, le correspondían a los mineros.

La negociación, según cuentan quienes estuvieron al tanto de los hechos en ese momento, fue tensa y el sindicato realizó dos huelgas para presionar a la empresa. Al final lograron el pago de 55 millones de dólares que Grupo México entregó al sindicato que a su vez, debería repartirlo a los trabajadores.

La cantidad era tal que se creó un fideicomiso F/9645-2 en el banco Scotiabank Inverlat, donde se resguardó para poderse entregar después a los trabajadores, pero eso no ocurrió, los mineros que ya no trabajaban en Cananea ni trabajo, ni indemnización porque el sindicato no les entregaba nada, solo les daban largas en los trámites.

Napoleón Gómez Urrutia, en su calidad de líder del SNTMSRM era de los únicos facultados para la operación del fideicomiso y ordenó, según la versión del banco, el retiro del dinero de manera paulatina.

Los afectados reclamaron en ese momento no haber recibido la indemnización y como la empresa ya había pagado, lo que los reflectores se centraron en el sindicato y su líder, ellos tenían el dinero.

En su momento, las razones expuestas por el sindicato fue que se habían utilizado como parte de las actividades propias de la organización pero para el 2010 la Procuraduría General de la República ya investigaba el desvío de dichos recursos, lo que contradecía las explicaciones dadas a los trabajadores de parte del sindicato.

“El dinero lo pagó la empresa, entró a las cuentas del sindicato que tenía en el banco pero desapareció al retirarse para otras cuentas”, refirió Pavón y tal procedimiento fue documentado por la autoridad judicial, por lo que no hay forma de que Gómez Urrutia diga lo contrario.

Mientras eso ocurría en el banco y los mineros esperaban su dinero víctimas de las explicaciones dilatorias de los representantes, vino la explosión en la Mina Pasta de Conchos donde murieron 65 mineros afiliados al sindicato de Gómez Urrutia, cuyos cuerpos quedaron enterrados y familiares y trabajadores señalaron al sindicato y a Urrutia por no haber velado por mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores, ni haber hecho nada para recuperar los cuerpos en su momento, ni para que se castigara a los responsables.

Ambos hechos lo tenían en la mira como líder sindical, por lo que salió del país y vía Estados Unidos huyó a Vancouver, Canadá donde se mantuvo por 15 años en un autoexilio que impidió que la justicia actuara en su contra.

Según declaraciones de Juan Luis Zúñiga, ex primer vocal del Consejo de Vigilancia del sindicato liderado por Gómez Urrutía, hechas al periodico Reforma, varios de los dirigentes fueron cómplices en el saqueo del fideicomiso, funcionaban como “mulas” al hacer los retiros del banco y llevarle en dinero en efectivo a Canadá, donde se mantuvo autoexiliado.

Detalló que llevaban 9 mil 900 dólares cada uno para cumplir con el máximo autorizado y no levantar sospechas del traslado del dinero. Así, poco a poco, fueron vaciando la cuenta.

En dichas declaraciones, reveló que el sindicato minero que en su momento fue el más poderoso del sector y con la mayor cantidad de agremiados tenía como modus operandi habitual amenazar a las empresas mineras con huelgas, cierres y hasta peticiones incoherentes en los Contratos Colectivos de Trabajo a cambio de sumas en efectivo que siempre se manejaban en millones de dólares.

“Nos tocó chantajear a las empresas para que apoyaran la causa con 20 mdd por compañía. También nos tocó juntar la lana para los abogados; se les daban 3 o 4 mdd. ¿De dónde salían? Pues de chantajes en Cananea, Taxco y Sombrerete. A mí me tocó en Cananea, pedimos pendejadas en el contrato colectivo con la amenaza de que, si no cumplían, nos íbamos a huelga”, explicó Zúñiga al periódico Reforma.

Sindicato se aferra

RS solicitó la postura de Gómez Urrutia sobre la sentencia del megalaudo, pero fue negada por su equipo bajo el argumento de que el litigio aún continúa pues piensan seguir peleando para no pagarle a los mineros.

El equipo legal del SNTMSRM reveló en conferencia de prensa que interpondrán otro recurso de ampara porque ni el sindicato, ni su líder pagarán lo que se exige en el laudo.

“No se ha tratado a fondo el asunto para determinar si los trabajadores tienen o no derecho al dinero”, informó Mario Muñoz, abogado de la organización gremial.

Insistieron en que aún hay pruebas que permitirán que el laudo se revierta y confiaron en que en un mes se volverá resolver en torno al asunto.

Desde 2018 ordenaron pagar

En mayo del 2018, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo en el que ordenaba al sindicato repartir entre los trabajadores mineros el fondo de 55 millones de dólares.

El recurso legal había sido promovido por 7 mil 500 trabajadores del ramo minero pertenecientes al SNTMSRM y en ese momento celebraban la actuación de la JFCA, junto con la “victoria legal, económica y moral” de todo el gremio.

El equipo legal de Gómez Urrutia apeló y es apenas en este 2021 que la autoridad emitió otra sentencia con la misma instrucción pero ahora sumándolo como obligado solidario, lo que lo deja sin salida y según expertos en leyes, aunque los abogados del sindicato y el senador aseguren que buscarán la forma de evitar que se cumpla el laudo, ya es inapelable y deberá pagar con dinero o propiedades.

“El senador está enojado porque se le comprueba que dispuso de un dinero que no le pertenecía y echa abajo la historia del Presidente de la República de que (Gómez Urrutia) ya no tenía ningún asunto, que él estaba totalmente libre”, aseguró Carlos Pavón, líder minero.

Consideró que el cumplimiento del laudo y el pago a los mineros que desde hace años tenían derecho a esos recursos impactará positivamente en el gremio, por un lado a quienes recibirán su dinero finalmente, pero también le abrirá los ojos a quienes están afiliados a su sindicato para darse cuenta que los han utilizado.

“Se darán cuenta cómo les ha mentido y cómo quiso disponer de un dinero que no le pertenecía, porque su lógica fue que al pertener el dinero al sindicato era de él. Por ello, esto será un acto de justicia para los compañeros que tienen el derecho”, concluyó.

El sector minero hoy

La constante amenaza de reformar la Ley Minera en México y la restricción para abrir nuevas minas, tiene a la industria en modo de sobrevivencia, reconoció el también diputado del PRI, Carlos Pavón.

Dijo que debido a que la regulación de los precios se basa en el mercado internacional la inversión se ha mantenido en el país, pero no al ritmo que podría dada la falta de certeza que ofrece el gobierno actual.

“Afortunadamente los precios no los dicta el gobierno federal si no estaríamos en la calle y con el alza al dólar se ha podido beneficiar al sector ya que todas las transacciones se realizan en dólares”, añadió.