Outsourcing, un fantasma: limbo laboral

Para brindar esta información el INEGI redefinió su concepto de informalidad para efectos censales, “se define como informales a los establecimientos que tienen todas y cada una de las siguientes características: tienen 5 personas ocupadas o menos; no pagan contribuciones patronales a regímenes de seguridad social, ni otras prestaciones sociales”, establece Arturo Blancas Espejo, director general de Estadísticas Económicas.

Además se tiene como características que estas unidades no forman parte de una empresa con varios establecimientos; no cuentan con personal proporcionado por otra razón social, y no tienen pagos para otra razón social que contrata personal y se los proporciona. Tampoco tiene gastos por servicios contables, legales y de administración.

El esquema adquiere actualidad tras el acto de conciliación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al firmarse un acuerdo con representantes empresariales y dirigentes obreros con miras que el Poder Legislativo posponga para el próximo año la discusión sobre la iniciativa de reforma para regular la subcontratación, con el fin de enriquecerla, y evitar imposiciones.

López Obrador se congratuló por la presencia de representantes de esos sectores en Palacio Nacional para suscribir el documento de cuatro puntos, por el cual convinieron en resolver el abuso del outsourcing.

En principio la iniciativa privada debe iniciar la regulación de sus plantillas laborales y evitar prácticas irregulares, como el despido masivo de trabajadores en este mes con la finalidad de no pagar aguinaldos. Ante la posible comisión de delitos, se acordó proceder de inmediato administrativa o penalmente.

Por la trascendencia de la reforma y sus impactos operativos, los empresarios pidieron ampliar el diálogo y dar inicio a un “proceso de consulta” sobre el esquema de reparto de utilidades, sin ponerlo en riesgo.

No obstante la firma del acuerdo fue motivo para generar división y descontento entre el sector empresarial.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra),  la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)   y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) tuvieron enfrentamientos verbales con quienes expresaron su beneplácito por la firma.

Carlos Salazar Lomelín negó alguna división dentro del Consejo coordinador Empresarial (CCE) y razonó que la decisión de rechazar el acuerdo responde a las necesidades de los agremiados de cada representación empresarial, de lo cual él siempre ha sido respetuoso, pero “la iniciativa privada mexicana está unida y trabaja de forma conjunta”.

No obstante Francisco Cervantes Díaz, José Manuel López Campos, Antonio Del Valle Perochena y Carlos Salazar, representantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el CCE, coincidieron en que las negociaciones van por buen camino.

Destacaron que lo más importante hasta ahora es haber logrado convencer al Presidente y a su gabinete de que la posición de prohibir absolutamente el outsourcing en México dañaría a la economía, desalentaría la inversión y afectaría el empleo, expresaron de manera unilateral.

EVITAR INMORALIDADES

A su vez el presidente López Obrador dijo que los empresarios “no están defendiendo a quienes hacen mal uso de la subcontratación, que afecta a los trabajadores” y al erario.

Están por que se resuelva este asunto, que se fue creando por la práctica ilegal, inmoral, de despedir a trabajadores y no reconocerles sus prestaciones, sobre todo en fin de año, precisó.

A su vez Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), destacó que todo el sector obrero avaló el convenio, y dejó sentado que no hay piedras en el camino para lograr un consenso, pero pidió a los empresarios anteponer los acuerdos.

Carlos Salazar, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), manifestó que así como privilegian el diálogo, “siempre estaremos en contra de cualquier acción que afecte a los trabajadores.

Y expresó un deseo frente al Outsourcing que está convertido en  un fantasma, que: “Tenemos que celebrar, antes de que lleguen los días de Navidad, que podemos estar sentados en una mesa de diálogo, junto con representantes obreros y autoridad”, porque estábamos en una situación que “aparentaba” que iba dejar “al trabajador o al empresario a disgusto con la conclusión”.

El representante empresarial consideró que con la decisión asumida se entenderán mejor las consecuencias de la iniciativa de reforma y habrá tiempo para “adaptar a las empresas de una manera adecuada y también a los trabajadores en cuanto al tipo de nóminas que van a buscar”.

El acuerdo tripartita (Obreros, empresarios y autoridades) establece el compromiso de resolver el “problema del abuso de la subcontratación de personal”, someter a discusión el esquema del reparto de utilidades para “definir un sistema justo, equitativo y evitar discrecionalidad en su pago”.

También se acordó presentar la iniciativa que resulte del diálogo como preferente, con la petición de que se apruebe en un plazo no mayor a 30 días.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Infonavit y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamarán a las empresas “que manejan nóminas” a que en lo inmediato dejen de desarrollar prácticas “perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre”.

El acuerdo fue signado por 10 líderes obreros, encabezados por la CTM, y por el sector empresarial, los dirigentes del CCE, Concamin, Concanaco-Servytur, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Consejo Mexicano de Negocios, Canaco, Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles y la ANTAD.

Por parte del gobierno también firmaron los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, y del Trabajo, Luisa María Alcalde; los directores del IMSS, Zoé Robledo, y del Infonavit, Carlos Martínez; la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) firmó un acuerdo con el Gobierno Federal para posponer hasta febrero de 2021 la discusión de la reforma al outsourcing, lo desencadenó la irritación de tres dirigentes empresariales del país, luego de que el organismo cúpula empresarial, respaldara la iniciativa de que la discusión se atrasara hasta febrero.

Instalado en el limbo laboral, y sin lograr un consenso sobre la subcontratación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se firmaría un acuerdo en el que solicitaron al Congreso de la Unión posponer hasta 2021 la discusión de la iniciativa para regular la subcontratación y exhortar a que en un plazo de 30 días sea aprobada como preferente.

López Obrador manifestó que esta decisión se tomó luego de la falta de acuerdos con la IP, ya que todo debe ser en el marco de la ley y nada por la fuerza.

Más tarde, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) rechazaron el acuerdo al considerar que la iniciativa del Ejecutivo federal pretende coartar la libertad de la subcontratación.

“Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada”, dejaron sentado.

Los puntos que toca el acuerdo tripartita establecen que las partes están conformes y se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal.

También indicó que el esquema de reparto de utilidades necesita tiempo para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de reparto justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago. “Se iniciará dicho proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa”.

Las empresas informales no tienen gastos por asesoría comercial, mercadotecnia y servicios conexos. Y finalmente no usan un sistema contable, ni pagan los servicios de un contador externo para llevar sus cuentas, apuntó el funcionario en la presentación de los resultados de los Censos.

SOMBRA CRECIENTE

El personal no dependiente de la razón social de la empresa para la que trabaja (outsourcing) ha tenido un importante crecimiento en los últimos años.

En el periodo de 2014 a 2019 la tasa de crecimiento media anual de esta práctica fue de 5,5%, de 2014 a 2019 las personas contratadas bajo este esquema pasaron de 3.6 millones a 4.6 millones; un incremento de un millón de trabajadores.

El outsourcing se caracteriza por brindar servicios como trabajadores a terceros, a través de una subcontratación que hace una agencia laboral o intermediaria con la empresa que requiere los servicios de personal especializado, en vez de una contratación directa que pueda significar mayores prestaciones sociales y mejor paga.

Las dimensiones del outsourcing ha sido una piedra en el zapato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué pasaría al eliminar esta figura? Estos empleos se perderían, pues las empresas que se apoyan en el outsourcing no tendrían la solvencia económica para mantener a esos empleados. Hay muchas empresas que son pequeñas, que no podrían absorber la carga de sus trabajadores.

Regulado por el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo es un problema que se debe atender. Sin embargo, hasta el momento no se ha decretado nada y el dictamen continúa pendiente.

Las empresas outsourcing ya estuvieron directamente ligadas a un intento de regulación con las modificaciones y añadiduras que se le hicieron al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo en las distintas reformas durante los periodos de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el actual. A pesar de esto, López Obrador destacó que no funcionó dicha estrategia, pues hubo personajes que se aprovecharon de la situación y “abusaron”.

Para el jefe del Ejecutivo, la Reforma Laboral que se dio durante la gestión pasada, sólo permitió ventajas para los empresarios, mas no para los trabajadores, quienes se vieron afectados al ser subcontratados por diversas empresas.

Esas reformas tenían como fundamento el que de esa manera se ayudaba a la empresa para que no se dedicara a hacer trámites administrativos, para que pudiera tener un contrato con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores, el pago al Seguro Social, al Infonavit. ¿Qué sucedió? Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública, afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción”, señaló en su momento López Obrador.

Desde la perspectiva de la Secretaría del Trabajo, el Nuevo Modelo de Inspección Laboral ha tenido buenos resultados durante la gestión de López Obrador, pues el porcentaje de inspecciones aumentó de un 57% en 2018 a un 82% durante 2019, lo cual ha reducido el ejercicio de outsourcings ilegales.

El Colegio de Contadores Públicos de México establece en un análisis que los ejecutivos que dirigen hoy en día a sus compañías se enfrentan a una gran cantidad de cambios y tendencias en sus empresas.

Los cambios incluyen:

a) La necesidad de globalizar nuestras actividades.

b) La necesidad de crecer sin usar más capital.

c) La necesidad de responder a las amenazas y oportunidades de la economía.

d) El envejecimiento de la fuerza laboral y el pasivo que éste representa.

e) La reducción de costos.

f) Batalla diaria por entender y adecuar la percepción del consumidor.

Por tanto llega a la conclusión de que el outsourcing es una de estas actuales tendencias laborales.

Es cuando una organización transfiere la propiedad de un proceso de negocio a un suplidor. Se basa en el desprendimiento de alguna actividad, que no forme parte de las habilidades principales de una organización hacia un tercero especializado, por ejemplo, la administración de nóminas.

En ese sentido la empresa acude con un prestador de servicios de personal para operar una actividad que anteriormente se realizaba dentro de la compañía, es decir, contrata un servicio o producto final sin que tenga responsabilidad alguna en la administración o manejo de la prestación del servicio, la cual actúa con plena autonomía y de manera independiente.

Hasta hace un tiempo esta práctica era considerada como un medio para reducir los costos; sin embargo, en los últimos años ha demostrado ser una herramienta útil para el crecimiento de las empresas por razones tales como:

Reducción y/o control de gastos de operación.

Concentración de los negocios y disposición más apropiada de los fondos de capital, debido a la reducción de los mismos, en funciones no relacionadas con la razón de ser de la compañía.

No obstante, para la utilización de esta figura jurídica, es necesario seguir los lineamientos legales establecidos en la LFT para no llevar a cabo actos de simulación que sólo perjudican los derechos y las prestaciones de los trabajadores, los cuales están bajo la dependencia de un contratista y prestan sus servicios a favor de otras personas que son los beneficiarios de los mismos.

Entre las desventajas que produce esa figura de contratación laboral, está que los trabajadores subcontratados no son empleados pagados por la empresa, por lo que carecen de un incentivo de lealtad y pertenencia hacia ésta.

En muchos casos afecta los derechos de los trabajadores, teniendo como consecuencia incremento sustancial del número de juicios laborales presentados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Por tanto el problema se generalizó a nivel nacional y provocó que las Autoridades del Trabajo, Tributarias y de Seguridad Social, en el ámbito de sus respectivas competencias iniciaran una serie de acciones tendientes a fiscalizar y controlar su abuso desmedido.

A manera de recomendación se advierte que cuando se contraten los servicios de suministro de personal debe hacerse con una corporación seria y profesional, que tenga experiencia en esta actividad, que cuente con los recursos humanos, de dirección, técnicos y, sobre todo, financieros, para prestar el servicio y cumplir con sus obligaciones como patrón.

Deben tener la capacidad de resolver cualquier conflicto laboral o sindical que llegase a ocurrir, como consecuencia de la misma prestación de sus servicios.

La regulación del outsourcing es una figura que se incorporó a la Ley del Seguro Social en 2009 y se concibió como un esquema que permite a una empresa delegar algunas tareas que no se relacionan directamente con su funcionamiento, cojo las tareas de limpieza, vigilancia, servicio médico, comedor o labores especializadas.

Sin embargo, algunas compañías utilizaron a la subcontratación para evadir algunas obligaciones patronales.

Existen empresas con la totalidad de su plantilla subcontratada por un tercero, con el fin de evadir el reparto de utilidades y generar un ahorro de cargas sociales al implementar prácticas desleales ante el fisco.

Ese modelo laboral que ha adquirido popularidad en años recientes –no sin verse rodeado de polémica– es el outsourcing. Para unos, este esquema de contratación externa es la solución a los conflictos laborales; para otros, es un retroceso en los derechos de los trabajadores.