Respecto al respaldo que el presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Lic. Joel Ayala Almeida, otorgará a la iniciativa del presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, en relación a regularizar el outsourcing, se han vertido varias expresiones.
Para nadie es un secreto que había una complicidad entre las empresas que facilitan la contratación del personal que presta los servicios de intendencia en el gobierno federal y el personal administrativo de las dependencias encargados de realizar la contratación. Se fijaba en los contratos un salario a pagar por trabajador y en la realidad empleado recibía, si bien le iba, la tercera parte de lo acordado, el resto se repartía entre el contratante y la empresa contratada.
Algunos comunicadores se cuestionan de donde va a obtener el gobierno 7 mil millones de pesos para otorgar base a 500 mil trabajadores al servicio del Estado que están subcontratados, y a los que el jefe del Ejecutivo Federal se comprometió en respetar sus derechos laborales dando el buen ejemplo como patrón.
Darío Celis, en su colaboración del día 7 de diciembre, en el diario El Financiero, considera que dicha medida es una ocurrencia de parte del líder de la burocracia nacional que le costara una millonada al Estado, pero no es así, se cuenta con los recursos económicos como lo ha expresado el propio Joel Ayala.
El gobierno de la República, según datos de CompraNet, reconoce que entre 2019 y noviembre de este año han adjudicado 955 contratos a empresas de subcontratación por un monto de 6 mil 103 millones de pesos.
Además, con la desaparición de algunos puestos de la alta burocracia y la compactación de varias dependencias del gobierno federal, se esperan ahorros por encima de los mil millones de pesos. Con lo pagado a las empresas terciarias y los ahorros señalados saldría el dinero para la basificación de los 500 mil trabajadores en comento y que en este momento carecen de estabilidad laboral, seguridad social y se encuentran en un total estado de indefensión.
En diversos medios de comunicación el líder de los trabajadores al servicio del Estado ha señalado que la decisión tomada por el ejecutivo federal, es un acto de justicia hacia estos trabajadores, que podrán contar con servicios médicos para ellos y su familia, programas de vivienda, y todas las prestaciones de que gozan los trabajadores al servicio del Estado.
Lo mismo sucederá con los trabajadores del Apartado “A”, ya que estarán cotizando al IMSS e Infonavit y se harían acreedores de créditos Fonacot.
Vale la pena señalar que el respaldo de Lic. Joel Ayala a la iniciativa del presidente López Obrador, fue bien recibido entre los sectores obreros, tanto de la iniciativa privada, como del ámbito gubernamental.
