Prohibición de outsourcing causará 4.5  millones de despidos

“La contratación vía outsourcing debe desaparecer en México” así lo piensa y así lo defenderá el gobierno federal y como muestra anunció que enviará al Congreso una iniciativa para eliminarlo del mapa, aunque ello implique el despido de al menos 4.5 millones de trabajadores.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador informó del tema argumentando que su operación está íntimamente relacionada con la corrupción.

“(las empresas de outsourcing) ayudaban a la empresa para que no se dedicaran a hacer trámites administrativos…los pagos a los trabajadores, el pago al IMSS, al Infonavit, ¿qué sucedió? Abusaron de esas medidas y afectan a los trabajadores, a la Hacienda pública, al desarrollo del país y se fomenta la corrupción”, aseguró el mandatario federal.

Por su parte, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, detalló que la iniciativa presidencial contempla modificaciones a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Ley Federal del Trabajo y regulaciones fiscales.

“El outsourcing está relacionado con varios elementos que perjudican a los trabajadores, no solo en la mano de obra, sino también en el pago de reparto de utilidades, en la antigüedad, en la estabilidad en el empleo”, apuntó durante su participación en una conferencia matutina de la Presidencia.

Según datos del gobierno federal, el outsourcing ha permitido la evasión fiscal de más de 21 mil millones de pesos, muchas veces, a espaldas de los empresarios que contratan sus servicios.

“Quien contrata a un trabajador tiene que cumplir con ciertas obligaciones: pago de un salario justo, inscripción al Seguro Social que a veces no se realiza por estas empresas intermediarias o se manifiesta que los trabajadores ganan menos para no pagar las cuotas destinadas a la seguridad social”, añadió el presidente López Obrador.

En México las empresas utilizan outsourcing para simplificar la gestión de recursos humanos y reducir tiempo costos en la administración. Esta modalidad forma parte de la Ley federal del Trabajo desde diciembre del 2012.

El Centro de Estudios para el Empleo Formal estima que la desaparición de la subcontratación del personal, si es que el Congreso la avala, haría que los 4.5 millones de personas que trabajan bajo este régimen se queden sin empleo formal y se expongan a contrataciones irregulares por parte de las empresas, en su mayoría sin prestaciones, lo que afectaría su ingreso y estabilidad laboral.

Advirtió que al no trabajar los empleados perderían prestaciones como IMSS, Infonavit, aguinaldo y pensiones que afecta en especial a adultos mayores que son los que contratan este tipo de empresas para servicios de limpieza.

El anuncio de la iniciativa generó polémica entre el sector empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) quien defiende que esta forma de contratación, dijo que debe vigilarse pero no desaparecer.

“Estamos en contra de una reforma legal que prohíba la subcontratación laboral que sí cumple con todos los estándares legales de cumplimiento. Será una grave afectación más al deteriorado panorama, con la que se perderían una cantidad muy importante de empleos legítimos debidamente remunerados, que impulsan nuestra recuperación económica”, señaló su presidente, Gustavo de Hoyos.

Otro sector empresarial como es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación advirtió que de consumarse la prohibición del outsourcing en México se desalentaría la inversión en el país, ya que las empresas tendrían que asumir la carga administrativa que representa la contratación directa y no les será atractivo, al menos no de momento.

Enoch Castellanos, líder nacional de los industriales, llamó al mandatario federal a reconsiderar la iniciativa y reconoció que hay empresas dedicadas a la subcontratación que cometen abusos, pero en lugar de desaparecerlas dijo que se debe establecer una vigilancia estrecha.

Al respecto, el analista económico Victor Sánchez Barros, advirtió en su columna Poder y Dinero en Eje Central, que es necesario que el SAT, el IMSS y la STPS diseñen y pongan en marcha “una estrategia de fiscalización y lanzar una Norma Oficial Mexicana que el sector privado ya ha solicitado con anterioridad” para lograr una regulación efectiva.

¿Y las afectadas?

Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower Group, una de las empresas de outsourcing más grandes en México dijo que la mayoría de las medianas y grandes empresas subcontratan “ya sea del mismo grupo o externo y dejar de usarlo conllevará muchos problemas”.

“Dejar de utilizar el outsourcing sería un error.Tendríamos que regresar al pago en efectivo, por ello, en vez de generar empleos formales y pagar impuestos caeríamos en la informalidad“, afirmó el directivo de Manpower en una entrevista radiofónica.

Por otro lado, TallentiaMX dedicada también a la subcontratación pidió evitar una cacería de brujas ya que desaparecer este esquema aumentará la informalidad y afectará las aportaciones al IMSS  e Infonavit.

Directivos y representantes de este tipo de empresas confiaron en que los legisladores mantengan el parlamento abierto para discutir el tema y se logre una regulación efectiva y no la prohibición.

SEP el subcontratador de la 4T

Un estudio publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló que el Gobierno Federal es uno de los grandes usuarios del outsourcing con contratos por alrededor de 5 mil millones de pesos para un total de 28 mil 800 empleados.

Los resultados resaltan que la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la que más empleados ha subcontratado por medio de la empresa MZT Corporativo Ejecutivo SA de CV, que mediante una licitación ganada en septiembre de 2020 de 310 millones de pesos para emplear a 21,107 agentes de aprendizaje que se integrarían al programa Prepa en Línea SEP, parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS). Sin embargo, docentes del programa Prepa en Línea SEP han denunciado faltas de pagos y abusos por parte de la SEP debido al esquema de subcontratación.

El Banco del Bienestar es la otra entidad de gobierno con mayor subcontratación y el estudio citado indica que en 2019 pagó 408 millones de pesos en cuatro empresas de este tipo, y durante el 2020 la cifra se elevó a 463 millones

Según los contratos revisados por el organismo, el gobierno federal en realidad defiende y utiliza el esquema de subcontratación.

“Se considera plenamente justificada la necesidad de llevar a cabo la contratación de los servicios técnicos y administrativos por outsourcing, ya que al no contar con dichos servicios, el impacto negativo en lo social, económico y financiero sería muy alto, aunado a que podría traer como consecuencia la falta de credibilidad en el actual gobierno, ya que uno de sus principales ejes rectores es la entrega de recursos de programas sociales”, se menciona en un anexo del contrato asignado por el Banco de Bienestar a la empresa KOM Business SA de CV.