Desde el negocio más pequeño hasta la empresa más grande, todo el sector productivo del país ha tenido que resolver por su propia cuenta la parálisis económica causada por el COVID19.
Ante la negativa del gobierno federal para apoyarlos y por el contrario, forzándolos a mantener las fuentes de empleo en un escenario imposible para casi todos, han tenido que enviar a los trabajadores a realizar el trabajo en casa, reducir las jornadas diarias, paros escalonados, reducción en los salarios, eso en los mejores casos.
Pero en otros, los despidos han sido inevitables con el cierre de locales comerciales y oficinas arrendadas, servicios suspendidos por falta de demanda y empresas que sobrellevan el momento pero al terminar la cuarentena y regresar a la “nueva realidad” su única opción será la bancarrota, lo que implicará más pérdidas de empleo y un panorama desolador para el sector laboral en México.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal informó que del 13 de marzo (cuando inició la contingencia) al corte del 06 de abril se perdieron 346 mil 878 empleos formales y se estima que una cifra de al menos el doble de esa, se registra en el comercio informal.
Las principales razones de las bajas son el cierre de operaciones de las empresas, seguida de la disminución tajante de los servicios que ofrecían por lo que redujeron el personal contratado.
Los estados con mayor impacto son Quintana Roo (63 mil 847), principalmente por la actividad turística; Ciudad de México (55 mil 591), Nuevo León (23 mil 465), Jalisco (21 mil 535), Estado de México (16 mil 036) y Tamaulipas (12 mil 652).
A su vez, la autoridad identificó a 31 empresas del ramo de la construcción, comercio, transporte, comunicaciones y servicios que cerraron por completo, mientras que las medianas redujeron considerablemente su plantilla laboral y las pequeñas hacen hasta lo imposible por mantener los empleos.
El resto de las que aún operan, lo hacen en el desamparo, defraudados por el gobierno del que esperaban un apoyo total.
Frente a esto y con la responsabilidad de miles de empleos a cuestas, anunciaron un Plan a 90 días, liderado por el Consejo Coordinador Empresarial, en el que 12 organismos en todo el país se comprometen a impulsar un Plan de 90 días, centrado en las PYMES, con apoyos económicos entre privados con recursos extraordinarios, compras adelantadas y ventas a futuro, factoraje ágil y sencillo, y el compromiso a no aplicar penalizaciones contractuales entre particulares.
Carlos Salazar, presidente nacional del CCE confió en que el plan propuesto asegurará estabilidad económica, social y política; permitirá contar con un buen plan de infraestructura para todo el país; diversificará las exportaciones y les permitirá contar con una posición fiscal más sólida frente al cumplimeinto de compromisos que el gobierno federal se negó a flexibilizar.
Pese al desdén con que han sido tratados por AMLO insistirán hasta lograr un apoyo real y efectivo para que el sector privado, en todos los niveles, sobreviva a la contingencia.
“Continuaremos tocando las puertas necesarias para consolidar una estrategia que nos permita preservar los empleos y los ingresos de las familias mexicanas”, señaló.
Al respecto, Marcelo Delajara, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, sostuvo que hay muchas vías para enfrentar la parálisis económicas que ha provocado el COVID19 en México, pero se requiere un diálogo entre el gobierno, la banca, empresas y los trabajadores.
“Si las cosas se hacen bien, la crisis va a durar menos tiempo”, señaló en entrevista, frente al pronóstico del gobierno, en especial del canciller Marcelo Ebrard, encargado de anunciar la Emergencia Sanitaria, quien auguró al menos un año para que se estabilice la situación.
Delajara advirtió que los resultados del segundo trimestre del año reflejarán el impacto de la parálisis económica y de lograrse el acuerdo total, para antes de terminar el 2020 podría ir regresando todo a la normalidad.
¿Y los sindicatos?
Ante la falta de certidumbre jurídica en términos laborales de la Emergencia Sanitaria decretada por el gobierno federal, los sindicatos han tenido poco margen de actuación.
A finales de marzo, los líderes de las principales centrales obreras sostuvieron una reunión virtual con la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde quien les pidió informar a los trabajadores sobre sus derechos laborales.
Los dirigentes empatizaron con la situación por la que pasan las empresas y pidieron una mesa de trabajo conjunta y con la participaci´no del gobierno para lograr un acuerdo nacional y preservar el empleo, especialmente en las medianas y pequeñas empresas, señaló Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, lo que va en línea con la propuesta del CCE.
Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores aseguró que los dirigentes sindicales de todas las corrientes coinciden en que es urgente un acuerdo nacional y el daño sea el menor posible. Mientras que Alberto Juárez Bautista, de la Federación de Sindicatos “Alberto Juárez Blancas” advirtió que de escalar a una contingencia sanitaria, el salario que estarían obligadas a pagar las empresas sería insuficiente para los trabajadores, por lo que el gobierno tendría que apoyar con uno o dos salarios mínimos adicionales.
En busca del acuerdo
La búsqueda de un acuerdo entre las empresas y el gobierno para evitar impactos irreversibles a la economía se ha convertido en un camino lleno de obstáculos colocados por ambas partes.
De inicio, el gobierno desdeñó la gravedad de la epidemia al tiempo que la iniciativa privada pedía acciones previas para tener certidumbre en las acciones a realizar con el personal.
Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo toda una serie de llamados al gobierno federal para que se declarara una Contingencia Sanitaria la cual obliga a las empresas a parar, pagando a sus trabajadores una indemnización de hasta 30 días de salario mínimo o negociar otro monto que se pueda pagar mientras dure la medida.
En su lugar, se activó una Emergencia Sanitaria lo que legalmente dejó desprotegidos a patrones y trabajadores ya que el marco legal que la sostiene no es clara sobre la responsabilidad, se deja a libre interpretación y aplicación, lo que podría ocasionar irregularidades y por lo pronto, ya llevó al despido a muchas personas.
A éstos se le sumó el CCE con un decálogo de acciones que el gobierno federal junto con la iniciativa privada podrían implementar para cuidar los empleos de los millones de mexicanos que por su salud deben estar en cuarentena en casa.
Inició con una carta, luego con declaraciones en los medios que pretendían llegar a los oídos indicados, y finalmente fue una reunión en Palacio Nacional en la que entraron los representantes de la IP esperanzados y salieron furiosos tras la negativa del presidente para apoyarlos y peor, ridiculizándolos en cada oportunidad por ser neoliberales, corruptos y buscar siempre su beneficio.
El plan propuesto por el CCE contemplaba asegurar la liquidez en el mercado financiero, mantener el esfuerzo de austeridad y disciplina en el manejo de las finanzas públicas, fortalecer el Acuerdo de Inversión en Infraestructura entre el sector privado y el gobierno, y anunciar de inmediato el plan de inversiones del sector privado en el sector energético, depreciación acelerada automática, preservación del empleo y en los casos en que sea inevitable el recorte de puestos de trabajo, otorgar apoyos del gobierno a las empresas con recursos fiscales, para que a estos trabajadores se les otorgue al menos un salario de subsistencia, respetar de forma irrestricta el Estado de Derecho, evitando las amenazas de cambios a las normas ya en operación para empresas que invirtieron en el sector eléctrico, y cambios inaceptables como consultas populares para inversiones que ya están hechas, acelerar los pagos pendientes a proveedores de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), apresurar las devoluciones pendientes de Impuesto al valor Agregado (IVA) a las empresas y restaurar la compensación universal ya que las empresas necesitan liquidez, conformar un equipo con representación tripartita del sector privado, trabajadores y el gobierno, para analizar el impacto económico y determinar acciones a seguir en esta crisis económica y activar programas especiales de garantías para fortalecer algunos de los sectores más afectados.
La respuesta tajante de AMLO fue que no habría apoyos a la iniciativa privada, que los impuestos de los que pedían aplazar el pago eran necesarios para atender la crisis. El gobierno respondió con un Plan Económico frente al COVID19.
La expectativa fue alta y empresarios de todos los niveles esperaban el anuncio que funcionará como vacuna ante el virus que en materia económica ocasionará una contracción del Producto Interno Bruto del país, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no fue así.
El pasado 05 de abril, el tan esperado plan se transformó en un informe trimestral del Presidente de la República donde prometió empleos en programas y proyectos del gobierno de baja remuneración y en los que ni siquiera se ha demostrado su viabilidad, pero eso sí, reiteró que no habría apoyos adicionales a la IP, que iban van solos, como hasta ahora.
AMLO pide lo que no hace
Aunque el primer mandatario advirtió a las empresas que “no se les ocurriera” despedir personal durante la contingencia o bajarles el sueldo, y de hacerlo atenerse a la ola de demandas, dentro del gobierno la historia es otra.
El mismo AMLO anunció una reducción al salario y la suspensión del aguinaldo para los servidores públicos de nivel subdirección hasta él, lo que representa una violación a la Constitución Política de México,
Miguel Carbonell, Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell A.C. explicó a través de sus redes sociales que “quitarles el aguinaldo a los servidores públicos es inconstitucional e ilegal. Bajarles el sueldo por decreto o decisión presidencial, también. No hay ninguna duda de eso”.
De hacerse realidad el anuncio, el Gobierno también estaría incumpliendo con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuyo artículo 42 BIS indica que “los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual…equivalente al 40 por ciento de su sueldo”.
En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en plena realización del Censo de Población y Vivienda 2020, fueron despedidos 18 mil encuestadores sin que hubiera acabado su contrato y sin la liquidación correspondiente. El argumento del órgano autónomo fue que las labores que tenían asignadas era imposible que las cumplieran debido a la contingencia sanitaria, por lo que dio por terminada la relación laboral, sin responsabilidad para el instituto.
En la Junta de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, donde se espera que lleguen la ola de demandas por despidos injustificados, el área administrativa solicitó al personal “aportaciones voluntarias” de 2 mil y hasta 10 mil pesos durante las siguientes dos quincenas, para hacer frente a la contingencia sanitaria.
Mientras que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo algo similar e informó que donará su sueldo de dos meses (156 mil 728 pesos) e invitó a los funcionarios a hacer lo mismo, tanto con su salario, como con el aguinaldo y de “manera voluntaria”, ya que los recursos obtenidos los invertirán para la compra de insumos médicos y la contratación de especialistas para atender a los enfermos.
El juego perverso entre AMLO y la IP
La simpatía del presidente con los empresarios del país ha sido oportunista, cuando puede los vapulea y cuando los necesita los invita a comer y termina convenciendolos de sus proyectos.
El mejor ejemplo fue la venta de billetes de la Lotería Nacional para el sorteo del avión presidencial. Fueron convocados a Palacio Nacional los cien empresarios más prominentes del país y salieron de ahí con el compromiso-obligación de comprar mil 500 millones de pesos en “cachitos”. Todos eran felices en ese momento.
Pero ahora con la pandemia del COVID19 en pleno ascenso, del amor vino el odio, el presidente los criticó por despedir personal, los amenazó con perder litigios laborales en los tribunales, se negó a otorgar beneficios para el pago de impuestos extendiendo plazos o reduciendo montos y hasta exhibió a aquellos que tenían deudas con el SAT, asegurando que si pagaban, se podrían comprar 40 mil ventiladores para los enfermos del virus letal.
En redes sociales, el tema se desbordó y los usuarios se fueron contra las empresas reclamando un dinero que podría salvar a los contagiados, pero aunque paguen, el gobierno no tiene forma de garantizar que su inversión, distribución y uso final, realmente ayude a contener la pandemia.
Analistas económicos y algunos políticos aseguran que tarde o temprano habrá una reconciliación, pero por parte de la IP habrá un rencor que traducido en incertidumbre económica afectará en la creación de empleos, uno de los elementos de evaluación en cada gobierno.
“Morir en la raya”
Grandes empresas como Cinepolis y Bimbo han logrado acuerdos con sus empleados para que dejen de ir a trabajar, con el sueldo garantizado por tres meses, la duda en los beneficiados es lo que pasará a su regreso, ya que las estimaciones sobre el término de la contingencia sanitaria van más allá del segundo semestre del año.
Sin embargo, hay otras empresas, en su mayoría PYMES, que no cuentan con fondos suficientes para sostener sueldos sin recibir ingresos y peor aún, con el plazo inamovible para presentar la declaración anual de ingresos ante el SAT.
“O pago impuestos o pago la nómina los siguientes dos meses para que mis empleados mantengan el trabajo, tengo cinco personas trabajando aquí. El SAT no dio prórroga, el IMSS tampoco, gobierno ofrece créditos que no alcanzan para nada, no tenemos las suficientes ventas para que esto sea al menos autogestionable, estoy entre la espada y la pared”, expuso Carolina Flores, dueña de la lunchería “El sol”, ubicada en la zona centro de la capital del país.
Otros han tenido que cambiar de giro como el caso de Roberto López, director creativo de la empresa “Aire”, dedicada al diseño y producción de materiales promocionales, quien paró labores durante la cuarentena, pero junto con su equipo de trabajo armaron una mini repartidora de frutas, verduras y legumbres en su propia colonia. Toman pedidos un día y entregan al otro. “Solo así todos podremos conservar la chamba”, compartió López.
El comercio informal es posiblemente el más impactado con la contingencia, pero su condición impide un cálculo claro, pero se estima que si en tres semanas se perdieron 346 mil empleos formales, una cifra similar ocurre en “las calles”.
En zonas comerciales como Tepito aún siguen en operación los puestos ambulantes ofreciendo toda clase de productos, evidentemente no esenciales, pero que de no venderse, significan la falta de ingresos diarios para las familias.
Para que puedan recibir algún apoyo del gobierno requieren la formalización de sus servicios que evidentemente no harán por la procedencia de la mercancía y aunque contarán con lo necesario, de momento no operan las oficinas donde se realizarán, están perdidos.
Por ello, arriesgando su salud y la de sus familias, continúan instalándose cada mañana en busca de cualquier venta.
Aunque para algunos la contingencia ha significado una oportunidad de negocio, la incertidumbre social, económica y laboral es clara y pasando la temporada de riesgo alto de contagio, vendrá una cruda realidad en el terreno laboral que no se ha podido dimensionar porque todos los días cambia y empeora.
