Paralelo a la pandemia que por el virus COVID-19 tiene paralizado al mundo, se gesta ya una emergencia laboral en México la cual durante la primera fase de la contingencia ha puesto en riesgo la economía de 40 millones de trabajadores, la mayoría de ellos sumergidos en el subempleo.
Las medidas de ajuste económico que el Gobierno Federal debe implementar con mayor velocidad, está dejando en la indefensión a la mano de obra en México, sobre todo aquella que se desempeña sin la seguridad social mínima que predomina en los países más desarrollados que el nuestro. Acciones como otorgar “tandas” o préstamos mínimos sin pago de intereses, no servirán de nada.
La amenaza sanitaria que enfrentan millones de trabajadores, está obligando a las dirigencias de los sindicatos existentes en nuestro país a involucrarse en las recomendaciones y atención a la salud de aquellas personas que corren riesgo de vulnerar su salud. El esfuerzo es encomiable pero debe ir más allá que las simples recomendaciones de acatar disposiciones de las autoridades de salud.
Los sindicatos en el país tendrán que blindar los derechos y las conquistas laborales alcanzadas; hacerlas valer será su labor y compromiso. Por ello, solo algunos alistan ya medidas ante la representación patronal, con el fin de salvaguardar no sólo los empleos, sino en buena medida los derechos laborales vigentes y, sobre todo el pago puntual de los salarios.
Está quedando claro que ante la contingencia sanitaria, la emergencia laboral cobra fuerza y obliga a las dirigencias sindicales a negociar con las empresas nuevas condiciones generales de trabajo, donde habrá de aparecer la rotación del personal, la reducción o ampliación de horarios y sobre todo el aumento de días de descanso, sin que ello afecte los derechos vigentes de los trabajadores.
RADIOGRAFIA
De acuerdo a cifras del INEGI, en México hay 7.7 millones de desempleados; hay 12 millones de personas que laboran por su cuenta desde el subempleo y 21 millones más trabajan en micro y pequeñas empresas. La institución advierte además que 14 millones de asalariados en nuestro país carecen de ingreso suficiente para la manutención de una familia.
La combinación de este panorama laboral y sanitario que registra nuestro país, ha puesto sobre la mesa la radiografía de un pronóstico nada halagüeño. Los días y meses por venir obligará a dirigencias sindicales y patrones acordar medidas para salvaguardar no solo los empleos, sino prestaciones y, sobre todo la productividad de cada una de las empresas que conforman los sectores industriales.
El reto actual se antoja por demás interesante: las medidas de contención a la pandemia debería obligar al Gobierno Federal a proponer un plan anticrisis que apoye a los empresarios y les permita al mismo tiempo, mantener los empleos y cumplir con el pago de salarios por un corto tiempo.
La caída de la actividad económica es breve pero severa, acentuada y con repercusiones muy serias que ha colocado a millones de trabajadores en una enorme desventaja. Debido a esta “tormenta sanitaria” todos vamos a perder: trabajadores, empresarios, gobierno sin saber hasta ahora cuál de ellos sacará la mayor parte del daño.
La posición del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que no habrá programas de rescate para ninguna empresa o sector industrial, ha cancelado desde ahora la posibilidad de un tránsito más suave debajo de esta “tormenta”. El anuncio y la reiteración gubernamental en este sentido, parece cancelar definitivamente atajar y desacelerar la emergencia laboral que ya se siente en todo nuestro país.
