Hasta antes de septiembre, los principales ex colaboradores de Miguel Ángel Mancera dormían relativamente tranquilos, pues nada en el panorama les hacía prever que el gobierno de Claudia Sheinbaum iría por alguno de ellos.
En las reuniones de los martes, Edgar Tungüí, Felipe de Jesús Gutiérrez, Julio César Serna y Edmundo Garrido, entre otros, intercambiaban información sobre lo que se enteraban del gobierno central, y nada les hacía temer por alguna revancha.
Pero todo se empezó a nublar cuando trascendió que la administración de Sheinbaum estaba armando una abultada carpeta judicial en contra de Miguel Ángel Vázquez, quien durante años manejó a su antojo la abultada nómina del gobierno capitalino.
Y no tan sólo por su paso en la subsecretaría de Capital Humano, sino por su última encomienda como jefe de la oficina de José Ramón Amieba, quien se quedó al frente de la Jefatura de Gobierno cuando Mancera se fue en busca de una senaduría.
Desde esa posición Vázquez operó un escandaloso presupuesto, que repartió entre perredistas y funcionarios cercanos a la burbuja mancerista, para que pudieran enfrentar las elecciones de 2018, donde por cierto fueron barridos.
Y como todo mundo tuvo que ver con el jefe de la oficina del Jefe de Gobierno, pues se pusieron a temblar, ya que entendieron que desde el Zócalo irían por ellos, al fin y al cabo sus huellas estaban por todos lados.
Aunado a la difícil posición en la que quedó, Miguel Ángel Vázquez se dio el lujo de desafiar al nuevo gobierno en dos asuntos esenciales: uno fue el control del sindicato oficial a través de Juan Ayala; el otro la intención de formar su partido político.
En el tema de Ayala, le quedó claro que sus cálculos habían fallado totalmente, pues apenas a mitad de año recibió un tremendo golpe que lo dejó no sólo inhabilitado, sino a merced de las autoridades.
De ser el líder del Sindicato Único de Trabajadores la Servicio del Gobierno de la Ciudad de México, el buen Juan aspira a que no lo vayan a meter a la cárcel; tendrá que adoptar una actitud de “flojito y cooperando”.
El caso de Vázquez es más complicado, pues en lugar de buscar algún arreglo con la nueva administración, arreció la organización de sus asambleas para obtener el registro como partido, y eso no se lo perdonaron.
Sobre todo porque quería armar una fuerza política con recursos que sacó del propio gobierno al que ahora pensaba enfrentar.
Quienes saben del asunto dicen que ya es tarde para que el ex jefe de la Oficina de Amieba busque algún acuerdo con Sheinbaum, pues se convirtió en el elemento central para encarcelar a varios ex manceristas.
Apenas el 19 de septiembre se dieron a conocer las órdenes de aprehensión en contra de Edgar Tungüí y Felipe de Jesús Gutiérrez, ambos exfuncionarios del gobierno de Mancera, y se desató el pánico.
Además de que Tungüí fungió como secretario de Obras, la investigación en su contra tiene que ver también con el presunto manejo irregular de fondos públicos para las familias afectadas por los sismos de 2017, a través del Comité de Reconstrucción que encabezó.
En el caso de Gutiérrez, extitular de Seduvi, se le investiga, entre otras cosas, por estar presuntamente vinculado a la autorización ilegal de proyectos inmobiliarios, como la llamada Torre La Colina en Bosques de Las Lomas, y muchos más.
Estos dos funcionarios fueron identificados como presuntos integrantes del llamado Cártel Inmobiliario, que según la propia Sheinbaum existió durante la administración de su antecesor, el hoy senador Mancera.
No había pasado ni una semana de eso, cuando la Contraloría de la CDMX difundió la inhabilitación por 10 años como servidor público de Julio César Serna, por presuntas irregularidades detectadas en su paso como responsable de la Central de Abasto.
Además de haber sido compañeros en el gabinete mancerista, otra cosa que tienen en común estos tres ex funcionarios es que son parte de un grupo que cada semana se reunía en privado a tomar café para “intercambiar información”.
Si las investigaciones en contra de los ex manceristas tienen que ver con quienes asistían a esas reuniones, el ex procurador Edmundo Garrido es otro de los que debería de comenzarse a preocupar.
Quienes están cerca de las investigaciones aseguran que en las carpetas judiciales están inscritos ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, que incluyen al mismísimo ex secretario, Edgar Amador.
Por el momento, Tungüí y Gutiérrez están desaparecidos y quienes saben de estos temas aseguran que fue un error no responder al requerimiento judicial a través de sus abogados, como lo hizo el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por ejemplo.
El asunto es que las carpetas siguen integrándose y ningún ex mancerista duerme tranquilo.
En el caso de Vázquez, dicen que se ha querido amparar en la cercanía que se le conoció con René Bejarano, pero al parecer ese argumento se ha derrumbado, porque el ilustre profesor de la ligas no es bien visto por los rumbos del zócalo.
Las apuestas son a que el buen Miguel Ángel pasará un buen rato a la sombra, sobre todo por la actitud desafiante que mantuvo ante el nuevo gobierno, incluso luego de que Morena barrió al PRD en las elecciones.
Dicen las malas lenguas que la última carta que le queda es negociar el voto de su esposa, Paula Castillo, a favor de las iniciativas de Sheinbaum en Donceles, sobre todo si su sufragio es requerido para afectar al PRD o para apuntalar a Morena.
Por lo pronto Vázquez no duerme tranquilo, y quienes tuvieron negocios con él -que fue la mayoría del gabinete de Mancera– menos.
