La despidieron por manifestarse contra las decisiones de la dirección

Resultó impactante, pero no sorpresivo. El pasado 29 de octubre de 2018, un día después de que el comité ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) convocó a asamblea para informar que los sindicalizados ganamos el amparo a Desarrollo de Medios, SA de CV, editora de La Jornada -lo que implica la reintegración del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y pago de prestaciones eliminadas en 2017-, la empresa me impidió el ingreso a las instalaciones del diario, en Cuauhtémoc 1236, Santa Cruz Atoyac, y con ello realizar mis actividades laborales. 

El motivo: Haber manifestado mi opinión en asamblea, en el sentido de que no procedía firmar convenio alguno para eliminar el CCT -como exige Demos-, porque en la resolución al amparo directo 289/2018, de 16 de agosto de 2018, los magistrados del 15 Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolvieron restituir las prestaciones del CCT a más de 200 sindicalizados afectados. Demos no demostró encontrarse en quiebra económica, señalaron los magistrados, y por ello revocaron la eliminación de las prestaciones que en enero de 2017 realizaron directivos del diario con el aval de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Paradójico que un periódico que se dice de “centro- izquierda”, “democrático” y “progresista”, violente las leyes, despida a decenas de trabajadores, entre ellos a esta reportera por sólo expresar su opinión. 

Demos violó la ley al eliminar el CCT, y la legislación laboral al omitir el pago de  las liquidaciones correspondientes. En mi caso se negaron a liquidarme, a pesar de tener 21 años 7 meses laborando en ese diario. Hay decenas de casos similares. Lo más grave, es que han emprendido una persecución política en contra de los ex dirigentes sindicales que estaban al frente cuando se votó por la huelga, un 30 de junio de 2017. 

Desde que los trabajadores de La Jornada votamos en forma libre, secreta y democrática a favor de la huelga, los directivos decidieron despedir a prácticamente todos los sindicalizados, pagando liquidaciones de manera discrecional y no apegadas a la ley. A la gran mayoría le  dieron la liquidación en mensualidades -sin que se hiciera del  conocimiento a las autoridades tributarias-. No hubo documento suscrito, por lo cual tampoco obligación de pagarles lo pactado a varios trabajadores. A los más combativos, ni un centavo liquidaron. Un mal ejemplo de quienes se promueven como adalides de la libertad de expresión, la democracia y la defensa de los derechos laborales, civiles y sociales de los mexicanos. Pese a todo, tendrán que cumplir con la resolución de los magistrados, a menos que persistan en violar las leyes de este país.