Al acercarse el cambio de gobierno, en diciembre próximo, seguramente que miles de burócratas sindicalizados que laboran en las diversas dependencias federales y entidades públicas de la Ciudad de México, tendrán rondando en su Cena de Navidad al fantasma de la descentralización.
Insertado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el anunció de llevarse buena parte de la estructura administrativa del gobierno federal a ciudades del interior del país, ha colocado en un grave dilema a miles de familias que podrían desintegrarse con este proyecto, cuya intención para fortalecer las economías locales de varios estados, apunta a no ser la panacea anunciada.
Empleados de la Secretaría de Cultura ya luchan en contra de lo que consideran una imposición por enviarlos a trabajar a Tlaxcala y sindicatos de dependencias como la Semarnat, que se trasladaría a Mérida de acuerdo al plan trazado, piden se realice un cuidadoso análisis que permita conocer los verdaderos alcances y beneficios.
Hasta la fecha los directamente afectados carecen de información necesaria saber a detalle en qué consiste la amenazante descentralización. Y tras la consulta hecha para determinar la cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco, no son pocas las voces que piden se someta a referéndum social una medida que impactará de manera negativa en miles de hogares cuyos integrantes han laborado por generaciones en el ámbito burocrático.
Más allá del gasto estimado para trasladar las Secretarías y entidades fuera de la CDMX –se manejan cifras que oscilan entre los 127 mil y 147 mil millones de pesos–, hay un altísimo costo social que encubriría una forzada migración en un país donde los desplazamientos forzados son consecuencia directa de la guerra contra el narco y los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada. A le fecha no hay un número determinado pero se estiman en más de 50 mil las familias que han quedado separadas por el clima de violencia en sus estados y regiones.
Habrá quien diga que no es el caso, pero imponer a un trabajador un determinado sitio para no perder su empleo, como una decisión unilateral del Estado, equivale a un desplazamiento forzoso, al privarlo contra su voluntad de su entorno familiar y social.
Por ejemplo, hay un elemento que deberá valorarse con sumo cuidado antes de echar a andar a la ligera un proceso de descentralización de tales dimensiones; muchas familias mantienen un decoroso, o al menos holgado nivel de vida, porque varios de sus miembros trabajan en diversas dependencias o entidades públicas.
La madre puede ser empleada de la SEP, el padre en Comunicaciones y Transportes, uno de los hijos en la Sedesol y otro miembro más en la Semarnat. ¿Qué pasará con su unidad y economía familiar si cada uno de ellos es obligado a trasladarse a Puebla, otro más a San Luis Potosi, un tercero a Oaxaca y un cuarto a Mérida?
Los sueldos de los trabajadores sindicalizados del gobierno federal, obvio, no dan para viajar en avión cada fin de semana y menos para que una sola persona subsista de manera independiente. Vale preguntar a los líderes burocráticos y funcionarios del cercano gobierno, si están valorando estos escenarios.
El asunto, como se aprecia, no radica solo en asignar para una mudanza ni el otorgamiento de créditos de vivienda para los trabajadores que sean sacados de su entorno social; se trata de un tema de derechos laborales pero sobre todo de derechos humanos.
De arranque, la propuesta parece dar a la gente el mismo valor que un mueble o una computadora que puede ser llevada y traída al libre albedrío de los funcionarios. Es por demás evidente que buena parte de los votos emitidos a favor del hoy presidente electo, salieron de una burocracia ansiosa de un cambio para acceder a un mejor nivel de vida, cansada de ver los lujos y dispendios de los altos funcionarios; aquellos que por décadas formaron parte de la otra burocracia, la de oro, con elevadísimos sueldos y gratificantes bonos.
Lamentable que ahora se enteren que, en efecto, sí habrá un cambio pero en su contra. Hay estudios que ponen de manifiesto lo riesgoso de implementar una descentralización de tales proporciones. Un grupo de expertos del Colegio de México estimó que en la Ciudad de México se concentra el 80 por ciento de los tres millones de empleados que laboran en 18 secretarías de Estado y 299 entidades de gobierno.
Esto es, unos dos millones 400 mil personas a las que, por lo bajo, hay que sumarles un promedio de cuatro integrantes, con lo que la cifra se eleva a los 9 millones 600 habitantes que tendrían que ser desplazados. No se ha escuchado aún la opinión de las cámaras de comercio y servicios que resentirían la ausencia de este grupo de consumidores habituales. La economía de la CDMX se vería seriamente afectada.
Pero tampoco se ha preguntado a los habitantes de las ciudades receptoras si están de acuerdo en recibir una numerosa población que impactaría en la prestación de servicio e infraestructura urbana. A la Sedesol se le pretende mudar a Oaxaca, una ciudad eminentemente turística que carece de las viviendas suficientes para hacer frente a una intempestiva demanda.
El tema va a dar mucho que hablar conforme de acerquen los plazos fatales. Y con justificada razón los directamente afectados piden mesas de análisis, foros y referéndums para que la descentralización no se convierta en una abominación oficial con graves consecuencia sociales.
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