La ratificación por parte del Senado del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionado con la libre sindicación y el derecho de los asalariados a participar en la contratación colectiva, hace inaplazable la expedición de una Ley Secundaria a la Reforma Laboral de febrero del 2017, misma que se estableció como requisito ineludible en el capítulo laboral del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (Usmca).
A 24 años de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), nuestro país quedó relegado tanto en material salarial como en derechos laborales con sus socios comerciales. Ejemplo de ello es la brutal desproporción que existe entre los trabajadores de la industria automotriz donde a iguales capacidades, los trabajadores mexicanos de esta rama ganan diez menos que sus pares de la Unión Americana y Canadá.
El TLCAN no resultó la panacea laboral y menos sindical pues desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, firmante del acuerdo, nuestro país se convirtió en oferente de mano de obra barata con sindicatos charros que pusieron a disposición de las empresas nacionales y extranjeras, contratos de protección, anulando los derechos elementales de miles de trabajadores.
En el nuevo escenario político que se avecina para diciembre próximo, los actuales legisladores de Morena –mayoría en el Congreso– y los funcionarios del nuevo gabinete, deberán poner en la balanza de sus decisiones por venir el sombrío panorama que enfrentan millones de mexicanos tras décadas de apatía oficial.
Aunado al brutal desajuste salarial que enfrentan los obreros mexicanos, ubicados en el bajísimo rango de países como Haití y El Salvador –de acuerdo al INEGI–, los efectos de haber impedido una verdadera sindicación y una auténtica negociación colectiva, han dejado fuera del rango de la seguridad social a unos 30, 5 millones de trabajadores de los 53,5 que se estima laboran en el país, ubicados en su gran mayoría en la informalidad.
Esta pauperización del mercado laboral incluye dentro de esta informalidad a las personas dedicadas al trabajo doméstico, a los trabajadores del campo e, incluso, al personal de empresas privadas que prestan sus servicios a instancias de los gobierno federal, estatal y municipal; estas últimas son expertas en evadir su obligación legal al no registrar a sus empleados ante el Seguro Social, sobre todo las llamadas outsourcings.
Aprobar una ley secundaria a la reforma de febrero del 2017 verdaderamente eficaz, que en los hechos garantice a esta fuerza laboral la aparición de nuevos sindicatos en la defensa de sus derechos e intereses, implicará además el cambiar las reglas del juego en otros asuntos pendientes como lo son las Afores que manejan los ahorros de millones de trabajadores de manera irresponsable ubicando el monto de las pensiones para la vejez en los límites de una irremediable miseria.
La primera generación de ahorradores que basarán su retiro en el sistema de las Afores, implantado desde 1997 en el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo, deberán conformarse con un magro 30 por ciento del último salario que perciban.
En su mayoría, son trabajadores que perciben entre uno y tres salarios mínimos; esto es, el 60,3 por ciento del total de los 61,3 millones de cuentas individuales y cuya desenlace de retiro, en el mediano plazo, anticipa un escenario de crisis social al estimarse que no alcanzarán a cotizar las mil 200 semanas requeridas para gozar de una pensión.
En este sistema desigual de costos y beneficios, son los banqueros los únicos beneficiados con el manejo discrecional de los 3,3 billones de pesos acumulados en las cuenta de los ahorradores, según el último informe de la CONSAR, entregado al Congreso.
Mientras los trabajadores han ganado unos 73 centavos por cada peso de sus ahorros en los últimos seis años, los operadores de las Afores se han llevado la tajada del león con el 1,01% por ciento que cobran mensualmente de comisión por el manejo de las cuentas.
Esto es, que cada mes los banqueros se embolsan—ganen o pierdan los ahorradores–, unos 33 mil 557,9 millones de pesos lo que les reporta al año ingresos limpios de polvo y paja por más de 400 mil millones de pesos. Si multiplicamos esta cantidad por los últimos seis años tenemos que los agraciados dueños de las Afores se han llevado la nada despreciable bolsa de 2 billones 400 mil millones de pesos. Casi el 75 por ciento monto total de los ahorros de la clase trabajadora.
No bastará con aprobar una eficaz ley secundaria para garantizar que la justicia laboral se cristalice en los hechos. Dentro del esquema de una redimensionada seguridad social debe reformarse el actual esquema de las Afores pues de lo contrario, millones de mexicanos estarán destinados a no gozar de una vejez digna.
La ratificación del Convenio 98 de la OIT es un paso trascendente a una nueva cultura laboral en México, pero no bastará con que los trabajadores decidan libremente en el surgimiento de sindicatos más democráticos y representativos que hagan una realidad la negociación colectiva; se requieren cambios legislativos que les retornen el manejo y control de sus ahorros al viejo sistema solidario donde el Estado asuma su responsabilidad social para impedir el abusivo saqueo de las Afores. El Congreso y el futuro gabinete, tienen la palabra.
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