Ruta 100: de la quiebra al abandono de los trabajadores

Desde hace 25 años, Daniel, Yolanda, Antonio y Juan se sientan cada jueves en la banqueta ubicada a un costado del Palacio del Ayuntamiento, justo enfrente del edificio de la Suprema Corte de Justicia, esperando que alguien le haga justicia al movimiento de los trabajadores de la extinta Ruta 100 y, por fin, resuelva sus demandas.

Las mil 500 personas que están movilizadas desde mediados de los 90 exigen que el gobierno les regrese el dinero que les retuvieron al momento de la liquidación y con el que supuestamente se crearían concesiones de transporte y con ello, fuentes de trabajo para los 12 mil cuatro empleados que se quedaron sin nada al momento de la quiebra.

Al mismo tiempo, demandan a los líderes sindicales que les entreguen parte de las ganancias de las empresas de transporte público —que aún siguen operando—en las que estas personas invirtieron su dinero y de las cuales fueron excluidos sin razón alguna, una vez que entregaron los recursos.

Los ex trabajadores acusan que, tanto el gobierno como los líderes del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos Ruta 100, los defraudaron y les quitaron parte de su liquidación con promesas que jamás se cumplieron.

La cita es a la 1 de la tarde. Poco a poco comienzan a llegar decenas de personas, la mayoría hombres, que alguna vez prestaron sus servicios en la empresa paraestatal de transporte como choferes, mecánicos, operadores o administradores.

“Estamos luchando por lo que nos quedó a deber el gobierno del Distrito Federal a raíz de la quiebra de Ruta 100”, dice José Eulogio Sánchez Martínez, ex trabajador de la empresa y uno de los líderes del movimiento, quien además se encarga de convocar a sus compañeros cada semana en el mismo lugar.

Hora y media después ya hay al menos cien personas que caminan inquietas, tropezando con aquellos que salen apresurados del Metro, con los paseantes curiosos que no saben por qué hay tanta gente reunida y con los trabajadores de las oficinas gubernamentales aledañas que van a comer.

La asamblea está a punto de comenzar y los ex trabajadores esperan las noticias sobre las demandas que han interpuesto de forma colectiva a la Procuraduría de Delitos Financieros y en el Juzgado 66, así como de las negociaciones con el gobierno capitalino.

Después de tantos años ninguno de ellos ha perdido la esperanza de que en algún momento se resuelvan sus demandas y entonces sí, se complete la liquidación de Ruta 100, que comenzó en 1995.

“Estamos aquí con la esperanza porque muchos ya se fueron o ya se murieron. Y otros como yo, ya no podemos andar, pero seguimos viniendo”, afirma Antonio Aguilar Jasso, que tiene 96 años y cada semana viaja solo en Metro para llegar a su cita en el Zócalo.

LA QUIEBRA INMINENTE

El 8 de abril de 1995 parecía un sábado cualquier. Los trabajadores comenzaron a llegar a sus centros de trabajo en la madrugada, para comenzar el servicio a las 5 de la mañana en punto.

Todas las actividades fueron interrumpidas súbditamente esa madrugada. A las 2, los granaderos ingresaron a los módulos de la paraestatal y les dijeron a los empleados que su fuente de trabajo se había acabado.

“Ese día nos echaron a las 2 de la mañana del módulo 20, que estaba en Canal Nacional. Pero a las 4 ya estaban los camiones con otros choferes y salieron a trabajar. Los granaderos se llevaron todo: la gente guardaba cosas en sus lockers, había quien tenía dinero allí y todo se llevaron”, recuera Antonio Aguilar.

El hombre tiene 96 años y toda su vida trabajo en el transporte público, primero en la empresa conocida como El Pulpo Camionero y luego en Ruta 100, cuando el gobierno decidió unificar todas las compañías concesionarias de camiones.

“Estoy mal de la espina porque me atropellaron dos veces, una en el Pulpo Camionero y otra cuando entré a Ruta 100. Me han operado de la espina y desde 1995 ya no volví a trabajar, pero tampoco recibimos lo que nos correspondía”, cuenta Antonio.

Cuando vino la liquidación, los empleados de Ruta 100 tuvieron que luchar durante año y medio después de ese sábado de abril para que el gobierno les diera 72% de la liquidación que les correspondía.

“Fui a Las Vegas cuando fue la lucha y traje siete mil dólares para apoyar a los compañeros, pero no sé qué le harían los del sindicato, yo les entregué el dinero completo que nos dieron los sindicatos de Estados Unidos y no quise agarrar una maquinita de esas de juego para que no fueran a decir que me estaba robando el dinero”, dice Yolanda Cuellar, quien fue una de las 12 mujeres que manejaban los camiones de la empresa y que sigue asistiendo a las reuniones a pesar de que está en silla de ruedas porque ya no puede caminar.

“Al final, el gobierno encabezado por Oscar Espinoza Villarreal y los dirigentes acordaron no pagar el 28% restante de la liquidación porque supuestamente nos iban a apoyar con unas rutas de autobuses para que creáramos una empresa de transporte” dice Juan Guerra, mientras contempla su silla de ruedas y trata de controlar el temblor de sus manos.

Eso no fue todo. Del 72% de su liquidación los trabajadores entregaron 30% de su dinero a los líderes sindicales —Gabino Camacho Barrera y Ricardo Barco López— para conformar las nuevas empresas que tendrían las concesiones de transporte.

Pero los lideres los defraudaron. No los hicieron socios ni recibieron ganancias, pese a que sus compañeros entregaron 173 millones de pesos para crear el Grupo Metropolitano de Transporte, que a su vez tiene cuatro empresas operadoras de transporte público y hasta líneas de Metrobus.

“Ellos han recibido ganancias mientras nuestros compañeros están aquí muriendo”, asegura José Eulogio.

ENFERMEDADES, POBREZA Y MUERTE

Los mil 500 ex trabajadores de Ruta 100 que aún luchan por sus pensiones tienen alrededor de 55 años, aunque hay quienes sobrepasan los 90, como Antonio Aguilar.

El cuerpo se ha deteriorado con el paso de los años. Muchos de ellos hablan de enfermedades crónicas que los aquejan desde hace años o de operaciones que les han tenido que hacer en estos años.

“El doctor me dijo que tuviera cuidado porque no me quería ver con bastón, muletas o en silla de ruedas y por eso ando con mucho cuidado. Mi espina se volvió a deteriorar después de que me atropellaron dos veces y me molesta mucho la cadera, pero aquí seguimos”, afirma el nonagenario sentado en un banco que trae desde su casa.

Junto a él, Juan Guerra espera pacientemente en una silla de ruedas que empuja su hijo cada semana para llevarlo a las asambleas.

“Tengo cinco años que me operaron del corazón y tengo mal de Parkinson, ya no puedo caminar. Pero aquí sigo porque no voy a permitir que el gobierno se quede con lo que nos pertenece”, afirma.

“A mí me dio un derrame cerebral y se me paralizó la mitad del cuerpo, hasta mi voz es otra, la mitad de mi garganta se paralizó. Mi hijo es el que me mueve y me trae desde Toluca”, dice Yolanda.

“Le afectó mucho el derrame, hace tres años le dio y quedó muy afectada, ya no pudo trabajar”, cuenta su hijo Héctor parado junto a la silla de ruedas de su madre.

“Yo soy diabético, soy hipertenso, ya la vista me falla. Y no tengo prestaciones, no tengo seguro social ni nada. Voy al Seguro Popular, pero allí no lo atienden de muchas cosas”, dice Francisco López, que tiene 65 años y trabajó como mecánico en la paraestatal durante ocho años.

No solo los ex trabajadores resultaron afectados con la quiebra de Ruta 100 y el fraude posterior. Los integrantes de las más de 12 mil familias que dependían de esta fuente de trabajo fueron víctimas colaterales de esta situación.

“Mi esposa estuvo muy mal y el año pasado murió. No tenía dinero para atender la enfermedad, la diagnosticaron con cirrosis y los médicos la desahuciaron. Luego encontramos otro médico que podía atenderla, pero los medicamentos costaban 16 mil pesos y no los teníamos. Mis hijos organizaron una colecta, vendimos boletos para una tocada y conseguimos el dinero. Pero ha sido muy difícil, mi esposa murió hace dos meses”, recuerda Daniel Cholico con lágrimas en los ojos.

Lágrimas de impotencia y coraje, dice, pues no tuvo el dinero suficiente para atender a su esposa y a sus padres, quienes también murieron hace unos años.

“Tuve un taller mecánico y arreglaba cosas, pero se enfermaron mis padres y luego mi esposa y lo cerré para cuidarlos. Ahora, como mecánico, ando buscando donde venden fierro viejo, reparo algunas cosas y luego las vendo. De eso he subsistido estos meses”, añade.

La falta de dinero para sacar adelante a su familia impactó a los miles de trabajadores despedidos.

De hecho, la desesperación fue tanta que al menos cuatro personas se suicidaron al no tener los recursos suficientes para sostener a los suyos.

“Al mes que se declaró la quiebra hubo compañeros que se murieron de la tristeza, otros que se ahorcaron, a otros las mujeres los dejaron porque ya no había dinero. En un mes recibimos la noticia de que ya se había muerto alguien o se había suicidado otro más”, expresa Yolanda Cuellar.

“A raíz de la quiebra fallecieron muchos compañeros, creemos que van dos mil compañeros que murieron por falta de recursos, porque después de Ruta 100 fue muy difícil conseguir empleo porque el gobierno nos marcó como revoltosos. Y muchas empresas que contrataban a los ex trabajadores, una vez que se enteraban que habían trabajado en Ruta 100, los corrían”, asegura Juan.

Los ex trabajadores, afirman que ya no pudieron conseguir un empleo formal, pues el gobierno los etiquetó de “grillosos y conflictivos” por organizarse y movilizarse para exigir una liquidación justa.

“Yo era mecánico en Ruta 100 y arreglaba camiones, pero cuando uno buscaba trabajo no nos lo daban porque decían que íbamos a alborotar el gallinero”, dice Daniel.

“Después de Ruta 100 fui taxista y al final recibí una pensión de tres mil pesos mensuales, que no me alcanza para nada, y muchas veces vivo de la caridad de las personas”, afirma Juan Guerra.

Al no conseguir un empleo formal, muchos tuvieron que trabajar de lo que fuera y donde fuera, para poder mantener a su familia.

“Fue muy difícil porque ella era el sostén de la casa y cuando se quedó sin trabajo tuvimos que dejar la escuela, tuvimos que empezar a buscar cómo salir adelante”, dice Héctor, uno de los ocho hijos de Yolanda.

“Nos liquidaron, pero mis hijos nunca dejaron de comer porque yo trabajaba mucho para que nos les faltara nada. Primero me puse a vender chácharas, iba a donde se reúnen los de la basura para ver qué habían recogido y les compraba chácharas que vendía en los tianguis. Luego fui artesana de collares, aretes y pulseras, y las vendía en las ferias, en las fiestas de los santos, allá en Guanajuato”, rememora Yolanda.

“De mecánico ya no volví a trabajar, aunque arreglaba camiones en el módulo 2. Tuve que vender cosas en mercados y cualquier lado para poder subsistir. De hecho, la que trabaja es mi esposa porque alguien tenía que ser el sostén y ella lo hace” admite Francisco López.

Como ellos, otros trabajadores también han hecho de todo para lograr subsistir estos años. y aunque Ruta 100 les dejó una pensión por los años trabajados para el gobierno, al final el monto fue mínimo y no alcanza para vivir.

“Cuando me tocó pensionarme no me avisaron los del Seguro. Cuando por fin me hablaron ya habían pasado 10 años y me dijeron que ya no podían darme lo que me tocaba por todos los años de trabajo. Ahora solo recibo 2,400 pesos mensuales, porque mi caso ya había prescrito”, explica Antonio Aguilar.

MANTIENEN LA ESPERANZA

Veinticinco años después de aquel sábado que les transformó la vida, cerca de mil 500 ex trabajadores de Ruta 100 siguen en pie de lucha, confiados en que el gobierno federal o el de la Ciudad de México resolverá sus demandas en algún momento, pese a que en tantos años nadie quiso atender el problema y darle una solución de fondo.

En diciembre de 2012, Miguel Ángel Mancera llegaba al Palacio del Ayuntamiento como jefe de gobierno de la Ciudad de México y una de sus primeras acciones fue entregar 12 millones de pesos al movimiento como un apoyo financiero. De ese total, cada ex trabajador recibió 12 mil 867 pesos para iniciar algún negocio y poder auto emplearse.

A lo largo de su administración, Mancera prometió resolver el conflicto y dar una salida a las demandas. Incluso en 2016 se anunció que podía resolverse definitivamente, a través de la creación de cooperativas que compensaría el 28% de las liquidaciones que se quedó el gobierno capitalino al momento de la quiebra.

No obstante, la administración está a punto de terminar y los manifestantes no han visto respuestas concretas.

“El mismo gobierno nos ha tenido cerrados, hemos tocado puertas en muchos lugares, en muchas dependencias, acudimos a Derechos Humanos, pero nadie nos ha hecho caso, nos dicen que sí, pero nadie nos resuelve nada y hasta la fecha seguimos luchando”, señala Francisco López.

En las asambleas, los afectados han manifestado su confianza en las autoridades que están por llegar al gobierno de la ciudad y a la Presidencia de la República, aunque el triunfo del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no les garantiza nada.

“Ya fuimos a una reunión con la gente de López Obrador. Pero López Obrador ya fue jefe de gobierno y nunca nos resolvió. Cuando fue jefe de gobierno veníamos a tocar puertas desde las 6 de la mañana y la verdad es que nunca no quiso resolver. Él fue a pedir antes el apoyo al sindicato para que llegara a jefe de gobierno. Lo apoyamos y luego nos volteó la espalda. ¿Cómo podemos confiar en gente de ese tipo?”, cuestionó Francisco al recordar todo lo que sucedió en el 2000, cuando el tabasqueño contendió para gobernar la capital del país.

A pesar de las dudas que esto les genera, los trabajadores no desistirán en la lucha por que el gobierno les haga justicia y les pague el dinero que les debe, pero también castigue a Ricardo Barco López y Gabino Camacho, los antiguos líderes sindicales que se beneficiaron con el dinero de los agremiados y que después los defraudaron para quedarse con todo.

“Queremos que estos sujetos no regresen nuestro dinero y parte de los rendimientos de las empresas porque no les vamos a dejar nada”, asegura José Eulogio.

Mientras tanto, los ex trabajadores seguirán reuniéndose cada jueves en el mismo lugar para conocer los avances de su lucha.

“No importa si hay lluvia, sol o frío, mientras tengamos fuerzas seguiremos viniendo”, asegura Antonio.