A unos meses de concluir el sexenio, una parte del sector empresarial busca que desde Los Pinos se dé la luz verde para que los recursos financieros del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) sigan la misma ruta de las Afores, con el propósito de asegurar el financiamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICMX), en caso de que el PRI pierda la elección presidencial.
En la contraparte de la representación obrera, tal intención no avanza sobre una alfombra roja, sobre todo porque el liderazgo cetemista se ha visto marginado y aislado de las decisiones tomadas al más alto nivel en el proyecto estelar de la actual administración.
Primero, se les excluyó del otorgamiento de millonarios contratos a sus transportistas y después, vía el ex Secretario del Trabajo y hoy titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se les impuso una iniciativa de Reforma Laboral presentada en la Cámara Alta en diciembre pasado, por uno de sus legisladores y en cuya redacción ni siquiera tomaron parecer a sus máximos dirigentes.
Y por si esto no bastara, para acumular agravios contra la CTM, la dirigencia nacional del PRI apenas y les otorgó unas diez posiciones para acceder a cargos de elección en julio próximo, entre nominaciones federales, locales y municipales; no obstante que en su sede sindical se cobijaron los destapes oficiales de sus candidatos a la Presidencia de la República y al gobierno capitalino.
No fue casual que a una semana de la conmemoración del Día del Trabajo, el máximo jerarca de la CTM, Carlos Humberto Aceves del Olmo, anunciara que su central impondrá una sanción ejemplar al líder cetemista de Coahuila y senador, Tereso Medina, quien junto con el dirigente nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, presentaron la reforma que a decir de Aceves “ya está muerta” en el Congreso.
Al interior del movimiento obrero subsiste la molestia porque el proyecto varado en el Senado fue elaborado en su totalidad por asesores de la cúpula empresarial, sin tomar en cuenta sus probables repercusiones en el difícil panorama electoral donde su partido, el PRI, no remonta en las encuestas.
Para el sector obrero del maltrecho priísmo, consentir en la petición empresarial de soltar sin pudor alguno los ahorros de la vivienda de los trabajadores –estimados en un billón 200 mil millones de pesos–, para garantizar sus contratos y ganancias a los grupos favorecidos sería como entregar en bandeja de plata la elección presidencial a “ya saben quién”.
Hasta la fecha, el INFONAVIT prosigue en la pelea legal por recuperar los 724 millones de pesos que por intermediación y asesoría de Santander fueron utilizados para la compra de acciones de la empresa ibérica, Abengoa, durante la administración de Alejandro Murat Hinojosa y que terminaron no valiendo ni un cinco luego de que la firma se fue a pique.
Existen los fundamentos legales para que los ahorros de los trabajadores en materia de vivienda puedan ser invertidos bajo el argumento de “garantizar un mejor rendimiento a sus recursos líquidos”, como lo planteó la reforma al artículo 43 de su Ley, aprobada en el gobierno de Felipe Calderón, en enero del 2012, y que fuera ampliada según lo acordado por su Consejo de Administración, el 26 de febrero del 2014, al dar paso a la creación del régimen de inversiones denominado Marco de Gestión del Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores (Fanvit).
Fue a través del Fanvit como el hoy gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat tuvo las facultades para hacer perder al instituto en 2015 un total de mil 886 millones de pesos de los ahorros de los trabajadores, incluidas las acciones de Abengoa, cuyo último paquete se adquirió apenas unos días antes de abandonar el cargo, el 30 de noviembre del 2015, para buscar la candidatura de su estado.
Cuando David Penchyna asumió la dirección del INFONAVIT, en febrero del 2016, se encontró con toda una serie de irregularidades, pérdidas y costos de operación inflados en el Fanvit; en enero del 2017 el instituto a su cargo presentó ante la Condusef una querella formal contra Santander, al responsabilizar a sus funcionarios de haberse prestado a una operación fraudulenta, pues a sabiendas de que Abengoa estaba a un paso de la bancarrota, avalaron la compra de acciones. La demanda se radicó además en la Unidad Especial de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR.
Si desde las más altas instancias se palomea lo solicitado por los empresarios interesados en no perder sus jugosas ganancias en el proyecto aeroportuario, se podrá anticipar que los agraviados cetemistas, junto con sus aliados del sector obrero, alzarán la voz denunciando este nuevo intento de saqueo a los ahorros de los expoliados trabajadores. Consentir un atraco de tales dimensiones en las circunstancias electorales adversas para su partido será como darle el tiro de gracia a su candidato. ¿Jalarán del gatillo en Los Pinos?
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