Por I. León Montesinos
El despido injustificado de más de dos mil burócratas en el gobierno de Rafael Moreno Valle se ha convertido en una silenciosa bomba de tiempo que bien podría estallarle al mini periodo de Tony Gali, pero más probable a quien gane en la próxima elección de julio y asuma el cargo en febrero de 2019.
Se trate de la panista Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa del ex mandatario; del morenista Miguel Barbosa Huerta o del priísta Enrique Dóger, el asunto no tendrá vuelta de hoja: o el próximo gobernador corrige el agravio laboral o deberá atenerse a las consecuencias de una eventual destitución como ya ocurrió con el ex delegado perredista de Venustiano Carranza, en la CDMX, Israel Moreno Rivera, o los ex alcaldes, Erwin Castelán Enríquez del PRI en Coacalco, Estado de México y Pablo Pérez Maceda, panista de Tlacotepec, Puebla.
En estos tres casos, como otros tantos del país, el incumplimiento de laudos emitidos por autoridades laborales para hacer justicia a los trabajadores fueron desoídos e ignorados por años hasta que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sacó a estos insolentes políticos de su burbuja de impunidad.
Desde 2013 y alegando una reconfiguración de la administración pública de Puebla, Rafael Moreno Valle obtuvo del sumiso Congreso Local la autorización para iniciar el despido masivo de trabajadores de base con la complacencia de los líderes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPyOD) amenazados con ser investigados sobre el nada claro manejo de las cuotas y recursos sindicales.
Una a una, dependencias como el Instituto de Asistencia Pública (IAPE), la Contraloría del estado y otras más fueron desapareciendo dejando en la calle a cientos y cientos de burócratas. El asunto nació torcido de origen pues los ejecutores de la picota no tuvieron el cuidado de notificar siquiera por escrito la terminación de las relaciones laborales. De palabra, los cesados se enteraron de su despido injustificado, siendo advertidos que el monto de su finiquito no sería de acuerdo a la ley pues el gobierno no “tenía dinero”, razón por la que la inmensa mayoría se negó a firmar su renuncia.
Para controlar el generalizado descontento de los sindicalizados, a Moreno Valle no le importó aplicar un abierto terrorismo laboral despidiendo en el segundo semestre del 2013 a 25 trabajadores que se organizaban para contender en las elecciones gremiales a celebrarse en diciembre de ése año. El entonces líder, Héctor Posadas Manzano, se convirtió en perro de caza de los opositores y promotor de la candidatura de Rosalía Barranco Hernández, utilizando por primera vez en la historia del sindicato poblano a acarreados para inflarle la votación.
Al llegar al cargo, en enero de 2014, la dirigente anunció que se mejoraría la plantilla burocrática “con gente más preparada”—de licenciatura a doctorado—; los que tuvieran menos estudios, advirtió, serían dados de baja. Por supuesto que esto nunca fue verdad y empleados con alta preparación académica fueron despedidos sin argumento alguno.
Con una líder a modo, los despidos y atropellos se acrecentaron de tal suerte que Barranco aceptó negociar aumento salarial cada dos años y permitir más despidos hasta alcanzar la cifra de dos mil cesantes, en 2015, y la supresión de diversas prestaciones.
A la llegada de Antonio Gali Fayad al gobierno del estado, en febrero de 2017, las cosas no cambiaron en lo absoluto y en diciembre pasado ante la renovación de los mandos en el STSPEPyOD, los métodos intimidatorios y gangsteriles contra los agremiados volvieron a aplicarse violando la autonomía sindical y los derechos humanos y laborales de los burócratas.
Sin cuidar las formas el Subsecretario General de Gobierno, Pedro Martínez Ortíz, citó en Casa Aguayo, el pasado 8 de noviembre a 4 de los 7 aspirantes para sutilmente deslizarles la advertencia de que otra vez habría una planilla única en el proceso de selección, encabezada por Socorro Virginia Meza Cruz. Con una democracia acotada y a modo, apenas asumió el cargo, la nueva líder se apresuró a decir que no habría persecución en contra de su antecesora ni investigaciones sobre el presunto desvío de 22 millones de pesos de las cuotas. En su borrón y cuenta nueva excluyó, por supuesto, la defensa de los trabajadores despedidos.
A la par de los despidos comenzaron a integrarse en la Junta Local de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje, decenas de denuncias en contra del gobierno de Puebla, encabezadas por despachos como el del ex candidato de MORENA a la gubernatura, Abelardo Cuéllar Delgado. Además de la dilación, la consigna para resolver sobre el monumental atropello, como era previsible, se ha hecho presente. Los fallos han sido en contra por lo que los afectados irán en busca de la justicia federal para acceder a los amparos y la jurisprudencia emitida al respecto por la Suprema Corte.
Tarde que temprano, los ministros deberán tomar el asunto en sus manos y entonces sí la bomba laboral dejará de emitir su discreto tic-tac para explotar en un estruendoso ¡cataplum!
¿A quién de los enlistados a la gubernatura poblana le tocará atender el siniestro? No estaría de más que se vayan preparando por aquello de las inhabilitaciones. Por menos de eso, muchos alcaldes perdieron sus cargos y en Puebla podría darse el caso de que corra la misma suerte un gobernador…
