El único jubilado con derechos en el SUTGCDMX

Carlos González Merino es uno de los dirigentes de la burocracia de la CDMX que en verdad puede decir que empezó desde abajo: a sus 20 años, en septiembre de 1974, ingresó como trabajador de intendencia en las oficinas del Registro Público de la Propiedad, para de ahí ir escalando puestos como elevadorista, auxiliar de registrador e inscribidor, dándose tiempo para estudiar en la Preparatoria 8 de Observatorio.

Su empatía con sus compañeros de trabajo lo llevó a ocupar la cartera de la Secretaría de Trabajo y Conflictos de la Sección 19 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX (SUTGCDMX), en el trienio 1983-86, siendo secretario general Pedro Morales Gazca, quien al concluir su periodo fue sustituido por González Merino para ejercer el liderazgo en el trienio 1986-1989, al lograr el apoyo mayoritario de los empleados de base. No puede soslayarse que siendo líder de su sección, el joven dirigente se daba tiempo para concluir su carrera en Derecho.

Revela en una charla con RS, tener un libro inédito bajo el brazo que muy probablemente dé a conocer, pero se guarda la fecha de lanzamiento. Hombre sencillo, pero de acciones directas, Carlos González Merino ha ocupado todos los cargos habidos y por haber en la estructura del SUTGCDMX y en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Entre estos destacan: Coordinador Jurídico y apoderado Legal del Único; titular del Comité de Vigilancia, secretario de Condiciones Generales de Trabajo y vicepresidente de Asuntos Laborales de la misma organización. Por la FSTSE ha sido apoderado, secretario Contralor del Sistema de Previsión Social y Magistrado Federal en la Sala 2 del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).

Hiperactivo, el abogado laborista no quiso retirarse únicamente a ejercer su profesión luego de que en 2005 asumiera el tiempo de su jubilación. Consciente de que al concluir su vida útil muchos sindicalizados son prácticamente aislados de las actividades de su organización, negándoles todo derecho a participar en la organización a la que pertenecieron toda su vida, decidió iniciar un juicio para que su condición de trabajador en retiro no le impidiera seguir en activo como sindicalista.

En 2011, y tras un juicio de seis años, el TFCA emitió un laudo reconociéndole plenamente todos sus derechos por lo que al presidente del SUTGCDMX, Juan Ayala, no le quedó de otra más que extenderle a regañadientes tal reconocimiento, pues con ello se abrió la posibilidad de que miles de jubilados sigan el mismo camino  y puedan, incluso, pedir cuentas a sus actuales líderes, pues en opinión de Gonzáles Merino, “desviaron los fines de la política sindical para dejar de representar a los trabajadores y velar sólo por sus intereses personales”.

Para el exmagistrado, su organización fue secuestrada y desmembrada por un grupo de dirigentes seccionales, fieles al actual presidente del Único, Juan Ayala Rivero, porque les permitió junto con él eternizarse en el cargo luego de que, de forma ilegal, cambiaron los estatutos para perpetuarse en el cargo como sucedió en el Congreso celebrado en mayo de 2017 en el Salón Bugambilias del Deportivo 18 de Marzo, que al ser interrumpido por un grupo de trabajadores debió cancelarse, pero no fue así pues con sus incondicionales se encerró en las oficinas sindicales de Antonio Caso y redactó un documento modificando los artículos 161, 161 bis y 162 de los estatutos para decir que tenía el aval de un Congreso que no se realizó.

Lo más delicado y absurdo, señala, es que fungiera como presidenta del evento nada menos que la actual magistrada ante el TFCA, Irma Ramírez, exlíder de la sección 25 del Único, quien en lugar de haber exigido apego a la legalidad dio por bueno un Congreso espurio. Pero esto no extraña al vicepresidente del Único pues destaca que la ilegalidad y las violaciones estatutarias han sido el sello distintivo de la gestión de Ayala Rivero y sus incondicionales.

“Juan Ayala llegó a la dirigencia estando impedido para ello porque fue procesado por fraude y venta de plazas cuando perteneció al Comité de la Sección 32 del Sistema de Aguas de la Ciudad. Estuvo detenido, y si bien se le otorgó el perdón, el haber participado en un delito intencional cancelaba por estatutos sus aspiraciones”, puntualiza.

Analiza Carlos González que inmersos en la corrupción e ilegalidad, los actuales líderes torcieron la función sindical en un negocio privado donde, ante todo, están sus intereses y el aparentar una democracia interna que no existe. “Todos los candidatos a las secciones que no se han plegado a lo que les indica Juan Ayala son cambiados de sección o se les quita el dígito sindical para impedirles participar. Todo esto, claro, con la complicidad de las autoridades”.

Y abunda: “Pero a los trabajadores también se les ha violentado su libertad y derecho a participar en la elección democrática de sus representantes y es común que cuando saben que van a perder en una sección, cambian trabajadores de una sección a otra o los hacen votar en sitios alejados de sus centros de trabajo para anular su participación. Y, por ejemplo, si un trabajador es de la GAM lo mandan a votar hasta Xochimilco o Magdalena Contreras con lo que inhiben su participación. Eso es un atropello a la democracia sindical y una burla a los trabajadores, y ya ni se diga a los Convenios Internacionales de la OIT como el 98, 87, 115 y 135”.

Denuncia que el liderazgo de Ayala Rivero ha consentido que las autoridades no cumplan con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo (CGT), como es el otorgamiento del vestuario pues desde hace tres años los trabajadores no reciben esta prestación, existiendo una total opacidad en el manejo de los recursos, así como en las adjudicaciones directas contrarias a la ley. De la variedad de asuntos de corrupción, añade que ahí está el caso de la retención del ISR, que asciende a varios cientos de millones de pesos que los dirigentes no exigieron al gobierno capitalino, se devolviera a miles de trabajadores.

Por ello, para Carlos González Merino, los trabajadores deben luchar por recuperar el sentido democrático de sus estatutos y pelear porque sea el voto secreto, universal y directo el mecanismo que, sin trampas, les garantice elegir libremente a sus representantes, con un perfil distinto al de quienes ahora los han utilizado para campañas políticas y negocios personales.