A lo largo del tiempo, la administración pública ha estado sometida a cambios y reformas administrativas, las cuales han buscado mejorar las funciones del gobierno para cumplir de mejor manera con sus objetivos, pero en general han respondido a una coyuntura específica o programa sexenal.
Sin embargo a pesar de los programas para transformar y modernizar la estructura y las funciones de la administración pública mexicana, estos no han sido suficientes para detonar el potencial de desarrollo del país y alcanzar un mejor bienestar.
Ello obedece, fundamentalmente, a la falta de definición de los fines y objetivos del Estado con visión de largo plazo y a la falta de orientación y motivación del servicio público.
La puesta en marcha de estrategias erróneas, confusas y contradictorias, motiva el fracaso de las disposiciones que originalmente nacen con propósitos positivos.
Un ejemplo vigente, es el Código de Ética de la Administración Pública Federal en el que se pretende evitar conductas tales como tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseo, jalones.
Medida plausible que se enmarca con el exhorto de poner fin al acoso sexual, un mal frecuente que se padece en las oficinas gubernamentales.
Tratar de erradicar conductas que se basan en besos, abrazos y piropos, quedan prohibidos para los empleados de la administración pública. Medida que ha sido bien recibida por los trabajadores al servicio del Estado.
Al prohibirse expresamente el hostigamiento y acoso sexual, además de los piropos, regalos, el bloqueo de personas en redes sociales, los besos, abrazos y hasta trabajar con una actitud negativa, es como la Secretaría de la Función Pública divulgó su nuevo Código de Ética para los trabajadores del Estado de cualquiera nivel jerárquico, incluyendo al personal de base y sindicalizado.
Pero la confusión y la extralimitación de esas disposiciones anunciadas en las nuevas reglas de conducta del servicio público se originan al incorporar que la integridad que debe prevalecer en las actividades cotidianas de los trabajadores es dentro y ¡fuera de las instituciones!
Que la Secretaría de la Función Pública pretenda vigilar, imponer y sancionar las conductas que los trabajadores tienen en su ámbito privado, es una exageración y una medida que violenta la privacidad.
Solicitar que se procure mantener la imagen de las dependencias y entidades incluso fuera del horario y espacio laboral y que invade el entorno individual, familiar y particular, significa un exceso injustificable.
Es una exageración persecutoria que se extralimita, que queda fuera del ámbito laboral y se equipara a un extremo violatorio de las Condiciones Generales de Trabajo y rebasa los compromisos que se tienen legalmente con las instituciones.
La medida, que de origen debe verse como positiva, sufre una descomposición de su objetivo inicial y que puede dar paso a conflictos jurídicos y descontento en la clase trabajadora sindicalizada y de confianza por ser errática.
Genera confusión para los 5 millones 869,114 personas que, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el número de trabajadores empleados en el sector público.
Incluye al Gobierno Federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, empresas públicas e instancias de la seguridad social.
MEDIDAS IMPOSIBLES Y EXTREMAS
Para la Secretaría de la Función Pública (SFP) el Código de Ética para los trabajadores del Estado la normativa tiene como fin regular nuevas temáticas, como el acoso laboral, la agenda de cuidados y el uso de redes sociales, ello al definir el concepto de dignidad, incorpora los conceptos de justicia e igualdad en lugar de equidad de género, y regula la violencia laboral.
Puntualmente hace énfasis en el hostigamiento sexual o acoso sexual y precisa que las personas servidoras públicas tienen prohibido, entre otras cosas, el tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseo, jalones.
Igualmente determina que hacer regalos, espiar, condicionar un puesto o ascenso, realizar comentarios, enviar imágenes o videos, o difundir rumores, o cualquier otra acción que sea de naturaleza sexual deben erradicarse.
La SFP considera y restringe que las redes sociales pueden constituir una extensión de las personas en medios electrónicos y que los trabajadores que decidan destinar estos espacios virtuales para hacer públicas las actividades relacionadas con su empleo, se deberán abstener de “realizar conductas que restrinjan o bloqueen la publicidad o interacción de la cuenta a personas determinadas”.
De igual forma se ordena a los trabajadores del Gobierno Federal rechazar todo tipo de regalos que beneficien a su persona o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad.
Otro aspecto que se ve rebasado por la realidad, es el concepto en el que se determina realizar actos de proselitismo o proporcionar subsidios o apoyos de programas gubernamentales.
Para nadie es desconocido que en las tareas diarias y en tiempos de proximidad a procesos electorales, ese enunciado queda ignorado, superado y convertido en una utopía, ya que en las dependencias gubernamentales, Alcaldías y sindicatos, se hace caso omiso de la recomendación que ahora puede ser visto como un sueño inalcanzable.
Entre las restricciones que la SFP agrega en su Código de Ética, está evitar la divulgación de información privilegiada, ocultar información negligentemente, clasificar información como confidencial o reservada, de manera dolosa y hasta realizar interpretaciones restrictivas a las solicitudes de información recibidas.
FANTASÍAS
También se determina que los funcionarios no deberán desempeñar el empleo, cargo o comisión, con una actitud negativa de servicio o de manera no cordial, lo cual podría quedar en una aspiración simplemente con realizar una visita a las ventanillas, mostradores o recepciones de una infinidad de oficinas gubernamentales.
El trato que muchos empleados incrustados en la burocracia dan a quienes acuden a realizar trámites o solicitar servicios, no es nada cordial ni amable.
Incluso los mismos trabajadores del sector oficial que tienen la necesidad de hacer gestiones para obtener préstamos o servicios médicos, son las principales víctimas del trato prepotente.
Pero en la lista de sueños guajiros que incluye el Código de Ética, hay otros agregados que dan paso a reacciones irrisorias, cuando se busca impedir:
Utilizar recursos públicos para fines distintos al que fueron destinados, como es el caso del parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo; recintos; papelería; enseres, o cualquier otro.
No se diga de remedios como:
Realizar gastos innecesarios en las oficinas públicas, incluyendo el desperdicio de agua, energía eléctrica, servicios telefónicos, de internet, gasolinas, remodelaciones injustificadas, o cualquier otro insumo pagado con recursos oficiales.
En los buenos propósitos del Código de Ética se pretende conjurar que requiera a personal al servicio del Estado, para que desempeñe labores que atiendan a intereses particulares de quien lo solicita, como pudiera ser en algún domicilio o destinado a cualquier actividad de carácter personal o privado.
La SFP establece que los empleados deberán firmar una carta compromiso en la que aceptan estas normas, al tiempo que se ordena a las instituciones a realizar cursos y talleres para las personas no sepan a qué se refiere cada rubro.
Los puntos destacados son:
• Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona
• Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación
• Condicionar la obtención de un empleo o ascenso, su permanencia en él o las condiciones del mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual
• Considerar que las redes sociales pueden constituir una extensión de las personas en medios electrónicos, por lo que, sin menoscabo de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión propios, para su uso institucional, procurarán la imagen de las dependencias y entidades, así como la confianza en el servicio público, al mantener un comportamiento acorde con la ética pública y respetuoso de cualquier persona, sin importar su ideología o posicionamiento
• Rechazar todo tipo de regalos, obsequios, compensaciones, prestaciones, dádivas, servicios o similares, con motivo del ejercicio de su función, empleo, cargo o comisión, que beneficien a su persona o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad
• Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo custodia o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión
• Realizar interpretaciones restrictivas a las solicitudes de información recibidas en las dependencias o entidades, de forma contraria al principio de máxima publicidad
• Utilizar recursos públicos para fines distintos al que fueron destinados, como es el caso del parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo; recintos; papelería; enseres, o cualquier otro, con independencia de que sea propiedad de la dependencia o entidad, o se cuente con su posesión mediante arrendamiento, o cualquier otro medio de contratación
• Divulgar información privilegiada, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la que tenga o haya tenido acceso con motivo del empleo, cargo comisión, en beneficio propio o de terceros, o que signifique ventajas indebidas, relacionada con contrataciones públicas, o con el proceso para la ocupación de plazas vacantes en el servicio público
• Tomar decisiones en los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, anteponiendo intereses particulares que dejen de asegurar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad y oportunidad disponibles en el mercado
• Solicitar o recibir beneficios particulares, para sí o para terceras personas, respecto de empresas a las que se les hubiere adjudicado algún contrato
• Omitir presentar en tiempo y forma, conforme a la normativa aplicable, las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscales
Con estas disposiciones nos encontramos con un modelo de administración pública que se alinea a objetivos temporales, y por el otro, la inacabada profesionalización del servicio público, que materialice la visión de objetivos nacionales, no sexenales.
Para que la administración pública federal responda eficaz y eficientemente a las demandas sociales y sea detonante para el desarrollo del país, además de caracterizarse por principios claramente definidos, tienen que encuadrarse en la realidad.
Ángel Tonatihu Arias Blanco, en su Proyecto de Investigación Aplicada para la Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, habla sobre El modelo actual de la Administración Pública en México: retos y oportunidades para su modernización.
Precisa que contar con un modelo moderno, eficiente y eficaz de administración pública debe ser una prioridad para lograr el objetivo de satisfacer los intereses públicos y las expectativas de la sociedad para alcanzar mejores niveles de bienestar y progreso colectivo.
Destaca que es importante establecer una visión de Estado de largo plazo, lo que constituye el rumbo al que la estructura gubernamental debe centrar todos sus esfuerzos, al tiempo de mejorar los mecanismos de la administración pública federal para resolver los múltiples y complejos problemas que afectan la vida de los ciudadanos.
Que la instrumentación del rumbo del Estado deberá basarse en las herramientas de la Nueva Gestión Pública, sin dejar de lado los principios y valores propios de la democracia.
Y que la filosofía del Nuevo Servicio Público brindará la base para contar con un funcionariado comprometido con el desarrollo del país, al fomentar relaciones laborales más humanas, y prestando atención a sus valores, intereses y motivaciones.
Para ello, una de las principales recomendaciones es establecer un modelo de gestión pública con visión empresarial, cuya estructura sea lo suficientemente flexible para adaptarse a los nuevos retos y que esté conformada por servidores públicos altamente motivados, con el fin de que su desempeño contribuya positivamente al desarrollo del país.
Que el modelo debe identificarse por principios que perduren en el tiempo y cuyas prioridades respondan a intereses nacionales y no sexenales. De igual manera, su funcionamiento dependerá del establecimiento de un Instituto de Formación Profesional del Servicio Público Mexicano, con el propósito de terminar con el clientelismo y la politización de la alta burocracia, la eliminación de las estructuras con autoridad de tipo tradicional, así como preparar a los futuros cuadros de servidores públicos.
De esta manera, se fortalecerá la administración pública federal en México, dotándola de la estructura y bases adecuadas para desplegar sus esfuerzos en beneficio de los intereses de la nación.
Arias Blanco considera que todo Estado, independientemente de su nivel de desarrollo, requiere del establecimiento de una estructura organizacional eficaz y eficiente que le permita poner en marcha las acciones pertinentes para atender de manera oportuna las necesidades de su población.
Porque esa estructura, constituida por la maquinaria burocrática no política del gobierno para implementar sus leyes y políticas es denominada administración pública.
Por lo tanto, hablar de administración pública es comprender el ámbito en el que se desenvuelven las actividades gubernamentales.
La administración se refiere al “qué” y al “cómo” del gobierno. El “qué” es la sustancia, el conocimiento técnico de un campo, que capacita al administrador para llevar a cabo su tarea. El “cómo” son las técnicas de gerencia, los principios que llevan al éxito los programas cooperativos.
En esa tesis se advierte que la actividad de la Administración pública puede clasificarse en dos grandes tipos: actividades funcionales y actividades institucionales. Las primeras tienen como propósito dirigir la realización del trabajo que es el objeto vital de la administración pública; en tanto que las segundas tienen por objeto el mantenimiento y operación de la administración pública, por cuanto que constituye un organismo.
Por tanto la administración pública para atender los asuntos públicos y las demandas sociales, resulta fundamental evaluar su funcionamiento y su eficacia en México a fin de determinar el cumplimiento de sus propósitos y su vigencia.
En ese sentido la pregunta que nos interesa responder en esta investigación es la siguiente:
¿El actual modelo de la administración pública en México cuenta con la estructura necesaria y por lo tanto adecuada para atender eficazmente las expectativas y demandas de los ciudadanos, de tal manera que contribuya a alcanzar mejores niveles de bienestar?
A lo largo del tiempo, la administración pública ha estado sometida a diversos cambios y reformas administrativas, las cuales sin duda han buscado mejorar las funciones del gobierno para cumplir de mejor manera con sus objetivos, pero en general tales reformas han respondido a una coyuntura específica o programa sexenal.
A pesar de los programas para transformar y por ende modernizar la estructura y funciones de la administración pública mexicana, estos no han sido suficientes para detonar el potencial de desarrollo del país y alcanzar un mejor bienestar, lo que se debe a dos factores fundamentales:
La falta de definición de los fines y objetivos del Estado con visión de largo plazo, lo que entendemos como el rumbo nacional, y que como hemos dicho impacta la acción de la administración pública; y la falta de orientación y motivación del servicio público.
Es decir, por un lado nos encontramos con un modelo de administración pública que se alinea a objetivos temporales, y por el otro, la inacabada profesionalización del servicio público, que materialice la visión de objetivos nacionales, no sexenales.
Se resume que revitalizar la imagen de la burocracia de una estructura mecánica, rígida, impersonal, ineficiente, derrochadora e inefectiva cuando se trata de custodiar el interés público, incluye una dinámica orientada a resultados, eficiente, con servidores públicos responsables que son sensibles y están conscientes de las necesidades, deseos y preferencias públicas.
