En México, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 4to, que “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.
Para el ejercicio de estos derechos, el mismo artículo 4to señala que “Los ascendientes, tutores y custodios, tienen el deber de preservar estos derechos y que el estado otorgara facilidades a los particulares para que se coadyuve al cumplimiento de los derechos de la niñez.”
En ese contexto y en un marco donde la explotación y el engaño son la divisa, el 16 de mayo se festeja el Día del Niño Trabajador.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2018, estima que en México residen 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales 11.4 millones tiene cinco años o menos; 13.2 millones se encuentran en edad escolar, de 6 a 11 años y 13.7 millones son adolescentes de 12 a 17 años.
En México se tienen identificados 3.3 millones de niños y niñas que realizan trabajo; es decir, una taza del 11.5%, de la población informó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), al presentar en colaboración con la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo infantil como todo aquel que priva a niñas, niños y adolescentes de su potencial y dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Puede producir efectos negativos, inmediatos o futuros para su desarrollo físico, mental, psicológico o social, e impide el disfrute pleno de sus derechos humanos, en especial obstaculiza su asistencia o permanencia en la escuela y reduce su rendimiento en ella.
En 2014, se reformó el artículo 123, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar a 15 años la edad mínima para trabajar (antes 14). No obstante, el Módulo de Trabajo Infantil 2019 del INEGI, señala que a nivel nacional 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaron trabajo infantil, de los cuales 58.2%, se refiere a ocupación no permitida y el 36.6% a quehaceres domésticos no adecuados.
El número de personas en ocupación por debajo de la edad mínima para trabajar era de 802, 890 personas (38.7%), y 1, 267, 543 (61.3%) que se dedicaban a actividades peligrosas. El 39.3% de quienes eran personas menores de edad en ocupación no permitida no percibían ingresos por su labor. El trabajo de mercado con actividades no permitidas incluye a quienes trabajan a una edad menor a la permitida por la ley, o que teniendo la edad lo hacen en ocupaciones, sectores o lugares peligrosos; horarios prologados, jornadas nocturnas o en empleos expresamente prohibidos por la Ley Federal del Trabajo; actividades de riesgo como: construcción, bares, cantinas, actividades agropecuarias, entre otras.
UN TIMO LACERANTE
De estos 3.3 millones, 2 millones estaban en ocupaciones no permitidas, actividades de mercado. Y 1.3 millones estaban en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Hay 1.1 millones de jóvenes entre 15 y 17 años, y 700,000 niños de entre 5 y 14 años trabajando en actividades peligrosas.
Con respecto al trabajo no remunerado en actividades domésticas y que se realiza en condiciones no adecuadas, hay 19.3 millones de niños y adolescentes que realizan quehaceres domésticos no remunerados; 18.1 millones lo hace en condiciones adecuadas y 1.2 millones en no adecuadas.
Las causas del trabajo en niñez y adolescencia es un problema social multifactorial, que aunque por lo general se asocia a contextos de pobreza, también depende en gran medida de los empleadores que demandan mano de obra de personas menores de edad bajo argumentos como la reducción de sus costos de producción, o que las niñas, niños y adolescentes son más agiles o rápidos para ciertos trabajos manuales, situaciones que han sido desacreditadas por los estudios de la OIT. No existe una solución única para eliminar el trabajo infantil, debe buscarse la participación de los diferentes actores sociales para encontrar y establecer alternativas que atiendan el fenómeno de una manera integral y transversal.
El Artículo 3 del Convenio 182 de la OIT, enuncia como peores formas de trabajo infantil las siguientes: A) La esclavitud o prácticas análogas, como venta y trata de personas, servidumbre por deudas, trabajo forzoso u obligatorio, y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para utilizarlos en conflictos armados. B) Utilización, reclutamiento u oferta de niñas, niños y adolescentes para prostitución y producción de pornografía. C) Utilización, reclutamiento u oferta de niñas, niños y adolescentes para la realización de actividades ilícitas, producción y tráfico de estupefacientes. D) El trabajo que, por su naturaleza o las condiciones en que se realiza pueda dañar la salud, la seguridad o la moralidad de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo trabajo en el hogar, en las minas, en la agricultura, entre otras.
Esta forma de trabajo infantil tiene graves consecuencias a corto y a largo plazos. Los niños están en situación de alto riesgo de sufrir malos tratos físicos, desnutrición y enfermedades sexualmente transmisibles. Es extremadamente difícil que puedan escapar de su condición y tremendamente duro superar lo que han padecido física y mentalmente.
La producción y el tráfico de estupefacientes es una actividad ilícita en la que se suele involucrar a los niños. El tráfico es un comercio ilegal (comprar o vender). Puede que los niños lo hagan contra su voluntad o en la creencia de que les facilitará una mejor posición o más dinero. Los que producen o trafican con estupefacientes corren el riesgo de recibir malos tratos y muchos de ellos se hacen drogodependientes desde muy corta edad.
Los niños de la calle, fugitivos o que viven pobremente, son también utilizados en la mendicidad organizada. A veces se desfigura intencionalmente a los niños para atraer más dinero del público, o se les castiga si no consiguen recaudar suficiente dinero.
DAÑO MENTAL Y FÍSICO
Los niños implicados en actividades ilícitas suelen estar expuestos a la violencia, que puede afectar gravemente su desarrollo mental y físico. Además, puede que no adquieran las competencias sociales adecuadas y serán más propensos a sufrir de depresión, de dependencia del alcohol y de las drogas y de problemas de identidad, así como de convertirse en delincuentes juveniles..
El trabajo que puede perjudicar la salud o el bienestar de los niños o ponerlos en peligro es también “una de las peores formas de trabajo infantil”.
Además, los niños realizan trabajo peligroso cuando están expuestos a cualquier tipo de condiciones meteorológicas (por ejemplo, a pleno sol o bajo lluvias torrenciales), y no cuentan con el calzado o la indumentaria adecuados. Pueden fácilmente padecer tos y contraer neumonía u otras enfermedades.
Asimismo, corren peligro cuando el lugar en que trabajan es insalubre, está mal iluminado y mal ventilado. Ocurre igualmente cuando no tienen agua potable, servicios sanitarios, ni escuelas, particularmente en las zonas más remotas. En tales condiciones, los niños tienen una alta propensión a contraer enfermedades y dolencias.
Estas categorías de trabajos interfieren con la educación, puesto que la mayoría de los niños que los desempeñan ya no tiene tiempo ni energía para asistir a la escuela. Las familias dependen de sus menudos salarios para sobrevivir.
A nivel nacional, el trabajo infantil tiene un promedio de 11.5% de la población. Oaxaca (21.5%), Puebla (18.3%) y Chiapas (18.3%) ocupan los tres primeros lugares de niños y jóvenes en esta condición; mientras que Nuevo León (6.3%), Ciudad de México (5.4%) y Baja California (5.3%), son las entidades con el menor porcentaje de trabajo infantil, detalla la encuesta.
En lo que respecta a la tasa de ocupación peligrosa, Oaxaca y Puebla vuelven a estar entre los estados con el mayor porcentaje, 13.7% y 12.1%, respectivamente. Michoacán ocupa la tercera posición con 11.2%. Baja California (3.1%), Baja California Sur (3%) y la CDMX (2.9%) están en la parte inferior de la tabla. La media nacional es de 6.6%.
Para minimizar el problema del trabajo infantil en México, se requiere de una aplicación más estricta de las leyes que impiden la contratación de trabajadores infantiles, y una mayor regulación que garantice condiciones laborales favorables y flexibles para aquellos menores que se encuentran dentro de la edad legal para trabajar. Se deben de instrumentar programas que desincentiven el uso del trabajo infantil y promuevan la asistencia escolar, tomando en cuenta no solamente el estatus económico del hogar sino también su composición. Sin embargo, ante todo, se requiere de un desarrollo sostenido de la economía que eleve el ingreso real de los hogares, para que éstos no se vean ante la necesidad de insertar a sus hijos menores de edad en el mercado laboral y el trabajo infantil sólo surja como una elección y no como producto de la falta de recursos.
Finalmente, es importante recordar que si bien el trabajo infantil tiende a ser nocivo, hay casos excepcionales donde puede ser benéfico, siempre y cuando no interfiera con la asistencia y las tareas escolares, ya que tiene el potencial de promover el desarrollo físico y mental de los menores. Por ello, una política mal diseñada destinada a eliminar el trabajo infantil que no tome en cuenta la generación de posibles externalidades que esto conllevaría, puede llegar a incrementar los niveles de pobreza en los que viven estos hogares, agravando todavía más la situación inicial.
“Reconocemos que hay mucho que hacer y que la Pandemia del COVID-19, ha incrementado la dimensión de este desafío, pero desde el gobierno de México, seguiremos trabajando incansablemente hasta que ninguna niña, niño o adolescente se vea forzado a trabajar porque la infancia es esa etapa de la vida que debe estar repleta de afectos, esparcimiento y aprendizaje, es responsabilidad del Estado garantizar el estado superior de la infancia”, señalo la titular de la STPS, licenciada Luisa María Alcalde Luján.
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