El acuerdo para la regulación del outsourcing en México beneficiará a los sindicatos al sumarles potenciales agremiados y sus respectivas cuotas, pues para los trabajadores y las empresas el saldo tiene positivos y negativos.
Armando Mata, abogado laboral experto en temas sindicales, explicó que los términos en que se discutira, y probalemente aprobarán, las reformas en el marco legal significa puntos a favor para las organizaciones.
“Todos los empleados serán carnada para los sindicatos, las empresas ya no podrán aludir a la subcontratación como excusa para no pagar cuotas sindicales por ellos y los empleados seguramente se verán acorralados y terminen afiliandose a alguno. En esta ecuación, los sindicatos fueron los únicos ganadores”, indicó en entrevista para RS.
Destacó que el tema tenía desde su origen intenciones de favorecer al gremio sindical a tal grado que el senador y líder sindical Napoleón Gómez Urrútia fue quien la mantuvo pese al costo en desempleo que significaría.
“El anuncio de prohibirlo fue un arranque del presidente al momento de presentarla, lo que buscaba el Congreso, guiado por Gómez Urrutía, era obligar a las empresas a contratar formalmente a los empleados y pagar todo lo que implican operativa y administrativamente”, apuntó.
Fue así que tras varios meses de negociaciones entre la iniciativa privada, el gobierno y evidentemente los sindicatos, llegaron al acuerdo de prohibir la contratación de personal para actividades que forman parte del objeto social de las empresas, dejando solo la posibilidad de hacerlo para de servicios especializados distintos de la actividad económica preponderante de la empresa que contrate, así como un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados se incorporen de manera formal a la nómina de las empresas.
Sobre el reparto de utilidades, otro tema que generó serias tensiones, acordaron la creación de dos modalidades para el cálculo: límite de tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; lo cual evitará, según el CCE, distorsiones en el uso del capital de las empresas.
Aceptaron la vigilancia por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la regulación y registro de las empresas dedicadas al outsourcing.
Manuel Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reconoció que para llegar estos acuerdos todos los participantes tuvieron que ceder.
“Las tres partes ganamos, pero también cedimos para que otros ganaran y subsistirá la figura de la subcontratación que ayuda mucho a la competitividad del país”, indicó.
En tanto, Carlos Salazar, presidnete del Consejo Coordinador Empresarial, reconoció que era necesario regular y se logró con acuerdos y no con imposiciones.
“Las compañías no daban derechos a los trabajadores, evaden al fisco y había todo un problema con la facturación ilegal. Esto será el inicio de la regulación”, dijo.
Por su parte, líderes sindicales que apoyaron el acuerdo coincidieron en que ahora está en su terrenos pues urgirá la legitimación de los contratos colectivos de trabajo para representar formalmente a los nuevos y ya existentes trabajadores formales de las emrpesas y recibir las respectivas cuotas.
Carlos Aceves del Olmo, dirigente nacional de la CTM, consideró que el trabajador será el más beneficiado con el tema con la formalización de los puestos (quienes lo logren), el aumento en las utilidades.
Les quedará entonces la responsabilidad de buscar la legitimación de los contratos colectivos de trabajo en las empresas al ser la totalidad de los elementos trabajadores formales y no con una diversidad de modalidades que les habían reducido el margen de acción.
En su cuenta de Twitter, Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato Mexicano de Telefonistas de la República Mexicana, celebró el acuerdo logrado en beneficio de los trabajadores, sin afectación a los criterios de percepción del reparto de utilidades sino ajustes que mejorarán el monto recibido y anunció que el presidente López Obrados comentó que trabajará ahora en una propuesta para atender el tema de las pensiones.
A su vez, el senador y dirigente sindical Napoléon Gómez Urrutia, quien preside la comisión de Trabajo en la Cámara Alta, aseguró en entrevista de radio que cuando los trabajadores se incorporen de manera formal a las empresas, éstas tendrán que pagar las cuotas que correspondan, incluyendo las sindicales.
“Es un paso importante para reordenar el mundo del trabajo sobre bases más justas”, señaló.
Empresas responsables solidarias
Uno de los problemas más comunes en trabajadores contratados vía outsourcing es que al ser despedidos las empresas se desentienden del pago de finiquitos, liquidaciones y prestaciones que estipula la ley, endosando a las empresas de capital humano el arreglo final.
Cuando el empleado acude a su “outsourcing”, éste se desentiende regresando la responsabilidad a la empresa e inicia un ir y venir del desempleado para buscar el pago justo por su salida.
El mismo escenario se repite en el pago de aportaciones al IMSS ya que a los trabajadores les es descontando periódicamente de su salario pero ni la empresa ni la outsourcing lo pagan y al momento de requerir el servicio, de nuevo, peregrinan entre ambas para que alguna asuma la responsabilidad y regulerice los pagos.
Con las reformas a la ley previstas en la iniciativa de reforma, las que estuvieron de acuerdo las empresas fue en convertirse en responsables solidarios con lo que compartirán derechos y obligaciones con las agencias de subcontratación y así queda protegido el trabajador ante cualquier situación.
En tanto, las empresas que ofrezcan servicios especializados continuarán con autorización para operar conforme a los ajustes a la ley deberán presentar informes cuatrimestrales ante el IMSS y el Infonavit, con la intención de que la autoridad verifique que operan de manera formal, cumplen fiscalmente con sus responsabilidades y no hay evasión.
Sobre este tema, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) advirtió que este procedimiento deberá ser ágil y transparente para convertirse en un incentivo y no en un obstaculo para la regulación de la subcontratación, lo cual representará un reto para la entidad que se encargue de operarlo.
Recontrataciones serán en los peores términos
Aunque las reformas a la ley obligan a las empresas a contratar a quienes estaban por vía del outsorcing en los tres meses posteriores a que entre en vigor el marco normativo, sin embargo, no establece bajo qué condiciones lo que pondrá en desventaja al trabajador.
La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) informó que el 90 por ciento de las empresas que utilizan los servicios de outsourcing están dispuestas a continuar con sus servicios bajo el nuevo marco regulatorio, pero la incorporación del personal a la nómina oficial sería con condiciones más precarias que la que ya tenía en el esquema de subcontratación.
Las estrategias que se prevén es la contratación directa pero bajo el régimen de honorarios, asimilado a salarios o derechos de autor para reducir la carga patronal en térmimos fiscales, pero deja en la total vulnerabilidad al trabajador.
Con las condiciones acordadas por los líderes de los sectores involucrados, de los 4.5 millones de trabajadores bajo este régimen, solo el 40 por ciento lograría conservar su empleo en medianas o malas condiciones, pero continuaría, mientras que el resto calculado en aproximadamente 3 millones de empleados se quedarían sin nada.
El acuerdo anunciado a principios de abril no contempla las sucontrataciones temporales en sectores como el agrícola, de servicios y ventas, lo que afectará la productividad de las empresas y a la vez, las oportunidades anuales que muchas personas tienen.
Al respecto, Manpower una de las empresas de capital humano con mayor peso y operación en el sector laboral ajustó la expectativa y considera que solo el 30 por ciento de los subcontratados actuales lograría mantener el empleo, el 60 lo perdería y el 10 por ciento restante se iría a la informalidad o continuaría con la evasión fiscal.
En su posicionamiento respecto al acuerdo entre la IP, gobierno y sindicados, señala que la prohibición del outsourcing no elimina por completo la evasión ni las malas prácticas que se pretenden combatir.
Adiós a la subvaluación
Los ajustes previstos a la legislación pretenden ayudar a pasar de la subvaluación del salario al reporte real, con lo que se benefician los trabajadores en su pensión aportaciones al IMSS e Infonavit.
Según reportes de ambas instituciones de los 5 millones de personas que actualmente están subcontratadas y inscritas de manera formal a la Seguridad Social, alrededor de 860 mil se reportan con un ingreso por debajo de 3 salarios mínimos, lo cual no es cierto, pues en realidad ganan más dinero que les es completado de manera directa o por otras vías.
El problema de este tipo de movimientos es que al requerir de una incapacidad el pago que reciben por parte del IMSS es ínfmo y si lo que buscan es solicitar un crédito de vivienda no cuentan con el ahorro suficiente ni alcanzan montos altos, dado el supuesto bajo ingreso que periben.
El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, dijo que estiman que la subvaluación del salario permite que los patrones evadan hasta 3 millones 865 mil pesos anuales, por lo que al entrar a la nómina formal automáticamente el salario se ajustará a la realidad y las aportaciones de seguridad social incrementarán.
“Esto ayudará a los trabajadores a contar con un mejor perfil de crédito”, dijo y antes de lo que imaginaban podrán acceder a un financiamiento para la adquisición de una vivienda.
En tanto que el director del IMSS, Zoe Robledo, aseguró que la nueva regulación evitará “afiliaciones abusivas”.
Expuso que al estar incorporados a la nómina todos los trabajadores harán las aportaciones correspondientes en beneficio de ellos mismos.
“Los beneficiará en la densidad de su pensión, el cálculo de incapacidad por accidente de trabajo”, apuntó.
Los ríspidos antecedentes
El tema saltó a la arena pública a finales de noviembre del año pasado cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa cuyo objetivo era prohibir el outsourcing con el objetivo de evitar sus abusos. En ese momento, los agentes involucrados mantuvieron tensas e infructuosas negociaciones durante los siguientes meses.
Para diciembre, el gobierno federal suavizó la propuesta dejándola solo como regulación de la subcontratación, a lo que la iniciativa privada y líderes sindicales accedieron y firmaron un acuerdo tripartita para analizar a fondo el tema y buscar su viabilidad sin afectar a los trabajadores, pues de haberse concretado se estiman 4.5 millones de empleos perdidos.
En febrero, retomó fuerza la iniciativa en medio de señalamientos contra el gobierno federal, desde la propia Presidencia de la República y diversas dependencias, por el uso de la contratación vía outsourcing, misma que pretendían prohibir.
A esto se le sumó la promesa del líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, quien aseguró que el tema se abordaría en el terreno legislativo hasta después de las elecciones aunque el acuerdo alcanzado será enviado al Congreso dejando al criterio de los legisladores su atención inmediata, quienes de inmediato ajustaron el dictamen para aprobarlo y tras los ajustes para su implementación, entre en vigor el 1 de septiembre próximo.
En éste se prevén modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Infonavit, la Ley del ISR, la Ley del Seguro Social y al Código Fiscal.
