Al menos medio año de gracias tendrá la operación regular de las empresas outsourcing en México ya que la iniciativa del Gobierno Federal para prohibira será discutida hasta que pasen las elecciones intermedias, así lo confirmó Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado de la República.
Aunque la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue catalogada como prioritaria la postura de los legisladores es que temas “controvertidos” esperen un poco.
El respiro permitirá que se analice a fondo y se argumenten de mejor manera los pros y contras de la propuesta, indicó Carlos Meraz, especialista en temas económicos.
En entrevista con RS dijo que es alarmante como el gobierno considera que al aprobarse su iniciativa habrá un pase simple y natural de los trabajadores subcontratardos para que sean absorbidos por las empresas en sus nóminas con la carga fiscal que corresponde cada uno, lo cual es justo lo que las empresas no quieren hacer y de lo que han huído por años y por ello el outsourcing resultó tan rentable.
Advirtió que la iniciativa de reformas a la ley laboral que buscan regular, al grado de desaparecer, el outsourcing en México será la sentencia para muchos trabajadores que perderán su puesto de trabajo, pues ni la empresa que utiliza sus servicios vía terceros no podrá absorberlos y tampoco la que los maneja podrá tendrá autorización para operar, lo que significará despidos. Los únicos que se salvarían en caso de aprobarse las reformas legislativas serían aquellos que ofrezcan servicios especializados, para éstos sí estaría permitida.
En México, según cifras del INEGI, alrededor de 4.6 millones de personas trabajan bajo este esquema y a su vez, esta cifra representa poco más del 20 por ciento de las fuentes laborales en el país.
La iniciativa anunciada en noviembre del año pasado tiene como argumento principal que las empresas mexicanas y extranjeras han cometido defraudación fiscal de manera sistemática, a lo que la iniciativa privada ha manifestado su intención de ayudar.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reiteró su postura para evitar la desaparición de la subcontratación y a cambio ofreció apoyar en la identificación de actos de simulación de relaciones laborales, de subregistro de ingresos o de evasión fiscal.
“Nuestra prioridad es proteger los derechos laborales y evitar a toda costa que se pierda uno solo de los 4.1 millones de empleos que hoy están bajo este esquema”, sostuvo su presidente José Medina Mora Icaza.
En tanto, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena, expuso a la revista Forbes México, que al prohibir a las empresas el uso de outsourcing es posible que se pierdan un millón 390 mil empleos.
Esta situación resulta grave ante el desempleo causado en el país por la pandemia de Covid19, lo que representaría un nuevo golpe para la fuerza laboral en el país vapuleada en los últimos meses.
Tan solo en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación advierten que en el corto plazo se podrían perder hasta 500 mil empleos y la informalidad pasaría del 56 al 70 por ciento, lo cual impactará también al gobierno, pues no al no haber ingresos formales, no hay el pago de impuestos correspondientes.
Del Valle reiteró que la subcontratación, común en todo el mundo, es utilizada por compañías que concentran en las actividades principales y primordiales a quienes contratan de manera directa, dejando al outsourcing para los cargos de operaciones más genéricas.
El empresario dijo que se generará tal incertidumbre que habrá menos proyectos de inversión y empresas desaparecerán o no lograrán si quiera, salir al mercado.
Al respecto, Coparmex alertó que la propuesta del gobierno orillará a empresas tecnológicas a retirar sus operaciones en México y no invertirán más aquí, lo que pone en desventaja al país frente a sus socios comerciales.
“Existe la evidencia técnica suficiente para advertir que la prohibición de la subcontratación distorsionará el mercado laboral y tendrá efectos adversos para nuestra ya débil economía, señala en un comunicado” e insistió en que eliminar esta vía de contratación sería “un golpe devastador” para la economía mexicana.
Gobierno subcontrata para limpiar oficina de AMLO
Aunque la desaparición del outsourcing es una de las banderas del gobierno actual en materia laboral, sigue siendo un buen consumidor de este tipo de servicios.
El pasado 5 de enero, el gobierno lanzó una invitación a tres empresas para la contratación del “Servicio Integral de limpieza de bienes e inmuebles de la Oficina de la Presidencia de la República”.
La solicitud establece que requiere 33 trabajadores para realizar la limpieza de la oficina del Presidente y diversas áreas del edificio donde despacha, dentro de Palacio Nacional, además de seis inmuebles adicionales en donde opera la Administración federal.
En caso de desaparecer el outsourcing el gobierno tendría que contratar a los empleados de limpieza lo cual no tiene previsto ni en materia presupuestal ni de recursos humanos, por lo que de consolidarse la iniciativa de reformas a la ley sería uno de los afectados.
