La pulverización de la economía nacional, producto de los efectos de la pandemia que azota el contexto internacional, presenta un magro panorama en los sectores laboral, productivo, comercial, empresarial, financiero y de servicios.
Un recuento del sombrío y nebuloso panorama del entorno nacional, fundamenta que la epidemia daña y golpea a todos los ámbitos de la economía mexicana.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) considera que la repercusión en México por los paros parciales o totales en los sectores productivos es del 30 por ciento del PIB.
El Producto Interno Bruto podría tener durante el año 2020, superior al cinco por ciento.
En ese colapso que enfrenta México, está latente el riesgo de un derrumbe económico-financiero en el que las consecuencias pueden traducirse en millones de desempleados.
Reducciones de salarios, despidos injustificados, retiros involuntarios, cierre de empresas y comercios, representan parte del combustible que alimenta la hoguera de un galopante desempleo.
El sector empresarial ha lanzado un SOS para que con urgencia se les otorguen incentivos o ayudas fiscales, pero el golpe financiero también se ha reflejado en la administración pública.
Tampoco puede o debe perderse de vista que México es el mayor receptor de remesas de América Latina y el tercero del mundo detrás de India y China.
Las remesas constituyen la segunda fuente de divisas, solo superada por los ingresos del petróleo, y representan aproximadamente 2,5% del PIB.
A pesar de la crisis económica, y no obstante que la pandemia ha golpeado de manera inmisericorde a estados donde reside la mayor parte de los mexicanos que viven en Estados Unidos, no ha cesado el envío de dinero a sus familiares.
EMERGENCIA PRESUPUESTAL
Apretarse el cinturón, ha significado para el gobierno federal un duro golpe a la economía de la burocracia nacional.
Una prueba vigente es que para enfrentar la crisis derivada del covid-19, la administración de Andrés Manuel López Obrador aplicará con extraordinario rigor las medidas de austeridad entre mandos medios y superiores gubernamentales.
Y va más allá. En un hecho inesperado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria relacionada con la emergencia económica y de salud.
El decreto señala que en caso que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, se podrán reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país para atender emergencias de salud.
Por tanto, las dependencias y entidades gubernamentales federales deberán efectuar las adecuaciones necesarias para reducir sus recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos.
La diputada Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva, informó que la Cámara de Diputados recibió el Decreto.
“Recibimos del Poder Ejecutivo iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta iniciativa será turnada a comisión y deberá de ser discutida y, en su caso, votada, por ambas cámaras del Congreso, dijo.
Al margen de las políticas fiscal y monetaria que el Gobierno Federal implemente, los estragos en sectores que representan el soporte del Producto Interno Bruto (PIB), cimiento de la economía, han sido inevitables.
Circula un reporte denominado “Evaluando el impacto inicial de las medidas de contención por COVID-19 en la actividad económica”, preparado para la reunión extraordinaria del G20 en el que la OCDE advierte sobre el impacto directo inicial de los cierres obligados en la actividad económica que podrían significar una disminución en el nivel de producción de entre una cuarta o quinta parte en muchas economías, y el gasto de los consumidores podría caer alrededor de un tercio.
El mismo análisis considera que “Los cambios de esta magnitud superarían con creces cualquier cosa experimentada durante la crisis financiera mundial en 2008-09. Esta estimación general solo cubre el impacto directo inicial en los sectores involucrados y no tiene en cuenta ningún impacto indirecto adicional que pueda surgir”.
Frente a la pandemia, el organismo que encabeza el mexicano José Ángel Gurría sugiere:
Cinco frentes hacia donde la ayuda debe fluir según la OCDE: personas y trabajadores; empresas, en particular, pymes; la macroeconomía con la movilización de los tres instrumentos políticos (monetario, fiscal y estructural); el comercio con la eliminación de restricciones comerciales, sobre todo a las importaciones de los suministros médicos que tanto se necesitan y el apoyo a los países en desarrollo y de ingresos bajos, tal como ha sido el llamado del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.
CRISIS INDUSTRIAL
Ejemplo, los cierres y paros de actividades en las industrias automotriz, maquiladora, restaurantera, turística, de la construcción, aeronáutica, comercial y de bienes y servicios, oscilan entre el 70 y el cien por ciento.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) estima que en este mes de mayo se habrán perdido entre 900 mil y un millón de empleos formales en el país y 200 mil empresas cerradas o en proceso de finiquitar su funcionamiento.
Concamin representa a 123 cámaras y asociaciones industriales con un total de 1,2 millones de empresas que juntas suponen el 35 % del PIB de México.
Frente a este sombrío panorama, la esperanza es que pudiera haber un programa de emergente del gobierno federal que permita la reactivación económica y financiera para contener el desplome del aparato productivo.
Como se recordará, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya anunciaba 346 mil empleos perdidos entre el 13 de marzo y el 6 de abril.
Una muestra fehaciente del deterioro industrial, se ilustra con lo que sucede en la industria textil, donde se generan un millón y medio de empleos, y la cual se encuentra paralizada.
SALVAMENTO EMERGENTE
El trance generalizado que debe enfrentarse, ha motivado que para solventar la difícil situación, se busquen nuevas perspectivas y no depender solamente de las políticas públicas emergentes.
Con esa visión, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) lograron conciliar un acuerdo para en inyectar recursos al sector empresarial.
Es un financiamiento de hasta 12 mil millones de dólares (290 mil millones de pesos) para rescatar 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que sufren las consecuencias de la crisis económica derivada del Covid-19.
La institución bancaria y la cúpula empresarial informaron que el programa cuenta con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y estará enfocado en aquellas empresas que forman parte de las cadenas de valor de las grandes compañías.
El acuerdo está basado en el financiamiento a través de factoraje inverso, instrumento que permite a las mipymes obtener una alternativa de financiamiento sencilla y a tasas muy atractivas.
También se tiene contemplado que el BID Invest encuentre la colaboración y apoyo de la banca comercial local, inversionistas internacionales y de la banca de desarrollo, para movilizar recursos adicionales con el objetivo de ampliar las líneas de factoraje inverso.
En esa estrategia con la que se busca evitar el quiebre y conseguir el repunte de las empresas, la movilización de recursos, a través de préstamos y garantías, resulta fundamental para conseguir más financiamiento disponible para las mipymes, generando un mayor impacto en el desarrollo económico y social del país”.
En México existen aproximadamente 4,1 millones de mipymes que aportan 42 por ciento del producto interno bruto (PIB) y generan 78 por ciento del empleo en el país.
Apenas un 23 por ciento de ellas obtiene financiamiento de la banca comercial.
DESPLOME EN INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
En ese mar de riesgos, la industria de la construcción enfrenta un severo descalabro. Los indicativos prevén un colapso que generará el coronavirus por la disminución de operaciones en obras, una inversión inmobiliaria estancada y la suspensión de operaciones de las cementeras.
La Cámara Nacional de Cemento (Canacem) anunció que sus agremiados suspendieron operaciones, debido a las acciones que el sector salud puso en marcha y debido a que las actividades de este sector no fue considerado como esenciales en medio de la declaración de emergencia sanitaria.
A lo que debe añadirse que las más de las 62 mil ferreterías del país y otros distribuidores han dejado de abastecer a la obra pública y privada desde el mes abril.
La declaración de Emergencia Sanitaria en el país produjo un panorama nada alentador, las pequeñas y medianas empresas que dependen de actividades como cementeras, concreteras, fabricantes de varilla e insumos derivados del acero, entre otras fueron golpeadas drásticamente.
La Cámara de la Industria de la Construcción representa a 12 mil empresas constructoras en todo el país, al menos el 50 por ciento de ellas sufren la debacle.
Por tanto, más de 500 mil empleos del sector de la construcción están en riesgo y aunque las obras del sector público continúan, apenas significan un 38% del total de las construcciones del país. El 62% corresponde a proyectos del sector privado que estarán detenidos.
De acuerdo con la CMIC, de los más de 6 millones de empleos que genera la industria de la construcción, cerca del 70 por ciento proviene de las Mipymes, mismas que han sido muy golpeadas duramente por lo que urge capitalizarlas para enfrentar esta pandemia.
En su oportunidad, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) advirtió que la mínima operación de empresas de la construcción, principalmente micro, medianas y pequeñas, provocará que cerca de medio millón de trabajadores del sector, entre obreros, ingenieros, arquitectos y albañiles dejaron de percibir ingresos durante el mes de abril.
Y fue mayor el augurio: Durante la primera quincena del mes de mayo, la mayor parte de los trabajadores ya no van a estar percibiendo sueldo porque sus patrones no tendrán con qué pagarles.
La CMIC estimaba a principios de año un alza de 1.5% en el PIB de la construcción, pero ahora prevé caída de 4%.
Pero no todo el suelo es parejo.
La Secretaría de Salud informó que las productoras de acero, cemento y vidrio que surten de material a las obras prioritarias del gobierno, podrían seguir operando en niveles mínimos.
Obviamente de las obras que pertenecen al sector público, se contemplan el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el Corredor Transístmico. Pura coincidencia.
ALAS CORTADAS
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) considera que los efectos del coronavirus en México motivarán la pérdida de 96,000 empleos y derivará en la crisis más impactante que ha vivido el sector en toda su historia.
Las acciones emergentes han sido puestas en marcha, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) acordó con Grupo Aeroméxico la reducción de hasta el 50% de salario y prestaciones de sus trabajadores, además de mantener un esquema de rotación de permisos sin goce de sueldo que se aplica a los pilotos de manera opcional.
Pero va más allá, además se incluyen renuncias temporales a bonos y prestaciones adquiridas con la empresa.
En general, las aerolíneas se han visto en la necesidad de reducir vuelos, de suspender rutas y cancelar operaciones.
México depende prácticamente del 70% de los pasajeros por aire de Estados Unidos, y si considera a los visitantes de Canadá, se promedia más del 80 por ciento.
Por ejemplo durante el mes de marzo Interjet canceló 8 mil vuelos y solamente opera un total de 17 aviones.
UNA LUZ EN EL CAMINO
Un ramo industrial en el que se estima laboran cerca de un millón de personas, ha recibido un haz de luz al darse a conocer que el gobierno de México está en tratos con Estados Unidos y Canadá para reactivar la industria automotriz, que permanece sin operaciones por la pandemia del coronavirus.
Nuestro país es uno de los mayores exportadores de automóviles del mundo gracias a las instalaciones que tienen en el país grandes armadoras como Ford, Volkswagen y Audi.
El sector gubernamental acepta que trabaja con los gobiernos estadounidense y canadiense para encontrar criterios, lineamientos, protocolos y condiciones que deberán observarse para permitir y transitar exitosamente hacia la reapertura de las actividades productivas de la industria automotriz.
Las tres naciones ajustan protocolos y medidas extremas para conseguir mecanismos que resguarden la salud pública en el contexto de la pandemia del coronavirus.
La administración del presidente López Obrador estima que en breve se dará a conocer más información del plan, y que este acuerdo podría convertirse en un referente darle funcionalidad al retorno de otras actividades económicas no esenciales que permanecen detenidas en el país.
MAL SAZÓN
La industria restaurantera enfrenta una patética realidad, para nadie es desconocido que los meseros sufren y padecen la emergencia, debido a que ellos no viven de su salario, sino de las propinas.
La amenaza de quiebra para miles de restaurantes en el plano nacional, se agrava porque la pandemia del coronavirus daña sectores involucrados con la industria turística en México.
Conforme a los estudios y estadísticas de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) la crisis del coronavirus ha causado una caída del 90 % en las ventas y el cierre del 30 % de los restaurantes mexicanos.
Esa industria conforme a las referencias del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) genera más de dos millones de empleos, que significan el 8 % del total de los trabajos formales mexicanos.
Pero debe tomarse en cuenta que representa una cadena productiva que incluye prestadores de servicios productores de insumos, proveedores, caseros, bancos, clientes y miles de trabajadores indirectos. La Canirac tiene 500.000 afiliados.
Canirac ha dejado presente que por cada empleo directo en el sector hay entre dos y tres indirectos a nivel nacional, además de que el 58 % de los trabajadores son mujeres, muchas de ellas jefas de familia.
Por otra parte, debe tenerse presente que la afectación económica financiera también impacta en la venta y suministro en las más de 61.000 tiendas que pertenecen a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD),
En el ámbito del sector turístico. la crisis del coronavirus pone en riesgo 200,000 empleos del sector hotelero mexicano. La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) emitió un comunicado que habla de que se ha registrado el cierre de 153 establecimientos.
La organización, que agrupa a 100 filiales de hoteleros y más de 4,000 establecimientos de hospedaje a nivel nacional, señaló que los destinos de playa tienen una ocupación hotelera por abajo del 10%.
Para las próximas semanas, la asociación reportó una tasa de cancelación del 100% en destinos como Puebla, Nuevo León y Acapulco, así como una de hasta 90% en Cancún, Tabasco y Huatulco.
Ante las cancelaciones, advirtió de pérdidas de 25 millones de pesos (más de USD 1 millón) en Ciudad de México y más de 12 millones de pesos (cerca de USD 500,000) en Guanajuato.
Mayores afectaciones se dejaron sentir desde el principio de la pandemia en playas como Cancún y Nuevo Vallarta, y ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, Tijuana, Cuernavaca muchas otras.
A nivel nacional se incluyen 24,000 empresas de hospedaje que en un 80% está conformadas por micro, pequeñas y medianas empresas turísticas.
En la valoración se contempla que esas fuentes de trabajo tienen un promedio de 10 a 55 empleados, pero tienen contratados más de un centenar en las grandes corporaciones.
Ante ese horizonte, se tiene previsto tramitar incentivos fiscales y apoyos crediticios para atemperar los efectos del COVID-19.
Los estragos económicos por la suspensión de viajes y la presencia de turistas nacionales y extranjeros, la pérdida financiera es incalculable.
El turismo en México tendrá un fuerte impacto negativo, pues pierde millones de visitantes durante el 2020.
El impacto del COVID- 19 también frenó el arribo de cruceros, al grado de que se tiene previsto que por la contingencia sanitaria la llegada de esos visitantes sea de un 90 por ciento.
En el estado de Quintana Roo Cozumel y Mahahual son los puertos con mayores cancelaciones ya que anualmente reciben un aproximado de 6 millones 173 de turistas.
Por la cantidad de visitantes que recibe Cabo San Lucas, Baja California Sur, el impacto también es significativo ya que anualmente se reciben en promedio medio millón de personas.
Puerto Vallarta está ubicado en el top de desembarcaderos mexicanos, con 450 mil turistas. Es otro de los sitios más afectados por las cancelaciones realizadas.
En la valoración de los impactos negativos en el sector turístico, se toma como referencia que en el mes de marzo se haya anunciado la cancelación de la Cumbre de Viajes y Turismo anual. Tuvo que ser diferida para el mes de octubre próximo en Cancún.
Expertos del ramo turístico consideran que para atraer viajeros de otros mercados, debe analizarse la expansión de la región latinoamericana, ya que su potencial puede convertirse en un detonante para conseguir una mayor captación de recursos.
Sin duda, uno de los mayores retos de preservación de fuentes de empleo está en el sector informal. Allí se concentran 55% de los empleos de México.
ALERTA
El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó que en el empleo de los 750 mil millones de pesos autorizados por el Banco de México para apoyar a pequeñas y medianas empresas se cuide que los recursos realmente no sirvan para salvar a grandes corporaciones o bancos.
Dijo:
“Hay que tener mucho cuidado, porque el Banco de México es una institución autónoma y hay que respetar sus decisiones. Pero sus reservas no son del Banco de México, ni siquiera del gobierno, sino de la nación. Así todos los créditos hay que cuidarlos, porque si no se carga a la hacienda pública, se tiene que pagar con presupuesto, que es dinero del pueblo”.
Y advierte “no vaya a ser, que se pretenda rescatar empresas que antes del coronavirus ya tenían problemas financieros”.
Aconseja a las empresas que se dedican a actividades no esenciales a cumplir con las restricciones sanitarias y no mantenerse operando, porque eso ayuda a todos al reducir el periodo de cuarentena para enfrentar la epidemia del coronavirus.
López Obrador considera que con los apoyos anunciados por su gobierno habrá demanda, por lo que se generará oferta de productos y que habrá una pronta recuperación.
“Se está cayendo la economía como también se está cayendo en todo el mundo, y habrá pronto un resurgimiento, esa es nuestra propuesta, salir bien sin dejar endeudado a México”.
Sin embargo el incierto panorama para la economía mexicana incluye la crisis en el sector petrolero de México, toda vez que los precios del crudo tendrán una grave repercusión en las finanzas públicas.
Debe tenerse presente que, desde principios de marzo, la guerra de precios entre Rusia y la OPEP dio el primer golpe a la industria petrolera de México.
Eso motivo un fuerte estremecimiento en la condición financiera y productiva de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que se conjuntó con las repercusiones emanadas del Covid-19.
La inseguridad en los mercados provocó una caída estrepitosa en los precios.
La mezcla mexicana alcanzó su precio más bajo en la historia. Daño irreparable, ya que las finanzas públicas están vinculadas con las exportaciones petroleras.
En consecuencia la crisis del coronavirus y el desplome perolero, dio paso a los impactos en el sector financiero y cambiario, lo que se evidenció con la depreciación del peso mexicano.
Con un creciente endeudamiento, PEMEX, se ha colocado en una difícil situación porque las agencias calificadoras han previsto rebajarle la nota de inversión.
Prueba de ello es que la agencia Fitch Ratings consideró que Pemex es la petrolera estatal más vulnerable a la fluctuación del precio del barril de petróleo.
Al grado de que se expresó que la exploración y la producción no genera suficiente liquidez para cubrir los costos operacionales y financieros.
México importa alrededor del 70% de los combustibles que consume, principalmente de Estados Unidos.
Y los precios de los combustibles que eran establecidos por el Estado ahora se rigen por la oferta y la demanda.
