No, no están contagiados con el virus pandémico, pero aún así, los trabajadores mexicanos son y serán de los más afectados con la crisis sanitaria por Coronavirus que atraviesa el país.
La falta de consumo que ocasiona la cuarentena que mantiene a gran parte de la población en su casa, ya generó una ola de despidos disfrazados de “medidas preventivas” ante la contingencia.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que la enfermedad ocasionará una pérdida de 25 millones de empleos a nivel mundial y alertó a los gobiernos sobre la necesidad de tomar medidas urgentes, coordinadas y a gran escala para proteger a los trabajadores tales como apoyos y estímulos a las empresas, de todos los tamaños, para que se conserven las fuentes de empleo.
En su más reciente comunicación, sugirió también el aumento a la protección social, jornadas reducidas de trabajo o licencias remuneradas, para así mantener a flote a los centros laborales y a su plantilla.
El gobierno mexicano no se ha pronunciado al respecto y las empresas, con la contingencia y los efectos negativos a la economía actuaron poniendo como carne de cañón a los trabajadores.
Los argumentos presentados por la mayoría de las empresas, en su mayoría consorcios transnacionales, fue proteger las fuentes de empleo a futuro, con sacrificios en las condiciones laborales y salarios, hoy.
El ejemplo más sonado en las últimas semanas es el de Alsea, que maneja establecimientos como Vips, El Portón, Starbucks, Dominos Pizza, Burger King, entre otros, que ofreció a sus empleados licencias voluntarias de 30 días, sin goce de sueldo, como un esquema de flexibilidad laboral que tan pronto pase la contingencia, ayudará a preservar 41 mil 500 empleos en todo el país.
En un comunicado aseguró que la medida solo aplicará a quienes lo soliciten y pidió entender la difícil situación por la que atraviesa la operación de sus establecimientos.
“Estamos ajustando a nuestro personal en todas nuestras marcas, reduciendo las horas de trabajo y plantilla en línea con la demanda. Estamos negociando con los sindicatos relevantes buscando apoyo”, aseguró la operadora de establecimientos de comida rápida, cafeterías y restaurantes.
Otro sector que hizo a un lado a sus empleados fue el automotriz. Volkswagen de México suspendió operaciones en sus plantas de Puebla y Guanajuato, Honda, Audi, Ford y Toyota argumentaron menor demanda y a la vez, falta de insumos provenientes de China, por lo que frenaron su producción de dos días y hasta dos semanas, o el tiempo que sea necesario.
General Motors informó que debido a la reducción sistemática y ordenada de las operaciones a nivel mundial, decidieron detener la actividad en su planta de ensamble ubicada en el Complejo San Luis Potosí. En su conjunto, las medidas tendrán un impacto en 530 mil empleos directos e indirectos, según estimaciones del sector.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) advirtió que no existe fundamento legal para separar a trabajadores o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, tal como ha ocurrido en muchas empresas.
A través de un comunicado, recomendó al personal y patrones a llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes, para garantizar la viabilidad de las empresas y la estabilidad en el empleo, lo que significaría un ganar-ganar en esta etapa de crisis sanitaria por el llamado Covid-19.
“Hacemos un llamado enfático a las empresas que han incurrido en estas prácticas a rectificar y cumplir con la ley”, indicó en un comunicado e invita a los afectados a recibir asesoría jurídica y defensoría legal por parte de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, exhortó a los capitalinos a no firmar las “renuncias voluntarias” que empresas como Acuática Nelson Vargas, Sportium, han sugerido a su personal ante la suspensión de labores en sus centros deportivos.
“No me parece correcto que empresas, particularmente empresas grandes, abandonen a sus trabajadores cuando más lo necesitan”, dijo.
La especialista en finanzas, Valeria Moy, presidenta de la organización “México, ¿cómo vamos?” advirtió un escenario negativo a mediano plazo ya que los despidos hechos por varias empresas, terminarán afectando la recaudación de impuestos, lo que impactará en las finanzas públicas.
“Comienzan a pasar cosas que no están relacionadas con la enfermedad”, señaló en un comentario hecho a un programa de radio.
Empresas claman apoyos para proteger empleos
Las empresas mexicanas han dado muestras de interés por preservar las fuentes laborales, pero requieren del apoyo del gobierno, tal como ha ocurrido en otros países, pero no han recibido respuesta.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al gobierno federal medidas “contundentes e inmediatas” para evitar que la inversión disminuya de manera drástica, apoyando a pequeñas y medianas empresas para preservar el empleo de 21 millones de mexicanos, en riesgo por la pandemia.
En una carta enviada al Ejecutivo Federal, propuso que en empresas donde sea inevitable el recorte de puestos de trabajo el gobierno aporte con recursos fiscales para que a los afectados se les otorgue al menos un salario de subsistencia.
Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió a las autoridades unirse a los esfuerzos de la iniciativa privada y apoyarlos para que cuenten con el capital suficiente para mantener las fuentes de trabajo, pese a la inminente baja en la productividad y ventas.
Para ello, requieren la suspensión temporal de pagos provisionales del ISR, en especial en el sector aéreo, turismo, logística y transporte, principales afectados con la parálisis económica causada por la contingencia sanitaria.
Gustavo de Hoyos, líder nacional de la organización empresarial, dijo que también será urgente estímulos fiscales temporales al empleo y la inversión, con lo que muchos despidos podrían evitarse.
Las peticiones no son tan descabelladas ya que otras naciones, también afectadas seriamente por el virus, han ofrecido apoyos similares.
Un ejemplo es Italia, el segundo país con más casos de coronavirus, después de China donde se originó el virus, en donde el gobierno suspendió por hasta 18 meses el pago de impuestos a las pequeñas empresas y de hipotecas a las familias en cuarentena. España están a un paso de hacer lo mismo y solo ha avanzado con la moratoria de seis meses para los pagos en materia fiscal.
En Estados Unidos el gobierno de Donald Trump anunció que pagaran hasta mil dólares a trabajadores de empresas cuyos ingresos hayan caído o sean nulos durante la crisis, esto aunado a estímulos fiscales para la iniciativa privada.
En Francia, las autoridades cancelaron el pago de impuestos, luz, agua, gas y en algunos casos la renta de inmuebles, a la par de Canadá, que sin tener estado de emergencia sanitaria, pero dada la cercanía con EU, dará dinero en efectivo a las familias que lo requieran.
En Alemania, el gobierno de Angela Merkel apoyará a las empresas con liquidez ilimitada y un programa de apoyo a las empresas que reduzcan las jornadas laborales con hasta el 60 por ciento del salario.
Informales en el desamparo
Si para los trabajadores formales el Covid-19 es riesgoso, para quienes son emprendedores, freelance o que se dedican al comercio ilegal, es simplemente letal.
La propia OIT reconoce que al carecer de seguridad social en caso de resultar positivos al virus, dejarán de trabajar y percibir ingresos, a su vez, los servicios de atención médica tendrán un costo que no podrán costear pues al estar en cuarentena la mayoría del país, sus ingresos son mínimos o de plano desaparecieron.
