Llegó a Notimex y lo destruyó. Bajo el argumento de la austeridad lleva despedidos a 235 trabajadores, muchos de ellos sindicalizados, desacatando las órdenes presidenciales de no afectar a la base trabajadora en los reajustes presupuestales del gobierno federal.
Con el total cobijo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha solapado liquidaciones ilegales que no cumplen con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, pero una de las últimas bajas podría costarle la libertad pues al despedir al periodista Martín Takaguí, sin haber cumplido con los pagos establecidos en un laudo laboral, enfrentaría un proceso penal que la llevaría a la cárcel.
La deuda data del 2017 cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó el pago de salarios caídos al reportero de septiembre del 2011 en adelante, prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, cuotas obrero patronales correspondientes al IMSS e INFONAVIT del 2004 a la fecha, así como su reinstalación en el puesto de trabajo.
La agencia, ya en la actual administración, cubrió el pago de salarios caídos, pero no con el resto, y aún así, despidieron a Takaguí el pasado 15 de enero, sin explicación alguna.
El afectado interpuso la demanda correspondiente, tanto por el despido injustificado, como por la falta de los pagos indicados en el laudo, que conforme al marco legal, la responsable de éstos es la persona al frente de la institución, es decir, Sanjuana Martínez.
“La señora Sanjuana, como directora y responsable de Notimex se encuentra en una posición de desacato a un ordenamiento judicial. Si la agencia está en desacato, ella está en desacato y a quien van a meter a la cárcel no es a la agencia, sino a ella”, expuso Takaguí.
Además de los adeudos pendientes, por cuotas obrero patronales, falta la actualización de salario del 2017 a la fecha cuando fue reinstalado en su puesto, así como la liquidación formal, conforme a la ley, si es que ya no quieren que forme parte de las filas de la agencia, “con eso me voy tranquilo”, indicó el periodista afectado.
Según fuentes de Takaguí, cuando Sanjuana conoció de su situación y los adeudos pendientes accedió a mantenerlo en la plantilla de reporteros, pero se negó a pagarle.
“Que trabaje pero no le vamos a pagar ni un quinto, esto es un abuso”, fueron las palabras de Martínez filtradas al interesado.
Sin embargo, si la directora de Notimex insiste en ignorar las peticiones de diálogo, encuentros o negociación, la autoridad judicial podría dar entrada a la demanda penal en su contra.
Ni a AMLO obedece
El desacato de Sanjuana Martínez no solo ocurre en el terreno legal, también en el laboral y político, ya que abiertamente ha incumplido con las instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a los despidos en la agencia de noticias, de pagar las indemnizaciones que corresponden.
La orden no se cumplió y los afectados se manifestaron afuera de Palacio Nacional para pedir apoyo del primer mandatario quien la convocó a una conferencia mañanera para “aclarar todas las dudas” y ambos garantizaron a los afectados el respeto a los trabajadores y el cumplimiento de la ley.
Sin embargo, las liquidaciones no se corrigieron, la mayoría se mantuvo en 40 o 60 por ciento de lo que establece la ley, según denuncias del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex).
Otra promesa de AMLO y a la vez instrucción a la dirección de Notimex fue no afectar a los trabajadores de base con los despidos, que a consideración de Martínez eran necesarios para la limpia de personal con la intención detener los malos manejos del sindicato, reformar la agencia, hacerla incluyente y como parte de la austeridad republicana que tanto pregona la 4T.
“Hasta el pasado 22 de enero han sido despedidos 235 compañeros despedidos de todas las categorías, de esos, al menos 150 eran trabajadores sindicalizados, la mayor parte de base, por lo que claramente va en contra de lo que el presidente dijo de no afectar a la clase trabajadora”, señaló Adriana Urrea, Secretaria General del SutNotimex.
Un desacato más de Sanjuana Martínez a las instrucciones de su jefe, el presidente de la República es el privilegiar el diálogo con los trabajadores inconformes ante el emplazamiento a huelga, llamado al que se sumó la STPS.
“Lo primero tiene que ser el diálogo. Hablando se entienden las partes, que haya diálogo. No hay diálogo o no hay acuerdo, a ejercer los derechos que se tienen, que nos otorga la Constitución, en este caso la Ley del Trabajo, la ley laboral, y no pasa nada, que la autoridad correspondiente que tiene que atender este asunto resuelva.”, aseguró AMLO el pasado 20 de enero.
Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, defendió la disposición al diálogo del gobierno a través de la conciliación.
“Estamos justamente generando estos diálogos para que sea a través de la conciliación y del diálogo que se pueda llegar a acuerdos y sobre todo que se respeten los derechos de los trabajadores, incluso aquellos que hayan sido despedidos que sea, en su caso, con alguna justificación; y de no ser el caso, que se respete pagando todos sus derechos”, sostuvo desde finales del año pasado.
Pero de poco sirvieron las instrucciones y llamados de “sus jefes”, ya que la directora y los representantes de la agencia de noticias se negaron a asistir a las mesas de conciliación que convocó la STPS para el 6, 16 y 21 de enero, con pretextos como la notificación a destiempo, sede errónea y de plano, la no asistencia en la última cita cuyo fin es encontrar la solución a los problemas laborales de cara a la huelga emplazada para el 30 de enero.
“A las mesas de diálogo convocadas han mandado a gente sin capacidad de negociación, solo una vez mandaron a quien sí podía decidir y en todo momento hubo una negativa a aceptar, dijeron que no a todo. No ha habido un diálogo abierto”, apuntó la dirigente sindical.
Los despidos realizados en Notimex desde la llegada de Martínez a la dirección podrían ser considerados ilegales, ya que en ninguno se ha cumplido con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. La STPS tiene identificados 15 demandas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por cese injustificado, mientras que 65 más están en trámite.
A su vez, el sindicato estima que de las 235 bajas, cien fueron de trabajadores que ejercieron su libertad sindical y se negaron a afiliarse a la agrupación liderada por cercanos a la directora, el llamado sindicato blanco, lo cual violaría no solo la legislación nacional, sino tratados comerciales como el T-MEC, en donde hubo especial énfasis en el tema laboral.
“Está en desacato de todas las medidas, de la ley, de la orden presidencial y de lo que ha establecido la propia Secretaría del Trabajo”, añadió Urrea.
Función Pública protege a Sanjuana
La evidente desobediencia y violación a la ley por parte de la directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, debería tener castigo en términos administrativos, según establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero en la Secretaría de la Función Pública, entidad encargada de identificar la mala actuación e imponer la sanción correspondiente, se reservó la información sobre las 45 denuncias presentadas en su contra.
No existen razones legales para dicha acción, por lo que la amistad entre la titular de la dependencia Irma Eréndira Sandoval y Sanjuana, queda como la única y verdadera razón por la que no haya avances en las denuncias en su contra, y menos aún, se llegará a un veredicto en favor de los afectados.
La suposición barajeada dentro del sindicato toma fuerza ante las recientes resoluciones de la SFP en casos como el de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad a quien se le acusó recientemente por irregularidades en su declaración patrimonial y conflicto de intereses, y pese a las evidencias, fue exonerado, por lo que en este caso, estiman que evitarán a toda costa que avancen las investigaciones.
Los afectados también han acudido a otras instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de las Mujeres por los casos de violencia de género y la Secretaría de Gobernación, en ninguna han obtenido respuesta favorable o que logre un cambio en las actitudes y línea golpeadora de la funcionaria.
