En los primeros seis meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha habido una avalancha de despidos en la burocracia que le “salía muy cara a los mexicanos”, y la separación de cargos labores al servicio del Estado ha representado para la administración federal un presupuesto de 600 millones de pesos por concepto de liquidación, lo que no se ha dicho en los medios de comunicación, puntualiza Plácido Humberto Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en entrevista con “RS Sindical”.
Afable, el funcionario recibe en su espléndida oficina -el pasado 17 de junio- a este medio en compañía de su procurador de la Defensa del Trabajador, Rufino H. León Tovar. El encuentro para estrecharle el saludo y conocer a quien debe desahogar el nudo en la garganta de los cientos de trabajadores que hoy en día han perdido su silla en sus empleos, aunque hayan sido “contratados” bajo un régimen neoliberal, nos lleva una hora. La cita era a las 10:00 horas.
Se disculpa por la tardanza, ya en el amplio despacho, con decenas de personas abajo -estamos en el doceavo piso de un edificio de la colonia Obrera- que realizan trabajos formales e informales, (atoles, tamales y puestos fijos de venta de tantos productos), se le pregunta: ¿En qué consiste la separación de los cargos en la administración pública federal? ¿Cuál es el grueso de la demanda?
Y así lo explica.
“Todavía no llega la totalidad de los separados, de los cargos… Hay diferentes categorías, porque el gobierno comenzó a contratar a empleados por la vía del “outsourcing”. Por ejemplo, particularmente en Servicio se Administración Tributaria (SAT). Nosotros vemos que en los medios se dice: ‘liquidaron a tantos trabajadores del SAT, lo cierto es que no lo eran. Es decir, eran empleados bajo esa figura del outsourcing'”, explica el funcionario.
Y agrega que muchos trabajadores de contrato, que prestaban cierto servicio, que para eso se hace esa figura, pues pueden demandar su derecho (a la reinstalación), ya los tribunales, aclara Morales Vázquez, decidirán si tenían esa condición de trabajadores y si tienen el derecho a la reinstalación.
“Eso se tiene que resolver con la cuestión litigiosa. En la parte en que el gobierno ha estado liquidando, vamos a decirlo asi, a los trabajadores al servicio de diversas dependencias del Poder Ejecutivo y de organismos descentralizados, hay un presupuesto aplicado aquí, por la vía conciliatoria, de 600 millones de pesos de indemnización. Y eso no lo hemos escuchado que algún medio de comunicación lo haya dicho, que el gobierno federal ha indemnizado, pero aquí se están haciendo las conciliaciones, con base en los derechos establecidos que tienen los que se llamaban los del servicio civil de carrera”, precisa el presidente magistrado.
-¿No preocupa la cantidad de desempleo que pueda estarse dando?
Plácido Morales responde de inmediato.
“Eso tendría que responderlo la Secretaría de Economía”.
¿Pero para este tribunal? -se inquiere.
“Para cualquier mexicano preocupa que haya desempleados en el país, para cualquiera, pero deseamos también que
haya crecimiento económico y que los mexicanos tengan empleo, no sólo en la burocracia, no sólo empleos en la administración pública, porque ellos cumplen una función en el proceso productivo, es decir reciben un dinero del Estado, dinero público -mejor dicho-, y generan consumo, generan un ascenso social, con el nivel de consumo, y en esa parte es donde está el eslaboncito productivo, pero si un ciudadano, un mexicano, un exempleado, emprende por su cuenta una actividad productiva y alcanza a generar trabajo, ahí se sigue incrementando la actividad productiva. Y eso está generando el nivel de consumo del que hablan los economistas”, explica.
Y en este encuentro no podía dejarse se abordar la recién aprobada reforma laboral, que el gobierno y la mayoría legislativa de Morena en el Congreso de la Unión, que tuvo luz verde a mediados de abril pasado.
“La reforma laboral comprende la parte del Apartado A y en el Apartado B comprende sólo la libertad sindical, esencialmente, lo cual ya es muy positivo, aunque no sea muy satisfactorio. Y seguramente se tenga que trabajar en la continuación de esa reforma laboral, tanto para el Apartado B, como para el Apartado A. Para ser explícito con los lectores, la parte de la Constitución que regula las relaciones entre particulares y la que regula las relaciones de los trabajadores al servicio del Estado. En el Apartado A, digamos que la reforma está casi concluida, aunque en el tema procesal le faltan muchos acomodos con la realidad. No es fácil sustituir un sistema de tripartidismo de 90 años por un sistema plenamente jurisdiccional. Es decir, acostumbrarnos a una justicia pronta y expedita, con procesos rápidos y resoluciones con pleno derecho”, puntualiza el funcionario.
E inmediatamente agrega sobre el Apartado B.
“Acomodar, en tanto se pueda, a esa nueva realidad de cambio que se da en nuestro país, de reformismo, y de la reforma laboral, se los trabajadores al servicio de los poderes del Estado. Modificarla en lo general. Este tribunal ve, prácticamente, relaciones laborales con el Poder Ejecutivo y con los organismos descentralizados. Y esta reforma debía abordar de manera integral, cobertura total, para todos los que trabajen con los organismos del Estado… Se tenía que uniformar, para que no se resolviera en otras instancias”, aclara.
“La reforma vino a legalizar lo que ya estaba, lo que es multisindicalismo, que emergió de una lucha muy larga. Se rompió una atadura con el monosindicalismo, por decirlo de alguna manera. Era un sólo sindicato, por ejemplo, para los trabajadores se la Ciudad de México, un sólo sindicato para los trabajadores de Hacienda, y eso fue un reclamo constante de la base trabajadora, que pudieran pertenecer a otras organizaciones que representará mejor sus interese”, señala.
Indica que por esa esta reforma es positiva, porque ese reclamo comienza a se ya una realidad de la Cuarta Transformación.
Finalmente, advierte que los nuevos liderazgos sindicales deberán ajustarse a esta realidad, que permita la mejor representación de los trabajadores, con leyes y transparencia.
