Las condiciones laborales de los trabajadores del periódico La Jornada se distinguieron durante tres décadas por ser de las mejores en medios de comunicación. Esto cambió radicalmente en enero de 2017, cuando la directora Carmen Lira Saade, secundada por algunos accionistas incondicionales, trabajadores y jefes de sección que posteriormente actuaron como esquiroles, dieron los pasos para arrebatar de tajo todas las prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), mismas que fueron pactadas con el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) a lo largo de 32 años.
La empresa argumentó que enfrentaba problemas financieros, dicho que no demostró ante las autoridades laborales. Han pasado dos años y la situación prevalece, a unos 180 sindicalizados no les pagan las prestaciones contractuales, los persiguen o amedrentan, judicialmente incluso, y les impiden que participen sindicalmente. A quienes defendieron las conquistas sindicales los despidieron sin justificación, y algunos fueron acusados penalmente.
Demos se niega a indemnizar a los despedidos, aun cuando en 2018 recibió de publicidad oficial más de 93 millones de pesos
La disminución de ingresos entre 25 y 35 por ciento que se impuso a los jornaleros a principios de 2017 ocasionó que 55 trabajadores, hasta con 30 años de antigüedad, renunciaran o buscaran su retiro.
Ya en esas fechas la empresa argumentaba problemas financieros, pero los sindicalizados sabían que varios jefes y personas cercanas a la dirección recibían ingresos superiores a cien mil pesos al mes.
Conocían que llegaba publicidad, aunque no tenían las cifras precisas. Ahora se sabe que, en 2018, sólo de publicidad oficial, La Jornada recibió 4 millones 900 mil dólares, cifra que, a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar, equivale a 93 millones 100 mil pesos, de acuerdo con el Informe de erogaciones de comunicación social de la Secretaría de la Función Pública.
En esas condiciones, el Sitrajor emplazó a huelga por violaciones al CCT a principios de 2017 y sus afiliados colocaron las banderas rojinegras el viernes 30 de junio a las 17 horas.
Expusieron que, al no pagarles prestaciones a los trabajadores, Desarrollo de Medios (Demos), la empresa editora de La Jornada, se embolsó 5 millones 200 mil pesos al mes ––más de 60 millones en ese año––.
En represalia, la empresa realizó despidos injustificados; hasta abril de 2019 sumaban 22 cesados ––todos con antigüedad de más de 20 años. Cuatro recibieron una liquidación y los demás demandan su reinstalación, asesorados, en su mayoría, por el doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz.
En esa situación están la ex secretaria general del Sitrajor y periodista, Judith Calderón Gómez, y el ex secretario de Organización y maestro en economía, Leonardo Mondragón Román. El cese de estos dos dirigentes viola el artículo 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que los líderes no pueden ser despedidos porque afectarían a sus representados.
Cuatro demandas penales
Por si no bastara, Demos se valió de personal de confianza y de esquiroles (trabajadores que se quedaron dentro del diario durante la huelga) para publicar el periódico al día siguiente y, al mismo tiempo, acusar penalmente por “privación de la libertad” a cuatro personas: los dos dirigentes mencionados, la huelguista Maricela Delgado Dueñas y Alejandro Caballero Calderón, de 20 años de edad e hijo de Judith Calderón, quien no trabajaba en el diario.
Después de un año y cinco meses de juicio, el joven fue exculpado de cualquier cargo por el juez Enrique Juárez Saavedra. Esto sucedió la mañana del 18 de enero de 2019 en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Para el abogado Manuel Fuentes, quien escribió un artículo sobre el tema, Alejandro ganó una batalla, “había dado una enorme lección a sus detractores, de dignidad y entereza”.
Contubernio con autoridades laborales
El primer emplazamiento a huelga que hizo el Sitrajor vencía el primero de abril de 2017. Las influencias y formas de “seducir” a las autoridades laborales impidieron que la empresa fuera notificada en tiempo y, por tanto, no se podía realizar la huelga. Fueron la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) Margarita Darlene Rojas Olvera ––quien sigue en ese puesto–– y Pablo Franco Hernández, entonces secretario de Asuntos Colectivos, quienes lo impidieron. Sencillamente no dieron aviso a la empresa. Como premio, Darlene Rojas y Alejandro Calvillo Roel, abogado empresarial, publicaron artículos en el diario.
El Sitrajor se amparó y los tribunales laborales ordenaron a la JLCA que notificara a Demos del emplazamiento a huelga, por eso fue hasta el 30 de junio cuando pudo concretarse. La mayoría de los 203 sindicalizados (133 a favor, 64 en contra y 6 abstenciones) votaron por la suspensión de labores y colocaron las banderas.
El 30 de junio, mientras los huelguistas colocaban casas de campaña y permanecían en la calle (estuvieron hasta el 4 de julio), más de 50 trabajadores se quedaron dentro del periódico para publicarlo al día siguiente y “reventar la huelga”, tal como se los aconsejó Roel Calvillo.
Encabezados por la gerente Tania Paulina Olmos, algunos jefes de área, personal de confianza y 33 sindicalizados promovieron o se prestaron al esquirolaje. Un mes después, en asamblea del Sitrajor, los esquiroles fueron suspendidos de sus derechos sindicales por más de un año.
Posteriormente 15 de ellos interpusieron denuncias penales contra los huelguistas, los acusaron de privación ilegal de la libertad, argumentando que no los dejaron salir durante la huelga. Hasta mayo de 2019 continúan las acusaciones contra Judith, Leonardo y Maricela, quienes se ampararon después de que un juez los vinculó a proceso y el juicio continúa.
Sin prestaciones, desde enero de 2017
Así, de manera unilateral e ilegal, desde enero de 2017 los trabajadores padecen la disminución de ingresos. Reciben sólo salario y vales de despensa, todas las demás prestaciones contenidas en el CCT fueron suprimidas: seguro de vida, aguinaldo, ayuda para renta, las tres primas (vacacional, de antigüedad y dominical), fondo de ahorro, fondo de retiro, premio de puntualidad, ayuda por defunción de algún familiar, ayuda para lentes o prótesis, guardias de reporteros, días económicos, abono de transporte, derrama de publicidad, entre otras.
Algunos empleados próximos a la jubilación iniciaron trámites para tener la pensión del Seguro Social, a otros que buscaron acuerdos la empresa les propuso darles una suma al inicio y el resto en pagos parciales, todo mediante convenio que firmaron ante la JLCA, pero en algunos casos, de manera tramposa, Demos les hizo firmar que no tenían pendientes ni queja alguna con el diario. A la fecha varios no pueden cobrar lo que les habían prometido.
ANTECEDENTES
Demos, la empresa que edita el diario La Jornada, argumentó que tenía problemas financieros desde 2014; ese año, cuando la secretaria general del Sitrajor era Amalia Rivera de la Cabada, se pactó un convenio ––aprobado por la mayoría de los sindicalizados–– para que durante 14 meses se disminuyeran los ingresos de los trabajadores en 27 por ciento en algunas cláusulas del CCT, lo que permitió que la empresa dejara de pagar 21 millones de pesos a los afiliados al Sitrajor y 5 millones al personal de confianza.
Sólo había una condición: la suma de 26 millones se destinaría al pago de impuestos y a generar condiciones para fortalecer al diario, que invirtiera fundamentalmente en La Jornada digital, pero esto no sucedió. Ante esto, los trabajadores votaron en septiembre de 2015 por un Comité Ejecutivo que no siguiera con la posición de Amalia Rivera. En ese mes asumió el cargo Judith Calderón Gómez. Cuatro mujeres y tres hombres de ese comité tenían la misma posición. En cuanto se planteó en asamblea si se continuaba con el recorte, los trabajadores se opusieron.
La negativa de los sindicalizados, que se expuso en noviembre de 2017 a la empresa, fue tomada como una afrenta. Carmen Lira, la directora del diario, se empecinó en quitar todas las prestaciones, alentada por incondicionales, entre ellos Guillermina Álvarez, quien funge como asesora. Ya había contratado a Tania Paulina Olmos, a propuesta de Enrique Galván Ochoa, columnista de La Jornada, para hacer una auditoría y después ocupar la gerencia, con la idea de acabar con el Contrato Colectivo de Trabajo, a como diera lugar.
Tenían además al abogado empresarial Alejandro Roel Calvillo, que se caracteriza por destruir contratos y quien se valió de todos los recursos y artimañas, anunció que se presentaría un recurso de naturaleza económica para dejar de pagar las prestaciones.
Antes de que lo presentaran en la JLCA, en la primera catorcena de enero de 2017 los trabajadores recibieron sólo su sueldo y los vales de despensa. Posteriormente, peritos de la JLCA dictaminaron quitar 70 por ciento de las prestaciones. El Sitrajor se amparó y ganó la batalla legalmente: el 31 de octubre de 2017 el decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo resolvió a favor del Sitrajor, esta decisión no se cumplió por parte la empresa y no lo ha exigido la dirigencia sindical actual.
Cómo sobreviven los despedidos
Después de la huelga y días antes de que terminara la gestión de Judith Calderón y Leonardo Mondragón empezaron los despidos injustificados. En una asamblea los integrantes del Sitrajor acordaron pagar la defensa de las cuatro personas que fueron acusados penalmente. Asimismo, apoyar a los despedidos con la mitad de su ingreso durante seis meses. Los acuerdos se han cumplido.
Los despedidos, que llevan más de 400 días en lucha, han recurrido a las protestas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el gobierno de la capital, en la Fiscalía capitalina y a las puertas del diario. Con mantas y volantes han sido apoyados moral y económicamente por decenas de organizaciones agrupadas en la Unión Nacional de Trabajadores.
El 24 de agosto de 2017 el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un mitin a las puertas del diario, exigiendo la reinstalación, miles de compañeros, solidarios cerraron la calle. En esa ocasión Alejandro Caballero Calderón leyó un mensaje en apoyo a los jornaleros.
Los brazos de los telefonistas han estado siempre abiertos para respaldar y brindar apoyo económico a las familias de los despedidos ––Judith, Maricela, Leonardo, Sara Juárez, Óscar Gómez, Guadalupe Silva, Tere López, Toño Vera, Sandra Blanco, Elizabeth Velasco, Miriam Posada, Carmen Villanueva, los tres Marios (Contreras, Ruiz Tenería y Córdova), entre otros. La Central Campesina Cardenista, los pilotos, sobrecargos, ferrocarrileros despedidos, maestros, trabajadores de Petróleos Mexicanos, de la Universidad de la Ciudad de México y de bachillerato, entre otros sectores, han respaldado económicamente la lucha de los jornaleros para que se respete el Contrato Colectivo de Trabajo.
A nivel internacional el Sitrajor ha recibido el apoyo de más de 20 países durante el 3er Congreso de la Central Sindical Popular, celebrado en Brasil, y el Encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad (efectuado en Sao Paulo, Brasil, en octubre de 2017), al que asistieron Judith Calderón y su hijo Alejandro Caballero, y durante la protesta realizada en el consulado de México en Chicago durante el Encuentro Trinacional de Solidaridad organizado por la Universidad de California en Los Ángeles y la Fundación Rosa Luxemburgo.
