Una nueva ola de despidos en el gobierno federal empezó en marzo, en respuesta a la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer un nuevo ajuste presupuestal.
Para este mes están previstas salidas en la Secretaría de Gobernación con el cese de 178 funcionarios, en su mayoría directores de área, subdirectores, jefes de departamento y enlaces, que habían sobrevivido al primer recorte de personal y al cambio de sexenio. Su salida se concretará entre la primera y segunda quincena de abril.
Le siguen los de la Secretaría de Salud, en donde suman 6 mil empleados despedidos, en el primer trimestre del 2019, principalmente los que trabajan por honorarios, con contratos temporales, entre otros administrativos; y prevén otra tanda para las siguientes semanas.
Aunque los médicos se han salvado, los ajustes presupuestales afectaron sus ingresos, pues el bono sexenal de 3 mil pesos que les depositaron en diciembre, se los descontaron entre enero y febrero bajo el argumento de no haber razón para pagar ese dinero.
Justo la semana pasada, un grupo de médicos realizó una marcha hacia Palacio Nacional en demanda de la reintegración del bono. Los manifestantes fueron recibidos por el área de Atención Ciudadana quien les ayudará a gestionar el tema, pues de lo contrario advirtieron que realizarán paros en hospitales.
En Semarnat será en el interior de la República donde los despidos se desatarán este mes, luego de las bajas a finales de enero que generaron manifestaciones y el compromiso de su titular, Josefa González Blanco, para que no hubiera más despidos.
Según denuncias de trabajadores contratados bajo esquemas de convenios municipales, es decir, no directamente por la dependencia pero que trabajan para ésta, les anunciaron que al menos a 180 personas en todo el país dejarán de laborar este mes, tras desaparecer las partidas presupuestales adicionales con las que se solventaban sus salarios.
Dada las condiciones de contratación, ni los municipios ni Semarnat asume la responsabilidad de que continúen en el cargo.
Paradójicamente, la Secretaría del Trabajo también tiene problemas por los despidos realizados en los últimos meses, ya que trabajadores que salieron de la plantilla en los primeros meses del año aún demandan solución a los despidos injustificados.
La titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, no ha querido hablar públicamente sobre el tema. Cuestionada en eventos públicos sobre el tema asegura que los despidos se realizaron en apego a la ley.
Recortes no garantizan eficiencia
Para el economista Saúl Mendiola, de la Facultad de Economía de la UNAM, la reducción del personal en las distintas secretarías que conforman el gobierno federal no garantizará que operarán mejor, ni que utilizarán menos recursos para su operación.
“Desafortunadamente hemos visto que las bajas no son de los peores perfiles, en muchos casos son los mejores, aquellos que procuraban una eficiencia en el área donde se desempeñaban, ahora, con los que quedaron o llegaron, deben aprender y esa curva hará perder tiempo, dinero y no descarto que en un corto plazo, tengan que volver a llamar a varios despedidos para reintegrarlos al servicio profesional”, apuntó.
En entrevista para RS consideró que el cierre del primer trimestre del año, permitirá al gobierno hacer una evaluación de sus decisiones y confió en que aquellas no sean acertadas, se rectifiquen.
Sin motivos de baja
Oficialmente las dependencias no han informado las causas reales de los despedidos y menos de manera oficial, pero extraoficialmente se sabe que la afinidad con la administración pasada es una de las principales causas.
A cada trabajador que desde enero del año pasado ha sido “elegido”, sólo les indican que sus servicios ya no serán requeridos por una reestructura en el área, lo obligan a firmar la renuncia voluntaria y al otorgarles el finiquito conforme a la ley, se quedan sin elementos para demandar por un despido injustificado.
Cabe recordar que la Secretaría de la Función Pública emitió lineamientos para la liquidación y, en su caso, la recontratación de personal burócrata, los cuales refieren que quienes hayan recibido indemnización no podrán regresar al cargo en un periodo de 12 meses contados a partir de que se haya terminado el nombramiento.
Otro amago en los despedidos es sobre los contenidos que publican en sus redes sociales, ya que los están monitoreando, y quien mantenga sus denuncias o vaya más allá mostrando documentos será boletinado en todo el gobierno, razón por la que se redujo drásticamente en redes sociales comentarios y post referentes al tema.
“Cuando manifestamos nuestras quejas en Twitter, recibimos toda clase de insultos, desde fifís, hasta mantenidos del gobierno. Si algo nos dimos cuenta, fue que arrasaron con todos los puestos y llegó gente que no conoce el servicio público”, se lee en el post de Marina Estrada, una ex trabajadora del gobierno federal.
De enredan por recortes en el primer círculo de AMLO
Aunque los despidos son un hecho, el primer círculo del gobierno federal está enredado sobre si hay o no recorte de personal, a raíz de un ajuste presupuestal.
Por un lado, la Oficina de la Presidencia, a cargo de Alfonso Romo, aseguró que todos los órganos de gobierno se apegarían a los ajustes presupuestales ante una posible caída en la recaudación fiscal.
Ante socios del American Chamber, lamentó que las dependencia que acababan de pasar un recorte a principios de año, tuvieran que hacer otro para pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana.
“Yo veo a las secretarías agobiadas, por eso las defiendo, porque les quitaron gran parte de presupuesto y de la gente”, apuntó.
Sin embargo, Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público, aclaró que el ajuste pedido por el presidente dependería del primer balance trimestral de la economía en el 2019 y no implicaría un recorte presupuestal y menos aún uno de personal.
“Es una reasignación del presupuesto, no es un recorte presupuestal”, aclaró y garantizó que los ingresos tributarios recibidos hasta el momento, son mayores a los calendarizados, por lo que no se requerirá disminución en el gasto mediante el despido de trabajadores.
Mientras en las altas esferas y a nivel mediático se enredaban los funcionarios del primer círculo del presidente, en el terreno laboral, los despidos han sido un hecho y suman ya 200 mil trabajadores, según estimaciones del Observatorio Ciudadano México.
