Durante los últimos cuarenta años, coinciden prestigiados economistas, politólogos y sociólogos, que el neoliberalismo, la globalización, las nuevas tecnologías de la comunicación e información, así como la modernización de las empresas y la administración pública, han provocado profundas transformaciones en el ámbito laboral y sindical.
Según Jean Pierre Durand, en La cadena invisible. Flujo tenso y servidumbre voluntaria, la sorprendente reestructuración del aparato productivo, asociada con la “precariedad de las ocupaciones, la inestabilidad de la mano de obra, los contratos inciertos, la exigencia de calidad total y… de rentabilidad inédita…”, sistemáticamente están eliminando las razones y causas fundacionales del sindicalismo.
Sin embargo, el hecho de que los fenómenos apuntados tengan inmerso al sindicalismo –según la conceptualización de Enrique De la Garza– en un “ciclo recesivo” del cual aún no logra resurgir; de ninguna manera significa que las políticas antisindicales impuestas en la nueva fase de desarrollo del capitalismo inevitablemente desaparecerán a los sindicatos.
Efectivamente la mayoría de las organizaciones de trabajadores atraviesa por una aguda crisis de legitimidad, representatividad, interlocución, eficacia y renovación interna; no obstante, eso está lejos de provocar su ocaso definitivo.
Por el contrario, en el marco de un trance económico y financiero mundial imparable, caracterizado por la quiebra de grandes corporaciones industriales, inmobiliarias, bancarias y bursátiles; así como las elevadas tasas de desempleo, subempleo e informalidad, y la creciente pérdida del poder adquisitivo de los salarios; las agrupaciones de trabajadores hoy más que nunca son imprescindibles tanto para defender los intereses fundamentales de sus afiliados como para frenar o, al menos, mitigar los efectos de la aplicación de políticas, programas y acciones cuyo propósito es conculcar los derechos humanos laborales.
En la búsqueda de rutas viables, en el espacio intelectual y en la esfera de las organizaciones sindicales, han emergido y desplegado múltiples iniciativas orientadas a preservar y fortalecer la vida sindical.
Respecto al primer círculo, destaca Manuel Castells, un prestigiado teórico contemporáneo, quien explica cómo las nuevas tecnologías, las empresas en red, Internet y la “capacidad de generación de conocimiento y procesamiento de información”, están transformando la producción, el trabajo y el sindicalismo.
Según el sociólogo español, el que ahora se requiera una fuerza de trabajo con altos niveles de calificación, más creativa y mejor remunerada, para la cual no es necesaria una relación laboral directa; plantea enormes problemas a las organizaciones sindicales a tal grado que las coloca ante el dilema de sobrevivir o fenecer.
De cara a estos desafíos, en La nueva economía: El desarrollo sostenible, el empleo y los derechos de los/las trabajadores/as, apunta que los sindicatos deben multiplicar su activismo duradero a fin de conservar e incrementar su membresía, y la oportunidad de desplegar “un sindicalismo de servicios, un sindicalismo de protección del ciudadano y de los derechos sociales en su conjunto,… y un sindicalismo sociopolítico”. Es decir, propone una forma de organización colectiva que impulse la defensa de los derechos de los trabajadores y de quienes forman parte de otros segmentos sociales; abandere las causas de género, de los derechos humanos, del medio ambiente, de la población migrante, etc., y conquiste posiciones de representación en los órganos del Estado.
Por su parte, Joaquín Arriola, luego de plantear tres interrogaciones: “¿A quién y cómo se debe organizar? ¿Reformar o abolir la OMC, FMI, etc.? ¿Cómo organizar no ya la solidaridad, sino la acción sindical internacional contra el poder creciente de las multinacionales y el capital, y el progresivo debilitamiento del movimiento sindical?”, sugiere que los sindicatos deben evolucionar hacia formas modernas y procesar innovaciones que les permitan influir en los siguientes ámbitos:
Incluir cláusulas sociales en las negociaciones internacionales que tienen lugar en el marco de la Unión Europea (UE), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los tratados de libre comercio, a fin de establecer compromisos que garanticen el respeto de los derechos humanos, prohíban el trabajo infantil, fortalezcan la equidad e igualdad de oportunidades en materia laboral y salarial, preserven el medio ambiente, etc.; incorporen a su agenda las reivindicaciones originarias y las de los nuevos movimientos sociales (pacifistas, ecologistas, feministas, etc.); así como superar sus limitaciones estructurales, culturales y de conocimiento, para desempeñar un papel proactivo en el escenario internacional.
Juan Somavía, quien hasta octubre de 2012 fungió como Director General de la OIT, enumeró una serie de desafíos de los sindicatos en el siglo XXI: recuperar su protagonismo y sus postulados históricos; abanderar la exigencia de “no a la sociedad de mercado”; asumir un liderazgo intelectual y político, en la lucha por la erradicación de la pobreza, el pleno empleo, el salario justo, el respeto de los derechos sociales, la cohesión social y la democratización.
Igualmente, estableció un conjunto de retos sindicales para lograr una reforma exitosa: contribuir a dar un rostro social a la economía mundializada; convertirse en voceros y defensores de las preocupaciones de la sociedad; promover una cultura de la equidad y legalidad; influir en los procesos políticos en el entendido de que “los derechos civiles y políticos son un requisito fundamental para acceder a los derechos laborales y sólo una democracia liberal puede proporcionar el contexto institucional apropiado para el respeto de los derechos laborales como elementos constitutivos de los derechos humanos”.
Asimismo, enfatizó, están interpelados a “abrir sus brazos” a los segmentos sociales que están excluidos del trabajo formal: desempleados, migrantes, minorías, etc.; y establecer alianzas estratégicas y plurales con toda la variedad de organizaciones de la sociedad civil.
De cara a la celebración (2019) de su Primer Centenario, la OIT prepara una amplia agenda que directa o indirectamente impele a trabajadores y sindicatos a participar activamente en su concreción. Entre otras, destacan las iniciativas relacionadas con la conveniencia de “llevar a la práctica la dimensión del trabajo decente en la transición hacia un desarrollo con bajas emisiones de carbono y sostenible…, poner fin a la pobreza a fin de atender la necesidad urgente de contar con salarios vitales adecuados para todos los trabajadores…, [mejorar] el lugar que ocupa la mujer en el mundo del trabajo y sus condiciones de trabajo, y dar participación a los mandantes tripartitos en acciones concretas destinadas a llevar a la práctica la igualdad de oportunidades y de trato…”, luchar por salarios decentes y contra la desigualdad en el ingreso, y cerrar la brecha de género en el empleo.
Ahora bien, la Agenda 2030, constituida por 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), impulsada por acuerdo de 189 países miembros de la ONU, con la aspiración de “erradicar la pobreza y el hambre para el año 2030”; es de la mayor relevancia para los trabajadores y los sindicatos, en la medida en que difícilmente pueden permanecer al margen de este esfuerzo universal.
Más aún cuando el Objetivo # 8. “Trabajo decente y crecimiento económico”, pretende articular las voluntades, estrategias y acciones de las naciones para lograr un “crecimiento económico inclusivo y sostenible, empleo y trabajo decente para todos”, el cual es un factor fundamental a efecto de que millones de seres humanos en el mundo puedan salir de la miseria.
Sobre este desafío, el actual Director General de la OIT, Guy Ryder, quien fue Secretario General de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2006 a 2010, argumenta que “una carencia persistente de oportunidades de trabajo decente, inversiones insuficientes y bajo consumo producen una erosión del contrato social que es el fundamento de las sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso”.
Por ello, afirma que “colocar la creación de empleos en el corazón de la elaboración de las políticas económicas y de los planes de desarrollo, no sólo permitirá crear oportunidades de trabajo decente, sino también un crecimiento más sólido e inclusivo que permitirá reducir las desigualdades. Es un círculo virtuoso que beneficia tanto a la economía como a la población y es un motor del crecimiento sostenible”.
En este sentido, considerando que un trabajo decente incrementa los ingresos de los trabajadores y sus familias, eleva el poder adquisitivo de los asalariados, amplía la protección social, “aumenta los ingresos fiscales de los gobiernos” e “incentiva el crecimiento y el desarrollo de empresas sostenibles”; alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible brinda a la presente generación, a las instituciones estatales y las organizaciones sociales, la oportunidad casi irrepetible de contribuir a suprimir los flagelos que denigran la vida de miles de millones de personas en todo el mundo.
Respecto a los nuevos rumbos y retos del movimiento sindical a escala internacional, vale la pena retomar la estrategia seguida por la Confederación Sindical Internacional (CSI):
A grandes trazos, desde su fundación en 2006, pugna por reposicionar al sindicalismo mundial en la defensa de la “justicia social, la libertad, la paz, la democracia y la igualdad”; fortalecer la presión a fin de que la globalización “… redunde en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras, los desempleados, y los pobres”; instaurar un nuevo modelo sustentado en “los tres pilares del desarrollo sostenible: económico, social y medioambiental”, a efecto de que asegure “el respeto universal de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras…, genere trabajo decente para todos…, ponga fin a la pobreza masiva y reduzca considerablemente las desigualdades tanto a nivel nacional como entre las naciones y promueva el crecimiento mediante la distribución equitativa de la riqueza”.
La CSI, además, otorga prioridad a la lucha por: la equidad y la igualdad de oportunidades; un futuro decente para los y las trabajadores jóvenes; la supresión del trabajo infantil; por consolidar a la OIT como punto de referencia mundial; “un modelo de desarrollo justo y sostenible para el siglo XXI”; combatir el cambio climático; “poner fin a cualquier discriminación por razón de sexo, religión, color, nacionalidad, procedencia étnica, orientación sexual, identidad de género, opinión política, origen social, edad o discapacidad; y promover el respeto de la diversidad en la sociedad y en el empleo”; así como mantener la paz, seguridad y unidad de las naciones.
En su agenda estratégica tiene especial importancia el impulso del crecimiento del empleo verde y decente; la puesta en marcha de acciones tendientes a fortalecer la influencia de las organizaciones sindicales en la gestión de las empresas multinacionales, específicamente para que los trabajadores participen con propuestas en los procesos de transformación: flexibilidad, polivalencia, reconversión tecnológica; la reforma de los organismos reguladores de la economía internacional (FMI, BM y OMC), para que en lugar de imponer programas estructurales y políticas de austeridad, “promuevan la gobernabilidad y el respeto de los derechos humanos y las normas de trabajo fundamentales, fomenten el empleo y reduzcan la pobreza”.
De la misma forma, promueve la globalización de la solidaridad sindical, la cual –entre otras medidas– implica el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza y la respuesta articulada, de trabajadores y sindicatos, a los procesos de integración económica y comercial. La idea es presentar respuestas colectivas y propuestas comunes frente al neoliberalismo y las políticas de ajuste. El argumento esgrimido por la CSI consiste en que la exacerbación de la inconformidad de los trabajadores podría dirigirse hacia el sistema económico y político y, con ello, poner en riesgo “la economía de mercado y la democracia liberal”.
Además, ha llamado a los sindicatos a adoptar cláusulas de sanción social, en la inteligencia de que “la moralidad de sus dirigencias y miembros activos”, al reforzar los valores éticos y cívicos, vigorizan la confianza, credibilidad y crecimiento cuantitativo. Por último, fomenta el diálogo social, como mecanismo tendiente a potenciar la intervención sindical en la discusión y diseño de políticas nacionales e internacionales que impactan el desarrollo sustentable, el arreglo político, el escenario laboral, salarial y sindical.
Por su parte, la Internacional de Servidores Públicos (PSI, por sus siglas en inglés), aunque cuenta con una corriente tradicional (minoritaria) que asume acciones defensivas y contestatarias, tiene una vertiente moderna (mayoritaria) que despliega nuevas estrategias y abraza los retos impuestos por los cambios de la economía de mercado y los cambios experimentados por la administración pública.
Esta federación, dicho sintéticamente, reconoce la pertinencia de que los sindicatos adopten un papel proactivo, innovador y propositivo; y sostiene que las instituciones sociales del Estado, los derechos de los trabajadores y los gremios “sólo se les defenderá con éxito cuando el propio público se identifique auténticamente con esos servicios”.
Propone, como estrategia que las organizaciones sindicales adopten una nueva cultura laboral; defiendan y exijan el fortalecimiento de las instituciones sociales y los servicios públicos; y asuman una participación activa, pero crítica en la modernización de la administración pública, lo cual les permitirá: defender los servicios públicos mediante campañas que resaltan su importancia en las políticas nacionales de desarrollo y en el logro de los objetivos de competitividad; comprometer a los trabajadores en la prestación de servicios de calidad y calidez, a fin de contribuir al crecimiento económico y al mejoramiento de la calidad de vida de la población; e involucrar a la sociedad en la defensa y preservación de las instituciones sociales.
Asimismo, impulsa intensamente una agenda a favor del desarrollo sostenible, del trabajo decente, de la igualdad y paridad de género, los derechos humanos, el rechazo a la discriminación y todo tipo de violencia en contra de las mujeres y jóvenes, de los trabajadores con VIH/SIDA y LGBT.
Otro de los ejes estratégicos de la lucha de la PSI consiste en impulsar la construcción de un proyecto económico alternativo, pues resulta evidente que el modelo neoliberal únicamente pretende afianzar la economía y sociedad de mercado, privatizar las ganancias y socializar los costos, así como imponer un pensamiento único a costa del debilitamiento de los cimientos de la democracia liberal.
En este contexto, encabeza frecuentes campañas mundiales en oposición a la privatización de los servicios públicos y durante la última década se ha ido consolidando como un actor que objeta las Asociaciones Público Privadas (APP), las cuales son esquemas de inversión de largo plazo, cuya finalidad es la prestación de servicios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura que construye y opera el sector privado.
Al respecto, en el Informe “¿Por qué las Asociaciones Público-Privadas no funcionan?”, la PSI convoca a sus asociados a defender “las numerosas ventajas de la alternativas pública” y, de manera contundente, establece:
“Durante décadas, el fracaso de la privatización en los sectores del agua, la energía, el ferrocarril y la salud ha dejado claro en todo el mundo que aquellos que promueven la privatización ofrecen falsas promesas. Se han celebrado y ganado elecciones por la promesa de mantener los servicios públicos en manos públicas. En sectores como la salud, la educación, el agua, la energía y el transporte, las posturas comunitarias respaldan firmemente la provisión pública universal”.
“Sin embargo, la privatización y las denominadas Asociaciones Público-Privadas (APPs) se vuelven a poner de moda. Muchos gobiernos recurren a las Asociaciones Público-Privadas (APPs) con la esperanza de que el sector privado financie la infraestructura pública y los servicios públicos que han resultado brutalmente azotados por la crisis financiera. Esta esperanza se ha mantenido durante mucho tiempo en el Banco Mundial y en la OCDE, y ahora está surgiendo en el G20 y en las actuales negociaciones en el seno de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la relacionada Financiación para el Desarrollo. En caso de tener éxito, la privatización podría llegar a convertirse en la política oficial de la ONU”.
Congruente con estos postulados, insistentemente ha exhortado a los sindicatos coligados a diseñar y realizar sus tácticas, movilizaciones y demandas a los gobiernos, en torno a una pregunta clave: “¿Por qué se produce este resurgimiento cuando la experiencia de los últimos 30 años demuestra que la privatización es fundamentalmente deficiente?”
A grandes rasgos y, conforme a las particularidades nacionales, tanto la estrategia y los cursos de acción delineados por la CSI y la PSI, han sido retomados y aplicados por varias confederaciones sindicales en todos los continentes.
Por ejemplo, la Confederación Sindical de CCOO, en el documento Repensar el Sindicato (2016), inquiere y debate cómo “impulsar los cambios adaptativos necesarios que permitan a la CS de CCOO proyectarse hacia el futuro”.
De entrada, se pronuncia acerca del imperativo de “volver a poner el trabajo en el centro de la sociedad” y reposicionar al sindicalismo como un actor determinante en los procesos de transformación suscitados en un mundo cada vez más globalizado.
Lo anterior, entre otras razones, para enfrentar la intención de los patrones y los gobiernos, quienes luego de la frágil recuperación de las secuelas de la gran crisis financiera de 2008-2010, siguen imponiendo severas políticas de austeridad, ahondando la asimetría entre el capital y trabajo, aplicando de manera radical la flexibilización de relaciones laborales, debilitando los derechos sociales, la negociación colectiva, el sistema de pensiones y el diálogo social, así como fortaleciendo de la individualización de las de trabajo, y agudizando el paro, la precariedad, pobreza y desigualdad.
De esta manera, el manuscrito aporta una sucesión de “tips” que orienten a las Comisiones Obreras a procesar cambios internos, “flexibilizar las estructuras organizativas, incrementar la cooperación” y robustecer la unidad sindical. Todo ello, a efecto de frenar la estrategia conservadora encaminada a “quebrar la representatividad, recursos y legitimidad del sindicalismo de clase, con objeto de debilitar, cuando no eliminar, sus funciones de actor social y factor de igualdad con capacidad de intervención tanto en los procesos de la primera distribución de la renta (salarios, condiciones de trabajo) a través de la negociación colectiva, como en los mecanismos propios de la segunda redistribución (política fiscal, prestaciones del Estado de bienestar) mediante su participación institucional y presión social”.
En el escenario latinoamericano, el movimiento sindical, a partir de una visión y un compromiso con el desarrollo sustentable, ha construido dos instrumentos de “intervención y transformación sociopolítica”: la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) y la Plataforma de Desarrollo para las Américas (PLADA).
Ambas herramientas parten de la convicción de que “la salida a la crisis requiere una respuesta urgente y estructural, con la participación ineludible del sindicalismo…, de las diversas expresiones colectivas del campo popular: movimientos sociales, campesinos, ambientalistas estudiantiles, feministas,… de los derechos humanos, por la defensa de las víctimas de la violencia, por la diversidad sexual,… de los pueblos originarios, productores de la economía social y solidaria,…. educadores y promotores del arte y la cultura”.
Con base en su concepto de desarrollo, no se aventuran a incitar la ruptura del sistema capitalista. Y, no obstante la reivindicación de que sean “los pueblos y no las corporaciones y firmas transnacionales quienes fijen el rumbo social y político en el continente”, lo sustancial de su planteamiento busca edificar una “nueva relación estado, sociedad y mercado”.
Así las cosas, la CSA proyecta una multiplicidad de prioridades y puntos programáticos alrededor de los cuales podría actuar del movimiento sindical: trabajo decente, distribución equitativa de la riqueza, democracia participativa, reforma de los sistemas políticos y judiciales “para evitar la intervención de las corporaciones económicas en el funcionamiento de la democracia”, participación de las organizaciones sociales y sindicales en “los procesos e instituciones de integración regional”, igualdad entre géneros, protección e inclusión social, compromiso ambiental, políticas transversales para las mujeres y los jóvenes, entre otros.
Y, de modo específico, aleccionan una “autorreforma sindical” centrada en el fortalecimiento de la unidad, la democracia, la representatividad, la transparencia y rendición de cuentas, los órganos de representación en los lugares de trabajo, la apertura a la inclusión de colectivos en condiciones de informalidad y precariedad laboral, la participación ciudadana en los espacios de discusión y decisión política.
A pesar de que el conjunto de iniciativas descritas forman parte de una estrategia esencialmente defensiva, algunas organizaciones han conseguido moderar las consecuencias del modelo neoliberal, de la crisis del capitalismo, del desmantelamiento del sector público, de la subcontratación y subrogación, de los despidos masivos y la vulneración de derechos sociales. De igual manera, la literatura especializada documenta diversas experiencias relativamente exitosas de renovación interna de los sindicatos.
Frente a los retos sistematizados en este repaso teórico y empírico, es evidente que las y los trabajadores tienen la palabra definitiva.
