Las elecciones sindicales son aquellos procesos mediante los cuales los trabajadores eligen democráticamente a sus representantes.
De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos; estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí.
El primer referente de la vida sindical en México data de 1872, con la asociación de artesanos y obreros de hilados y tejidos que derivó, en 1876, en el establecimiento de la Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos. En 1918 nació la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la cual exigió que se reglamentara el artículo 123 constitucional.
Un punto importante del sindicalismo mexicano fue la fundación, en 1936, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). En 1966 se fundó el Congreso del Trabajo (CT), que en la actualidad está integrado por 42 confederaciones, federaciones, sindicatos nacionales de empresa y gremiales. Entre ellos destacan la CTM, la CROM, la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina (CROC), los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME), el Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), el de Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Nacional de Trabajadores del Seguro Social y el de Telefonistas de la República Mexicana.
En 2019 hubo una reforma laboral que prometía mucho, era la gran apuesta legislativa por “justicia laboral y libertad sindical”. Los cambios contemplaban modificaciones a la Ley Federal de Trabajo, la defensoría pública, Seguro Social, entre otras.
La reforma que contemplaba a los sindicatos, esas instituciones tan importantes en la representación de los derechos de los trabajadores, la mediación y solución de conflictos entre empleados y patrones. Se nos anunció como una reforma de “avanzada”, que vendría a poner fin a las prácticas abusivas y antidemocráticas comunes en el sindicalismo mexicano.
Se trataba de una reforma que obligaría a las federaciones, confederaciones y sindicatos mexicanos a tener procesos de elección de sus líderes mediante voto personal, secreto, directo y libre. Es decir, se abriría según lo legislado, una nueva era en la tan anhelada democracia sindical.
Pero los vicios de la cultura política mexicana, del arraigado arquetipo del sindicalismo charro que formó, o más bien deformó a los líderes sindicales de nuestro país, no cambiaría por decreto. La nueva legislación garantiza elecciones en los sindicatos, pero las elecciones no garantizan la democracia por si sola.
Hablar de democracia sindical era en términos de cultura política mexicana una contradicción hasta biológica. Porque la naturaleza misma de estas instituciones en nuestro país dista mucho de los ideales y valores de la cultura política democrática
El camino para la verdadera democracia sindical todavía tiene grandes retos, y estos deben acompañarse de una legislación que obligue a transparentar el uso de los recursos que los afiliados aportan. Al dejar clara cuál es la relación de los sindicatos con la autoridad y que no existan casos de enriquecimiento inexplicable entre aquellos que dicen defender a los trabajadores creando millonarias fortunas en los cargos.
Los sindicatos en México tienen una herencia de corrupción, abuso e impunidad que dista mucho de los ideales que los viera nacer en la época de la Revolución Industrial en Inglaterra. Cuando los trabajadores se organizaron legítimamente para la defensa de sus derechos ante los abusos patronales. En nuestra deformación mexicana, en la triste realidad del asalariado, además del abuso patronal está el de aquellos que dicen defenderlos.
El sindicalismo en México ha perdido fuerza en las últimas décadas. Esto se debe a factores cíclicos, estructurales y político-institucionales. Entre estos dos últimos están la reconversión económica de sectores tradicionalmente sindicalizados, como las manufacturas, hacia aquéllos con trabajadores independientes y dispersos, como el de los servicios, así como el incremento del empleo temporal y no registrado, cuya rotación es más acelerada y su sindicalización es menor.
Además, los sindicatos perdieron fuerza en áreas como la minería, la siderurgia y los ferrocarriles, tras el abandono del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y la política de privatizaciones del gobierno en los años ochenta y noventa. Este proceso de precarización se aceleró durante el cambio de modelo económico en México, a finales de los años ochenta.
Lo que limitó las posibilidades de que los trabajadores defendieran sus intereses fue la combinación de los sindicatos debilitados -“fantasmas”- y de protección, de dirigentes intocables y corruptos y de los controles estatales fuertes sobre las huelgas.
Ahí está el reto para los sindicatos en México, reorientar sus cauces por la vía democrática mediante la elección de sus dirigentes a través del voto libre, directo, secreto y unipersonal de los trabajadores, como lo estipula la Reforma Laboral del 1 de mayo de 2019.