Pocas veces en la historia contemporánea, quizás nunca, nuestra Nación había enfrentado tantos desafíos nuevos en tan poco tiempo. La emergencia de salud nacional surgida como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se ha visto acompañada por efectos económicos muy adversos, producto de la Gran Reclusión originada por dicha contingencia sanitaria, así como por un clima de inestabilidad política y social en diversas partes del mundo. 2021 y 2022 serán años muy difíciles para México, sin alcanzar aún a dimensionarse lo que sucederá en los años 2023, 2024 y los posteriores.
Sin duda la pandemia ocasionada por el COVID-19, ha sido uno de los motivos más importantes de la caída de la economía en el año 2020, que alcanzó un 9% de disminución en el PIB nacional en ese año – la más severa desde la crisis de 1929- 1932 -, y en el cual la inversión se colocó al nivel que se tenía en 2004, es decir en el rango que se tuvo hace 16 años. No se puede ni deben ocultarse los efectos de la pandemia, sin embargo, el deterioro del crecimiento ya venía sucediendo desde el último trimestre del año 2019.
La actual generación de jóvenes vivirá con la difícil huella que les dejará esta grave crisis, con un presente y un futuro inmediato dominado por una afectación brutal de expectativas y posibilidades reales para obtener empleo.
A La gran pérdida que ya se registra en la ocupación, debe agregarse las necesidades anuales de generación de 1 millón de empleos para atender a quienes se incorporan al mercado de trabajo, y que ven frustradas vocaciones y carreras por carecer de colocación; más aún cuando las respuestas impulsadas por las políticas gubernamentales pretenden convertirlos en clientelas electorales, sujetos a recibir subsidios mal diseñados y con padrones de beneficiarios deficientemente integrados, conformados por los censores del bienestar que hicieron su tarea de forma discrecional, convirtiendo así a los beneficiarios en privilegiados de una especie de burocracia mediante ayudas. Con base en información del IMSS, mientras en octubre de 2019 se registró un total de 20’ 421, 442 empleos formales, en igual mes de 2020 la cifra fue de 19’ 902, 833 que significa una pérdida de más de 500 mil puestos de trabajo en un año. Por otra parte, en el mes de diciembre de ese año el gobierno reconoció la pérdida de 277 mil empleos, con lo que se establece una cifra total para el año de 660 mil puestos formales de trabajo menos durante 2020. Por otra parte, con mediciones del INEGI a partir de la encuesta ENOE, se reporta que al tercer trimestre de 2020 disminuyó en 3.6 millones la Población Económicamente Activa, al pasar de 57.3 millones un año antes, a 53.8 millones, siendo la actividad terciaria la que sufrió la mayor caída, con un registro de 3 millones menos.
Hoy en día, México enfrenta una coyuntura profundamente desafiante. La realidad política, económica y social se ha tornado cada vez más compleja y nos hemos visto obligados a enfrentar cambios radicales y vertiginosos en la forma en la que solíamos vivir. Asimismo, nuestro país vive sumido en un panorama de enorme incertidumbre, producto tanto de los problemas estructurales que nos afectan como de las complicaciones coyunturales que definirán el panorama en el mediano y corto plazo para la toma de decisiones, la creación o modernización de leyes y la puesta en marcha de políticas públicas.
Los partidos políticos han sido parteaguas en la vida política del México contemporáneo, desde nuestra óptica consideramos que el voto de los trabajadores debe ser a favor de aquellos que quieran hacer un nuevo trato para las y los trabajadores de México, un nuevo trato para recuperar nuestra economía, donde tener un trabajo decente y un ingreso digno no sea un privilegio, y donde el crecimiento económico sea una palanca para el desarrollo y el bienestar.
Hacia la construcción de un piso parejo para las y los trabajadores. Combatir la desigualdad es necesario para generar condiciones de equidad e inclusión de quienes menos tienen en la economía.
Uno de los mayores retos que enfrenta México es reconvertir la economía informal hacia la formalidad. Para lograrlo se necesitan esquemas consistentes de inclusión laboral, donde las empresas tengan incentivos adecuados y certidumbre jurídica para incorporar a jóvenes, mujeres y personas adultas mayores a sus filas. Con las reformas laborales adecuadas es posible construir un nuevo trato donde la iniciativa privada, con una política de Estado responsable, avance en la inclusión laboral de personas que se encuentran en el sector informal de la economía.
Hay que acabar con las prácticas de injusticia laboral que niegan derechos o regatean el acceso a prestaciones laborales, es necesaria la inclusión de todas y todos los trabajadores al sistema de seguridad social, el reconocimiento de acceso pleno a sus derechos laborales es impostergable.
Lograr la recuperación económica de México pasa por construir un nuevo trato donde el Estado asuma su responsabilidad de garantizar confianza y certidumbre jurídica a la inversión productiva. Por ello, desde la legislación y los presupuestos, deben construirse los mecanismos institucionales que promuevan la inversión privada y la generación de empleos dignos, así como los candados para evitar actos arbitrarios o de corrupción desde el poder Ejecutivo.
A ese panorama que se presenta muy complicado, hay que hacerle frente con visión de país, responsabilidad, patriotismo y mucho sentido común.
