Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, pronostica que en materia económica no tendremos una caída y rebote de recuperación y crecimiento inmediato, sino la de una “U” prolongada, una caída profunda, un espacio grande de recesión, de falta de crecimiento y dificultades para —más tarde— comenzar una recuperación poco a poco y prolongada.
La pandemia del COVID-19 desnudó los problemas estructurales que padece México, y estas mismas fragilidades amenazan con hacer imposible que el país evite una de sus peores recesiones económicas de los últimos años.
La clase trabajadora, de todos los niveles, sufriría el impacto y los efectos que se derivan del trance iniciado durante el año 2019 y que han producido un significativo deterioro en las finanzas públicas y privadas.
Quebranto que repercute, principalmente, en un desempleo creciente y en cierre de fuentes de trabajo.
En ese nebuloso horizonte, las inversiones públicas y privadas enfrentan riesgos que superan etapas críticas padecidas en décadas pasadas. Ese espectro fue confirmado por el Banco de México, que augura una crisis profunda con consecuencias graves y lastimosas.
La Conferencia para la Dirección y la Programación de los Trabajos Legislativos se reunió de manera virtual con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, para hablar respecto de la situación económica internacional, las condiciones financieras globales, así como sobre las medidas adoptadas por esa Institución ante la contingencia mundial provocada por el COVID-19.
En un resumen hecho ante la Presidenta de la Mesa Directiva y los coordinadores parlamentarios de los diferentes partidos políticos de la Cámara de Diputados, Díaz de León señaló que los principales riesgos durante los próximos meses incluyen el impacto de COVID-19 sobre la actividad económica global y doméstica, así como el deterioro que tendría la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la caída de los precios del petróleo y lo que ello podría implicar para las finanzas públicas.
El gobernador del Banco Central comentó que en coordinación con todas las autoridades financieras, ha tomado medidas para hacer frente a los diversos retos que se han presentado, con el objeto de promover la oferta de crédito, mantener y tratar de mejorar las condiciones de liquidez adecuada y buscar estabilizar la operación del mercado de renta fija.
En cuanto al entorno internacional, especificó que ya se han detectado paros en las cadenas de suministro y de producción, lo que podría afectar al país en el corto y mediano plazo.
Con esa atmósfera, Díaz de León examinó los retos de mantener el flujo de crédito, conservar condiciones de liquidez tanto en moneda nacional como extranjera, asegurar que los mercados financieros sigan funcionando lo mejor posible y generar condiciones para que los intermediarios administren su riesgo de crédito.
En que puede tomarse como una alerta, el gobernador de Banxico destacó la importancia de generar medidas para evitar la pérdida de empleo para lo cual sería clave apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas a fin de que puedan resistir la contingencia, para lo que la Banca de Desarrollo tiene un papel fundamental.
En su intervención preliminar el Gobernador precisó que la proyección del Banco de México es de una crisis prolongada, en una especie de ‘U’ extendida, en la que se incluye con una caída terriblemente grande del Producto Interno Bruto, un espacio de incertidumbre amplio, y una recuperación prolongada.
CRISIS INÉDITA
En esos presagios coinciden instituciones internacionales, calificadoras, INEGI y academia que coinciden en que esta crisis es la más grande de las últimas décadas, inédita.
Frente al reto y las predicciones, aparece la urgencia de que las instituciones del Estado mexicano proyecten y dirijan políticas públicas, con la misma directriz y se busquen alternativas que conduzcan a enfrentar la severa crisis.
En este caso, el Banco de México tendrá que actuar con políticas novedosas, propuestas inusuales, imaginación, creatividad y audacia, sin que ello lo confronte con las facultades, obligaciones y límites que le impone la Constitución Política.
Los riesgos de las consecuencias económicas, derivadas de la contingencia sanitaria, y se acentuarán por la gran desigualdad en el empleo y el sector informal.
En México más de la mitad de la población económicamente activa vive del sector informal, los adultos jóvenes y adolescentes representan más de 60% de ese sector.
La mitad de los mexicanos carece de seguridad social, 4 de cada 10 personas viven con ingresos laborales insuficientes para satisfacer necesidades alimentarias básicas, el país tiene el sistema tributario que menos recauda y su sector salud se encuentra segmentado y sin recursos.
El COVID-19 ha agravado la crisis económica, provocando despidos masivos. En algunos otros casos, los trabajadores han sido forzados a solicitar “voluntariamente” permisos sin goce de salario hasta por tres meses. En consecuencia, se espera una cascada de demandas tanto por modificación unilateral de condiciones de trabajo y reducción de salario, así como por despido injustificado.
Luego de dos semanas de emergencia sanitaria, el panorama es incierto para los patrones, ante la falta de incentivos fiscales y apoyos financieros extraordinarios por parte del Gobierno Federal.
Es indispensable crear mecanismos legales que protejan tanto a los trabajadores como a los empresarios y, sobretodo, que otorguen seguridad jurídica a las partes.
La reactivación de la economía post-emergencia sanitaria y la posibilidad de mantener las actuales fuentes de trabajo o crear nuevos empleos se antoja difícil.
Es fundamental que patrones y trabajadores finalmente unan esfuerzos y se solidaricen ante la crisis; el COVID-19 es una excelente oportunidad para ser socialmente responsables y salvar a México.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que el impacto socioeconómico provocado por la pandemia golpeará con dureza a los jóvenes.
El organismo de la ONU estima que tres de cada cuatro jóvenes trabaja en la economía informal, con bajos y medianos ingresos. Los trabajadores jóvenes suelen ser los primeros en ver recortadas sus horas de trabajo o en ser despedidos, aceptan trabajos mal pagados, con escasa seguridad y horarios irregulares. Como no tienen ahorros, no se pueden quedar en casa confinados, indica la OIT en su página virtual.
En general la situación laboral ha sufrido un deterioro en México. Se ha privilegiado la flexibilidad laboral y muchos jóvenes, con tal de tener un empleo, aceptan condiciones laborales precarias, sin seguridad social ni laboral.
Se les puede contratar y despedir con la misma facilidad. Parece que las empresas están usando la pandemia para justificar reestructuraciones. Vemos un uso más intensivo de tecnología y menos empleo de mano de obra, lo que arroja al desempleo o a la inseguridad laboral a muchos miles de personas.
La OIT indica que la pandemia ha generado fuertes efectos negativos en el mercado de trabajo, con consecuencias en el sector formal (reducción de horas, caída de salarios y despidos) e informal (caída de empleo por distanciamiento y prohibición de circulación, menor acceso a compensaciones de ingreso).
Igualmente advierte que las mujeres trabajadoras son las más vulnerables y sectores intensivos en mano de obra como el turismo, comercio, manufactura, inmobiliaria y entretenimiento han sido altamente afectados.
Además, las Micro y Pequeñas Empresas concentran 46,6% del total del empleo en la región y tienen alto riesgo de experimentar quiebras.
Antes de la pandemia América Latina y el Caribe mostraba bajo crecimiento y en el 2020 se espera la peor contracción económica desde 1930, con una caída en el Producto Interno Bruto (PIB) regional estimada de -5,3%, lo que tendrá efectos negativos sobre el mercado de trabajo.
Ahora se proyecta un aumento de la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos porcentuales, hasta alcanzar un 11,5%, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados. De profundizarse la contracción económica la tasa de desocupación será mayor.
Los jóvenes en edad productiva son también quienes han registrado el mayor número de contagios de coronavirus, según los últimos recuentos presentados por el gobierno mexicano.
SALUD, LA PRIORIDAD
Priorizar las políticas de seguridad y salud en el trabajo para que la reactivación productiva y del empleo post crisis de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) sea segura y saludable, es fundamental y requerirá una gestión participativa de la seguridad y salud laboral, con participación de empleadores y trabajadores.
Así lo establecen en el cimiento de las políticas de retorno la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una publicación conjunta.
La edición N⁰ 22 del informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe clarifica que el trabajo en tiempos de pandemia incluye desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
El informe conjunto CEPAL-OIT explora algunas de las políticas implementadas por los países para proteger el empleo formal, cautelar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la economía formal e informal y proteger al sector productivo.
El documento destaca que la implementación de las políticas para la reactivación requerirá de un fuerte componente de formación y educación en seguridad y salud para los actores del mundo del trabajo.
Para ello son necesarios recursos institucionales y presupuestarios reforzados que garanticen su cumplimiento, y deben incluir buenas prácticas como la puesta en marcha de un protocolo de salud y seguridad en el trabajo que incluya inducción al personal, la adopción de horarios de entrada y salida desfasados para evitar aglomeraciones, rutinas de desinfección y sistema de lavado de manos, uso obligatorio de mascarillas, y un protocolo en caso de que algún trabajador presente síntomas.
Asimismo, agrega que de prolongarse la crisis por más tiempo, será necesario una nueva ronda de medidas, orientadas tanto a proteger empleo e ingresos de trabajadores y limitar impacto en las empresas, con un foco especial en grupos vulnerables.
Junto al aumento de la desocupación, se espera un marcado deterioro de la calidad del empleo, indica el informe. El trabajo informal es la fuente de ingresos de muchos hogares de América Latina y el Caribe, donde la tasa media de informalidad es de aproximadamente un 54%, según estimaciones de la OIT, situación que afecta a los grupos más vulnerables.
En tanto, según cálculos de la OIT la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las medidas de confinamiento provocan una pérdida de alrededor del 10,3% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año, lo que equivale a 31 millones de empleos a tiempo completo (suponiendo una jornada de 40 horas semanales).
Esta situación afectará negativamente la dinámica de la pobreza y la desigualdad y el logro de los compromisos de la Agenda 2030, agregan los organismos de la ONU.
La CEPAL estima que para el 2020 la tasa de pobreza aumentaría hasta 4,4 puntos porcentuales y la pobreza extrema 2,6 puntos porcentuales con respecto a 2019. Esto implica que la pobreza alcanzaría entonces a 34,7% de la población latinoamericana (214,7 millones de personas) y la pobreza extrema a 13% (83,4 millones de personas). También se espera un aumento de la desigualdad en todos los países de la región.
Más allá de la pobreza, grandes grupos de población viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales.
El informe reitera que es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como lo señala la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Asimismo, en paralelo a las políticas laborales se requiere un sistema de protección social basado en un enfoque de derechos, sensible a las diferencias, con políticas universales, redistributivas y solidarias.
México deberá reconstruir su tejido social y productivo con una visión y estrategia integral: el peso de la crisis es considerable para un mercado laboral esencialmente informal y para una composición empresarial en donde el 94% de las unidades económicas son micronegocios y el 50% del crecimiento económico depende de las grandes empresas (el 0.22% del total).
Es necesario establecer estrategias que permitan dar respuesta a las necesidades de empleo, alimento, seguridad social, inversión, seguridad, productividad, competitividad y desarrollo que la sociedad y empresas mexicanas tienen, tanto de forma estructural como por los efectos originados por la contingencia del COVID-19.
Únicamente un aumento en la inversión revertirá la caída en el crecimiento y capacidad potencial. El daño es estructural y el mecanismo para revertirlo se encuentra en la inversión y el financiamiento orientado a los sectores estratégicos que pueden impulsar crecimiento, empleo y encadenamientos productivos de forma rápida y vigorosa.
Toda recesión precariza y erosiona la disponibilidad de recursos tanto para la sociedad como para las empresas y el propio gobierno. México lo conoce por su experiencia de crisis recurrentes en los últimos 40 años. Por ello debe buscar nuevos caminos para hacer frente a este nuevo desafío: el desarrollo industrial es el único que ha probado tener éxito en la historia contemporánea del mundo y al que México ha renunciado durante las últimas 4 décadas.
