Amada por los obreros, odiada por los empresarios y gobernadores, la abogada laborista Susana Prieto que ha puesto en jaque en los últimos años al sector laboral en el norte del país, se declaró perseguida política en México, tras su arresto el pasado a principios de junio.
Los hechos ocurrieron en Matamoros, Tamaulipas donde la detuvieron por acusaciones de motín, amenazas, coacción de delitos cometidos contra servidores públicos, en agravio de “la sociedad y la Junta Especial número 6 de Conciliación y Arbitraje (JLCA)” en la entidad.
El titular de la Fiscalía General de Tamaulipas, Irving Barrios, detalló las causas que originaron su detención datan del 10 de marzo, cuando la abogada instigó a un grupo de 400 trabajadores para que irrumpieran en la sede de la JLCA y amagaran con hacer pintas y destrozos, si no se determinaba en ese momento su salida del Sindicato de Trabajadores de Plantas Maquiladoras y Ensambladoras para unirse al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias de Servicios, conocidos como el Movimiento 20/32, en el cuál ella es la representante legal y que se creó el año pasado tras un importante paro en maquiladoras de la zona fronteriza.
“Esta guerra tiene nombre y apellido, he denunciado que esta persecusión política está gestada desde la industria maquiladora. Mi detención fue arbitraria y se planificó entre los gobiernos de Tamaulipas y Chihuahua para beneficiar a los empresarios de la industria maquiladora en Matamoros, porque desde septiembre de 2019 empecé a pelear 80 titularidades de contratos colectivos de trabajo en contra de la CTM”, declaró la abogada tras salir de prisión el 1 de julio para continuar su proceso judicial en libertad pero “exiliada”.
La jueza de control Rosalía Gómez Guerra, juez de control, condicionó la libertad preventiva a abandonar Tamaulipas y permanecer en Chihuahua, de donde es originaria y no viajar al extranjero, todo durante dos y medio, además de pagar 66 mil pesos en reparación del daño a cinco personas afectadas.
Prieto señaló directamente al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de proteger a los empresarios de cara al proceso electoral que se vivirá en la entidad para la renovación de presidentes municipales, además de retrasar los procesos legales para libertad sindical.
Compartió su experiencia al interior del penal de Tamatlán, considerado como uno de los más abandonados del país y pronto a cerrarse, ubicado en Ciudad Victoria, donde estuvo 24 días.
“Salí devastada de los 24 días que estuve apresada. Temía que me fueran a matar. No me mandaron con la población general. No tenía ni celadores que me cuidarán después de las 10 de la noche. El compañero de celda era un hombre acusado de violación”, recordó.
Mientras ella estuvo detenida, su familia, seguidores y equipo legal realizaron manifestaciones en Matamoros y en la Ciudad de México, donde acudieron a Palacio Nacional en busca de audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La visita a la capital del país sirvió también para que se reunieran con la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra y después de cinco años de solicitarlo se activaron los mecanismos de protección como activista social en lo que viola el derecho al ejercicio libre de la profesión, pero no al libre tránsito ni la substanciación del procedimiento.
Detención viola acuerdos del T-MEC
La detención y liberación de la abogada ocurrió en el marco de la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que a simple vista no tendría nada que ver con una persona, pero a decir de congresistas estadounidenses, puso en evidencia que en nuestro país no se protegen los derechos laborales de los trabajadores.
Encabezados por el demócrata Bill Pascrell, un grupo de 60 legisladores del país vecino envió una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, para que intercediera y de ser necesario el tema se incluyera en la reunión que sostuvieron los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador el pasado 8 de julio en la Casa Blanca.
Por otro lado, circularon hipótesis en torno a que empresas estadounidenses presionaron a las autoridades mexicanas para ponerle un alto a la abogada que moviliza a los obreros y pone en riesgo la operación de maquiladoras transnacionales.
Al respecto, el mandatario mexicano descartó que el gobierno estadounidense hubiera intervenido en la detención de la abogada y activista Susana Prieto. Durante una de sus conferencias mañaneras dijo que el tema era un “conflicto local”.
“No se puede inventar, no se puede fabricar delitos, a nadie, no puede haber represalias a nadie, di instrucciones que se analizar esta situación y que se evitara una arbitrariedad”, expuso AMLO.
Sobre el tema, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social exhortó a la Fiscalía y al Poder Judicial del estado de Tamaulipas para que cumplir puntualmente con el debido proceso en el juicio que motivó la detención de la abogada Prieto Terrazas.
“Ello implica que se garantice su derecho constitucional a la debida defensa y se actúe con absoluta imparcialidad, evitando que la procuración y administración de justicia sea motivo o justificación para penalizar el activismo social o los movimientos por la defensa de los derechos de los trabajadores”, indicó la dependencia en un comunicado en el que refiere que los delitos por los que la acusan “la ley no establece prisión preventiva oficiosa”.
Ante las posturas del presidente, la STPS y los congresistas estadounidenses, el equipo legal de la abogada reforzó su nueva vía de defensa: violación al T-MEC en términos laborales.
“Voy a llevar hasta las últimas consecuencias este asunto. Mi caso es la primera violación al T-MEC conocida y pública porque saben que esta persecución política es para violar los derechos de libertad y democratización de los trabajadores”, dijo Trejo.
Por ello, en cuanto se instale la comisión trilateral que atenderá las controversias que ocurran en la relación comercial, interpondrá una queja internacional por la violación apartado 23 del acuerdo comercial referente a la libertad sindical.
En tanto, el Colegio de Abogados Laboristas de Guerrero pidió a los gobernadores de los estados no criminalizar el ejercicio de la profesión pues con lo ocurrido se vulnera la actividad de los demás litigantes en el país.
Empresarios, la mano que mece la cuna
Los empresarios señalados por orquestar la detención de la abogada se defendieron y reiteraron las acusaciones en su contra por orquestar paros y movilizaciones ilegales en las plantillas laborales de la zona fronteriza.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación A.C. (INDEX)
Indicaron que a principios de 2019 Matamoros “convulsionó” ante la cascada de conflictos laborales y paro de plantas industriales, conocidos en el argot laboral como “paros locos”,
encabezados por grupos de choque que comandó personalmente la abogada.
Los representantes de la iniciativa privada aseguraron que respetan los derechos sindicales y la libertad de los trabajadores a organizarse.
“Estamos a favor del diálogo social entre el gobierno, trabajadores y patrones, y rechazamos enérgicamente la permisividad de la injerencia extranjera en asuntos nacionales de carácter laboral”, concluyó el posicionamiento firmado por Luis Alonso Aguirre, presidente de Index, José Enoch Castellanos, Presidente de Canacintra y Gustavo de Hoyos, líder nacional de Coparmex.
Movimiento 20/32
Susana Prieto se convirtió en un personaje de intrerés, en todos los sentidos, desde finales del 2018 cuando organizó el movimiento de obreros maquiladores en Matamoros, el llamado 20/32, que derivó en la creación del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias de Servicios.
Todo inició con el decreto federal de beneficios fiscales y aumento al salario mínimo en la frontera anunciado por el Gobierno Federal el 17 de diciembre de 2018 y su entrada en vigor el 1 de enero de 2019.
Según los empresarios, la determinación fue tierra fértil para explotar una cláusula contractual exclusiva de la ciudad de Matamoros que obligaba no sólo a duplicar el salario a quienes percibían el mínimo, sino a duplicar el resto de todos los sueldos y salarios contractuales condenando a las empresas a la quiebra al escalar su costo de personal.
Asesorados por la abogada, los obreros de maquilas exigieron un aumento del 20 por ciento al salario y un bono de 32 mil pesos, que algunas empresas pudieron negociar y pagar a sus empleados (los cuales despedían después).
A la par, entró entraron en vigor las reformas a la Ley Federal del Trabajo que prometía libertad sindical a los trabajadores, por lo que el Movimiento 20/32 mutó y se convirtió en sindicato.
“El movimiento 20/32 es sumamente importante porque, aunque eran secretos a voces, los abusos de los sindicatos han quedado expuestos de una manera sin precedente, exhibiendo las condiciones de los contratos colectivos de trabajo”, aseguró Prieto.
Desde la toma de nota el año pasado a hoy, el sindicado 20/32 pelea la titularidad de 80 contratos colectivos de trabajo en el norte del país y continúa con la intención de extender su presencia en todo el país.
Dudoso patrimonio
Además de señalar a la abogada laboral por organizar a los obreros, ha sido expuesta y cuestionada por su patrimonio, pues asegura apoyar a los obreros de forma voluntaria y como parte de su activismo social.
Según medios fronterizos, es propietaria de un inmueble en El Paso, Texas, con valor de 400 mil dólares, incluso es ciudadana estadounidense, lo cual justifica que realizó por motivos de seguridad ya que su esposo es médico y en el norte del país hace muchos años hubo una ola de secuestros contra ellos.
También es propietaria de las empresas Criter & Mali, LLC, Mafer & Luifran, ambas ubicadas en El Paso, frontera con Chihuahua.
