Despidos injustificados, contratos con duración definida de un mes sin seguridad social ni prestaciones y con una carga de trabajo que les significa jornadas laborales de hasta once horas diarias, es como trabajan día a día los cerca de dos mil trabajadores por honorarios inscritos a la nómina del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México.
Durante una conferencia que ofreciera José Ramón Amieva, Jefe de gobierno de la ciudad de México, el pasado seis de agosto, y ante el presidente del DIF, Gustavo Gamaliel, fue que Iván Escamilla, un ex trabajador que se vio alcanzado por las vejaciones laborales al ser despedido injustificadamente, alzó su voz dando a conocer a la opinión pública la situación laboral que enfrentan los trabajadores por honorarios de esta dependencia. El incidente fue difundido por medios como El Universal, MVS y algún periódico independiente.
Ese mismo día y ante la presencia de defensores de derechos humanos, las autoridades mantuvieron con Iván Escamilla y sus compañeros Luis Fernández y Angélica Hernández una mesa de diálogo, que pretendía analizar la reinstalación de quienes fueron despedidos a su puesto de trabajo.
En el encuentro se planteó si la reinserción de Iván y sus dos compañeros, quienes trabajan en un nuevo programa social que pretende evitar la permanencia de indigentes en las calles. Sin embargo, en este primer intento de solución al problema laboral a los trabajadores se les dio la opción de recuperar su puesto a sabiendas de que eso implicaría el despido de tres personas más Esto es, las autoridades les ofrecían prescindir de tres elementos que laboraran en la dependencia para que ellos pudieran tomar sus plazas.
Ante la negativa de los involucrados, a las autoridades no les quedó más que devolverles sus puesto de trabajo sin que este hecho involucrara el despido de alguien más, lo que significó una victoria para el grupo de trabajadores que se ha consolidado para defender los derechos laborales propios y de sus compañeros, pues a pesar de que existe un sindicato que ve y ampara los derechos de los trabajadores del DIF, éste se limita únicamente a la defensa de los basificados.
Sandra, una trabajadora de la dependencia que pidió el anonimato por las represalias que viven en su empleo, explica a RS un poco de lo qué es ser trabajador por honorarios en el DIF:
“Para los que salimos a las calles, no se nos ofrece ningún tipo de seguridad, existe un caso de un compañero que fue apuñalado en una zona de alta peligrosidad, y ni siquiera contamos con una pensión que nos respalde ante una situación así. Estamos completamente desamparados, nada nos respaldan ni las autoridades ni el contrato que firmamos”.
Sus palabras detallan la realidad laboral que enfrentan los empleados del DIF a manos de sus jefes, que además de hostigarlos en sus centros de trabajo los envían a desempeñar labores de alto riesgo sin los mínimos protocolos de seguridad, agregando problema de salud por el estrés que envuelve su función. Nada de esto es considerado por las autoridades.
Sandra asegura que esta organización de trabajadores busca que empleados de otras dependencias capitalinas que se encuentren en igual situación, se sumen a la causa de la defensa laboral de quienes no son considerados por los sindicatos, y han creado su propia página web para difundir su mensaje.
Añade que esta situación de abusos lleva más de treinta años y aunque ha sido un secreto a voces la contratación de personal sin prestación alguna se agudizó con el auge y legalización de las outsourcings, por lo que la lucha apenas empieza.