En pie de lucha

Los carteles inmobiliarios

Desde hace mucho se sabía que el Gobierno de la Ciudad de México armaba varias carpetas en contra del jefe del PAN en la capital, Jorge Romero Herrera, a quien señalan como la cabeza de un presunto Cartel Inmobiliario que opera en la alcaldía Benito Juárez.

Los datos, en poder del equipo de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, serían usado en el momento propicio, a fin de atacar políticamente a ese partido y despojarlo de la alcaldía que ha gobernado durante 22 años, y que es su bastión en la capital del país.

Decían que los panistas no estaban dormidos en sus laureles y, como ya esperaban el ataque, comenzaron a preparar con su equipo de abogados una respuesta legal a las acusaciones, pues según ellos no había de qué preocuparse.

Pero no contaban con que Godoy Ramos iba a empezar a desmenuzar el asunto cortando el hilo por lo más delgado, que son los colaboradores de Romero Herrera en su paso como jefe delegacional en Benito Juárez, entre 2012 y 2015.

Fue así como a principio de mes detuvieron a Luis Vizcaíno Carmona, que fue director general Jurídico y de Gobierno con él, pero también con su sucesor, Christian von Roerich, actual coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México.

Los sabuesos de Ernestina buscan también a Nicias René Aridjiz Vázquez, ex director de Obras de esa demarcación, a quien las autoridades señala como uno los principales operadores de los panistas en los supuestos negocios oscuros con desarrolladores inmobiliarios.

Según la Fiscalía, los funcionarios delegaciones conseguían permisos para que los constructores hicieran edificios de departamentos en terrenos donde no se permitían inmuebles de más de cuatro pisos.

A cambio de esas licencias, los acusados exigían jugosas comisiones, además de la entrega de lujosos departamentos para ellos y para sus jefes.

Aunque al parecer no hay pruebas sólidas en contra de Romero Herrera y sus coequiperos, el hecho de que hayan arrestado a uno de sus principales ex colaboradores tiene preocupado al grupo, pues la cárcel es difícil y lo pueden convencer de “cantar”.

Quienes conocen esos lugares aseguran que no pasa mucho tiempo para que hasta el más valiente se doble. Si Vizcaíno Carmona habla, a cambio de que las autoridades sean benévolas con él , seguramente meterá en problemas a sus jefes.

Y quizá no se les puedan comprobar las transas, pero el quemón mediático nadie se los quitará y eso debilitaría ante la opinión pública la alianza electoral que el PAN busca hacer con el PRI y el PRD para ir juntos en la CDMX dentro de dos años.

Esa es la verdadera intención del gobierno de Morena, evitar que la oposición vaya unida contra ellos, pues saben que si eso sucede, la 4-T sería derrotada y eso no lo pueden permitir.

Junto con Romero Herrera, tienen en la mira al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea; al dirigente local del PAN, Andrés Atayde Rubio; al diputado federal Luis Mendoza; al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, y al propio diputado Von Roerich.

El golpeteo está durísimo contra ellos, lo que los ha obligado a instalar un cuarto de guerra para elaborar una estrategia de control de daños, y contraatacar, pues los panistas no están mancos.

Por lo pronto, ya salieron al aire algunas denuncias contra el ex alcalde de Morena en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, al que señalan como cabeza de un Cartel Inmobiliario en esa demarcación, que con el que hizo también transas con licencias de construcción.

Aunque parezca menor, este tema puede golpear a la propia Claudia Sheinbaum, pues desde el año pasado lo tiene en su nómina como uno de sus principales asesores, y si estalla el escándalo puede salir manchada en sus aspiraciones presidenciales.

Y es que Romo Guerra no ha estado exento de señalamientos por supuestas extorsiones a empresas inmobiliarias y a empresarios de todo tipo, a los que el ex alcalde supuestamente les ha quedado mal en las dos ocasiones que ha gobernado Miguel Hidalgo.

Si la jefa de Gobierno presume de no utilizar las instituciones del Estado para venganzas políticas, tendría que separar de su cargo al ex alcalde y pedir a la Fiscalía que le abra una investigación judicial, igual a la del clan del PAN.

Independientemente de cómo termine este asunto, está claro que la ciudad está invadida no sólo de carteles de droga, sino de carteles inmobiliarios, que saldrán a la luz en la medida que se acerca el proceso electoral de 2024.

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