Trabajadores de la industria de la producción, distribución y venta de ropa, calzado y accesorios padecen serios problemas de precariedad laboral en México.
Pese a ser un sector cuyos productos van de precios medios a elevados y la inversión de las marcas en publicidad es elevada y de alto impacto para el consumidor, quienes producen las prendas reciben trato y compensación económica muy baja.
Se estima que en el país alrededor de 350 mil unidades económicas que van desde fábricas, distribuidoras, maquiladoras, tiendas y hasta emprendimientos, en los que se emplea un millón 18 mil trabajadores dedicados al sector que reciben salarios insuficientes, siquiera, para la manutención de una familia de 3 integrantes, así lo denunció la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
En el “Reporte Especial sobre Condiciones Laborales y Derecho al Trabajo Digno en la Industria de la Moda en México”, señalan que la más de la mitad de los empleados son mujeres cuya remuneración es baja e inconstante.
Las jornadas laborales en promedio son excesivas con más de 48 horas a la semana y algunos que llegan hasta 56 horas a la semana; y aún así, el salario recibido no les permite adquirir productos de consumo básico.
Los esquemas de contratación también representan una violación a los derechos laborales ya que al menos 629 mil personas es bajo la modalidad de outsourcing con “patrones sustitutos para evadir el cumplimiento de derechos laborales”, sostuvo la organización en un estudio elaborado sobre el tema.
En su mayoría, los empleos ofrecidos en subcontratación se centran en la venta al público de los productos relacionados con la moda, tanto textiles como accesorios y calzado.
Un ejemplo son las personas que en supermercados o tiendas departamentales ofrecen ropa de ciertas marcas, se encargan de colocar en estantes las prendas y hasta armar los stands promocionales.
El pago que reciben es por hora trabajada, muchas de ellas en fin de semana, estando de pie casi todo el tiempo, sin prestaciones y sin apoyo en caso de incapacidad médica. Entre los ganchos para aceptar las raquíticas condiciones de trabajo está la comisión por venta lo que deben de redoblar esfuerzos para conseguir que los clientes adquieran los productos.
Según la medición de la organización el 85 por ciento del personal subcontratado se desempeña en supermercados, el 52 por ciento en tiendas departamentales. Muchos de ellos solo en temporadas de altas ventas, perdiendo el empleo muchos meses al año. Dicho personal bajo el esquema de outsourcing representa el 60 por ciento del total en la industria.
“Este tipo de contratación abusiva impacta en la estabilidad laboral, el reparto de utilidades, impide los contratos colectivos y a veces hasta obligan a firmar la renuncia por anticipado”, acusa el reporte.
Maquila y autoempleo en la moda
Los artículos relacionados con la moda no solo son de marcas reconocidas, también están los emprendimientos como talleres caseros o comercios atendidos por una persona o la familia, en los que muchas personas apuestan como un ingreso familiar directo, pero que también es inestable y de baja escalabilidad.
Se estima que alrededor de 389 mil personas trabajan en esta modalidad sin recibir un salario ya que el pago por los servicios que realizan se va directamente a cubrir los gastos en casa. Otro dato alarmante es que el 65 por ciento de estas personas son mujeres lo que recrudece la discriminación laboral que padecen en otras áreas.
Otra vertiente son las maquilas, que de manera formal e informal son un apoyo importante para la producción de las grandes empresas, pero en éstas el problema laboral que padecen es la tardanza en el pago a micro y pequeñas empresas con plazos de 30, 90 y hasta 180 días después de recibir el producto, lo que atrasa pagos y deja a muchos en la precariedad,
La propuesta de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza consiste en establecer un plazo máximo de siete días para el pago por parte de las grandes empresas a sus pequeñas o micro maquiladoras, lo que ayudará a la rentabilidad y productividad.
“También puede contribuir a la mejora de condiciones laborales en las micro y pequeñas unidades, si se establecen acuerdos de corresponsabilidad, donde el pago oportuno redunde en mejores salarios, prestaciones y cumplimiento de obligaciones de ley”, indicaron.
Precariedad que viola derechos laborales
En el año 2021, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía (INEGI) contabilizó dos millones 821 mil personas ocupadas en las ramas vinculadas a la industria de la moda. De ellas 957 mil corresponden al sector manufacturero, 1 millón 19 mil corresponden al sector de comercio al mayoreo y menudeo, y 845 mil a las cadenas de tiendas departamentales y supermercados.
“El 17 por ciento de la población ocupada en la industria de la moda en realidad está subocupada. Esto es, 475 mil personas trabajan “a medias”, menos horas de la jornada laboral normal y de las que necesitan. Es decir, trabajan a medias, pero no por decisión o necesidad, sino porque no consiguen trabajos de tiempo completo”, señala el documento.
La precariedad que padecen los trabajadores de la moda también se manifiesta en la nula representación sindical, lo que los deja en indefensión ante violaciones a sus derechos laborales.
“Casi el total de trabajadores, el 94 por ciento de los trabajadores carecen de afiliación sindical, lo que representa 1 millón 780 mil personas asalariadas, sin condiciones de negociación colectiva y defensa organizada de sus derechos laborales”, añadió la organización.
El reporte destaca las luchas del sector textil contribuyeron a plasmar la avanzada versión del derecho al trabajo en nuestra constitución con 39 huelgas y paros de trabajadores y trabajadoras de la industria textil en 1906 y 1907, de las cuales la más conocida es la huelga de Río Blanco de 1907, que terminó en una masacre, dieron la pauta para el texto del art. 123 de la Constitución. De ahí en adelante, la actividad sindical ha sido mínima.
El reporte exhorta a empresas y trabajadores a buscar creativamente la manera para impulsar la organización del personal y su participación democrática y libre en los procesos de negociación de condiciones laborales.
“Con este propósito, hay que erradicar el uso de “sindicatos” patronales, fantasma y contratos colectivos de protección. Son contrarios a la ley conforme a la reforma laboral y son una abierta violación de normas inherentes al derecho al trabajo digno”, apuntan.
Piden subir sueldos
El estudio de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza detona en un llamado a las empresas del ramo para reconsiderar los salarios que pagan a sus trabajadores contemplando que debe alcanzar para adquirir al menos dos canastas básicas, lo que significa alrededor de 8 mil 100 pesos mensuales.
A su vez, exhortó al gobierno para verificar las condiciones de contratación en las empresas donde se produce, distribuye y venden productos relacionados con la moda, ante las denuncias y evidencias de que persiste la subcontratación.
“La industria de la moda a nivel global y particularmente en México tiene margen para mejorar las remuneraciones y las condiciones laborales, sin afectar la estabilidad de las empresas”, aseguró.
En México, el censo económico 2019 estima que en el país operan 350 mil unidades económicas vinculadas a la industria de la moda, en las que se genera alrededor de 2 billones de pesos anuales. De ese total, las remuneraciones a los trabajadores representan únicamente el 5 por ciento del gasto operativo total y el 4 por ciento de los ingresos totales.
“La publicidad de la industria de la moda ofrece “status social”, pero incumple con estándares mínimos en sus condiciones laborales. De hecho, la industria de la moda invierte seis veces más en publicidad que en prestaciones laborales. Y cuatro veces más que en reparto de utilidades” reveló la organización.
Respaldaron su propuesta en el valor histórico que la moda tiene en cuanto a los derechos laborales ante la lucha de muchas organizaciones siendo el más representativo es el sindicato de costureras, que surgió entre los escombros de los edificios derrumbados en San Antonio Abad, por el sismo del 19 de septiembre de 1985, en donde decenas de mujeres que trabajaban en la maquila de textiles no pudieron salir de las instalaciones donde se encontraban trabajando bajo condiciones precarias, lo que les quitó la vida.
Las denuncias han alcanzado importantes marcas de ropa y calzado deportivo por abusos laborales, el uso de trabajo infantil, talleres de trabajo casi esclavo y salarios de hambre especialmente en el sudeste asiático, como la ocurrida recientemente contra la empresa Shein cuyas condiciones de trabajo forzado y promovidas fueroon exhibidas en redes sociales.
“Por esa tragedia, la sociedad descubrió con indignación las condiciones laborales de este sector, trabajando en condiciones laborales precarias, sin salario fijo, sin contrato, sin seguridad social. Y aún así, en la actualidad solo 4 de cada 100 trabajadoras de la industria de la moda son parte de una organización sindical”, señala el documento.
Otra denuncia contra la industria de la moda se refiere al daño ambiental que está cometiendo la industria y que ha resultado de mayor interés para atender por parte de las empresas.
Con base al Índice Vogue Business y varias investigaciones consultadas por la organización, “las marcas están adoptando más metas ambientales que compromisos con los derechos laborales, aunque esta sea una demanda creciente del público consumidor. Eso es especialmente preocupante ahora (después de la pandemia). Los consumidores quieren mayor transparencia en derechos laborales. La moda se está quedando atrás”, advirtieron.
Iniciativa Arropa
Los datos expuestos en el estudio de la organización se alinean con la Iniciativa Arropa en la que más de 30 organizaciones civiles promueven derechos laborales en la industria dedicada a la indumentaria.
Las propuestas concretas de las organizaciones se centran en pedir a la autoridad la verificación de las condiciones de contratación para erradicar lo que aún queda del outsourcing; incrementar los salarios más bajos de los trabajadores para que al menos sean de 8 mil 100 pesos al mes, así como cumplir con la afiliacón obligatoria de los empleados al IMSS, estabilidad laboral, abolir el trabajo infantil, impulsar la representación sindical y asumir medidas de inclusión económica sin discriminación para jóvenes y mujeres.
“Hay que mejorar las remuneraciones, del conjunto de su personal, y sobre todo de quienes ganan menos. El incremento en remuneraciones debe ser equitativo. Inversamente proporcional al salario: incrementar más y más rápido las remuneraciones más bajas”, proponen.
Piden también diseñar planes de mejora laboral vinculados a la productividad, rendimiento y otros factores que generen una dinámica positiva de colaboración, entre los que destaca la inclusión de prestaciones que posibiliten la mejora de la calidad de vida con temas sencillos con horarios flexibles, dado que la mayor parte del recurso humano son mujeres y tengan la posibilidad de atender a su familia, especialmente hijos, o hasta tener otro empleo; y eliminar los llamados “días económicos” que son permisos con goce de sueldo en los que el trabajador puede faltar.
